Los Ángeles planea oponerse a nueva regla migratoria sobre ‘carga pública’

Cambio anunciado por Gobierno Federal niega la residencia permanente o ciudadanía a quienes busquen asistencia pública

Las Ciudades Santuario están en la mira de Trump. Joe Raedle/Getty Images

Las Ciudades Santuario están en la mira de Trump. Joe Raedle/Getty Images Crédito: Getty Images

Supervisores del Condado de Los Ángeles planean oponerse hoy martes a una muy criticada propuesta de la administración Trump que negaría la residencia permanente o la ciudadanía a los inmigrantes que usen programas de asistencia pública.

Los miembros de la Junta de Supervisores considerarán y, si lo aprueban, enviarán una carta al Gobierno Federal oponiéndose a la regla propuesta de “carga pública” argumentando que causaría un “daño significativo” al condado y sus residentes.

Lo que está en juego son las llamadas reglas de carga pública que han sido parte del sistema de inmigración, en las que los funcionarios federales consideran si los solicitantes de visas podrían usar asistencia pública o si aquellos que buscan el estatus legal permanente o la ciudadanía lo han aceptado en el pasado.

Pero la administración Trump ha propuesto ampliar la cantidad de programas, y los umbrales financieros de la asistencia, que podrían afectar a dichos solicitantes, lo que generó críticas entre algunos activistas de inmigración.

El condado de Los Ángeles sería el primero en el país en mostrar su oposición a las medidas de ‘carga pública’ anunciadas por la Administración Trump.

“Otra vez, sin respeto por nuestra historia como una nación de inmigrantes y ninguna apreciación por las tremendas contribuciones de los inmigrantes a este país, la Administración de Trump ha lanzado otro ataque contra nuestras comunidades inmigrantes al proponer ampliar la regla de ‘carga pública’. La nueva regla forzaría a inmigrantes quienes no son ciudadanos a elegir entre obtener un estatus migratorio legal o de continuar recibiendo beneficios públicos, tales como asistencia de comida o de vivienda”, dijo la semana pasada la supervisora Hilda L. Solís, quien representa el Distrito 1 que abarca el Este de Los Ángeles y el Valle de San Gabriel.

“Esta regla, si entrara en vigencia, tendría un alcance amplio que desalentará a los inmigrantes de participar en programas importantes públicos para niños, ancianos, y familias, los cuales son miembros de familias de estatus mezclado, en donde uno o más miembros familiares son ciudadanos de los Estados Unidos. Esto es una traición de nuestros valores americanos y afectará negativamente la capacidad del condado de Los Ángeles de proveer servicios importantes a todos los que estamos obligados a servir. California y el Condado de Los Ángeles, con nuestra numerosa y diversa población inmigrante, se encontrarían entre las jurisdicciones más afectadas de la nación”, agregó Solis.

La supervisora recalcó que por el momento nada ha cambiado, ya que la regla sólo se ha anunciado, no ha sido aprobada. Antes de que entre en vigor deberá someterse a un proceso de comentarios públicos por 60 días.

La carta de oposición, si se aprueba, sería parte de una estrategia más amplia del condado para responder a la regla, dicen los supervisores.


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