Activistas evalúan demanda para frenar reglamento sobre “carga pública” contra inmigrantes pobres

Los activistas insistieron en que la propuesta aún no está en vigor y los inmigrantes que son elegibles para beneficios públicos deben solicitarlos
Activistas evalúan demanda para frenar reglamento sobre “carga pública” contra inmigrantes pobres
La economía ha obligado a miles de personas a recurrir a la asistencia social, y la Administración quiere usar la pobreza como arma contra los inmigrantes legales.
Foto: Archivo / AP

WASHINGTON— Activistas de grupos cívicos y pro-inmigrantes condenaron este domingo una propuesta de la Administración Trump que castigaría a inmigrantes que soliciten la residencia permanente u otras visas si reciben beneficios públicos, y prometieron posible litigio para frenarla.

A 44 días de los comicios legislativos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió anoche una propuesta  que amplía la definición de “carga pública”, una norma con la que el gobierno puede negar la “tarjeta verde” u otros ajustes migratorios a personas que reciben ayuda pública.

Aunque versiones anteriores desde 2017 eran más radicales, la propuesta de 447 páginas afectará a centenares de miles de personas, incluyendo familias con hijos nacidos en EEUU y que dependen de la beneficencia pública para su sustento.

Durante una conferencia telefónica, los activistas afirmaron hoy que la propuesta –impulsada ante la inacción del Congreso por restringir la inmigración legal- no es más que una guerra contra inmigrantes de bajos recursos, que obligaría a familias a escoger entre su sustento y su permanencia legal en el país.

“Tenemos mucho que hacer para asegurar que la frenamos o mitigamos el daño” que tendrá, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), quien acusó a la Administración de usar a los inmigrantes como “chivos expiatorios” para azuzar a su base.

Por su parte, Olivia Golden, directora ejecutiva del “Centro para Política Legal y Social” (CLASP), dijo que la propuesta provocará que haya “más hambre, más enfermedades, y más pobreza” entre las comunidades de bajos recursos, y “contraviene los valores” del país.

 Una “prueba de riqueza”

La política de “carga pública” se remonta a 1882 y ha sido parte del proceso para la “tarjeta verde” durante décadas, para determinar si el extranjero tiene los medios para mantenerse financieramente a largo plazo.

Lo nuevo de la propuesta es que amplía la definición de los beneficios públicos que afectarían ciertos trámites migratorios, incluyendo visas laborales o de reunificación familiar.

De implementarse, la propuesta perjudicaría a personas que soliciten la residencia permanente u otras visas si reciben ayuda de programas como “Medicaid”, cupones de comida del programa de “Asistencia Nutricional Suplementaria” (SNAP), subsidios de vivienda bajo la “sección 8”, y cobertura de medicamentos bajo “Medicare”.

También impondría nuevos topes de ingreso familiar, por encima de la línea de la pobreza, que afectarían en particular a extranjeros de bajos recursos. Así, por ejemplo, una familia de cuatro personas tendría que ganar más de $62,000 al año para no ser considerada una “carga pública”, explicó Golden.

Aunque la propuesta no afecta a quienes ya tienen su “tarjeta verde”, abundan anécdotas de cómo muchas familias inmigrantes están rechazando beneficios públicos incluso para sus hijos nacidos en EEUU, pese a que son elegibles, por el temor de perder su estatus legal, o de que sus solicitudes sean rechazadas.

Según la Fundación de la Familia Kaiser, uno de cada cuatro niños en EEUU, o cerca de 20 millones, tienen al menos un padre inmigrante. Más de ocho millones de niños nacidos en EEUU de padres inmigrantes reciben subsidios de “Medicaid”, uno de los programas incluidos en la propuesta.

La propuesta “es una peligrosa amenaza para la salud de los niños y familias, y la academia urge a la Administración a que la elimine de inmediato porque millones de niños y familias correrían el riesgo de perder vitales servicios de nutrición salud y vivienda”, dijo Colleen Kraft, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, en inglés).

“El impacto de esto será masivo, y pone a las familias inmigrantes ante un imposible dilema: mantenerse saludables y arriesgarse a la separación, o rechazar estos servicios vitales para mantenerse unidos”, advirtió

El presidente Donald Trump, que acusa a los demócratas de bloquear su pedido del muro fronterizo, dijo la semana pasada que emitirá más medidas migratorias en las próximas semanas.

Campaña para proteger a los inmigrantes

Hincapié reiteró hoy que, mediante la “Campaña para Proteger a Familias Inmigrantes”, decenas de organizaciones cívicas en todo EEUU continuarán educando a las familias inmigrantes sobre sus derechos y presionando al gobierno para que proteja la red de seguridad social de estas familias.

La campaña incluye la coordinación de estrategias y un plan de acción comunitaria, actos de presión ante el Legislativo, y campaña publicitaria dirigida a la opinión pública.

Una vez que la propuesta sea publicada en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”), habrá un período de 60 días para comentarios públicos, seguido por su implementación.  La meta de los activistas es inundar al gobierno con al menos 100,000 comentarios contra la propuesta, dijo Hincapié.

¿Una “guerra en las sombras” contra los inmigrantes?

La nueva propuesta se enmarca en la postura de “línea dura” de la Administración contra la inmigración, mientras exige al Congreso que apruebe la construcción del muro fronterizo y que anule el “Acuerdo Flores” de 1997 para facilitar la detención prolongada de niños inmigrantes con sus padres.

Desde el año pasado, la Administración ha adoptado medidas contra el ingreso de musulmanes, ha desmantelado DACA –aun bajo litigio en los tribunales-, ha criminalizado los cruces ilegales en la frontera, ha restringido el proceso de asilo, y ha reducido el tope anual de refugiados admitidos en el país.

Uno de sus principales asesores políticos, Stephen Miller, es el arquitecto detrás de estas medidas y, según el diario “The Washington Post”,  lo ha hecho al excluir de discusiones privadas en la Casa Blanca a funcionarios “moderados” que pudiesen bloquear sus ideas.

Para Carlos Guevara, un analista político del grupo “UnidoUS” (antes el Concejo Nacional de La Raza, NCLR), el reglamento que la Administración ha venido filtrando en distintas versiones es parte de una “guerra en las sombras” para afianzar el dominio de los blancos en este país.

Guevara destacó recientemente un estudio académico según el cual el ascenso de Trump al poder  se debió en parte a que supo aprovechar el temor y resentimiento de la mayoría blanca ante el incremento poblacional de las minorías étnicas.

Según Guevara, Trump se empecina en “una fantasía retrógrada de que EEUU sea un país más blanco, al tratar de frenar la migración de familias y el programa de lotería de visas”, con el objetivo de bloquear  la entrada al país de inmigrantes latinos, musulmanes y africanos.

La propuesta es otra herramienta de la “agenda anti-inmigrante de Trump”, que se ensaña contra los inmigrantes legales y sus familiares nacidos en EEUU, y pretende medir el valor de las personas por “el tamaño de su billetera y el color de su piel”, pese a que estudios han demostrado que los inmigrantes no son un lastre para la economía estaodunidense, subrayó, por su parte,  Clarissa Martinez-de-Castro, una funcionaria de alto rango en UnidosUS.

Contrario a los argumentos nacionalistas de la Administración, no hay pruebas de que los inmigrantes “roban” empleos o deprimen los salarios de los estadounidenses. De hecho, los hijos de los inmigrantes, es decir los de segunda generación, contribuyen con el pago de impuestos a la estabilidad económica y fiscal de EEUU, a niveles mayores que sus padres o que los estadounidenses.

La Iglesia Católica y otros grupos cívicos y religiosos en todo EEUU,  incluyendo la campaña “Families Belong Together”, también condenaron la propuesta y prevén implicarse en la lucha para bloquearla.