Editorial: TPS, un instrumento político

Una política humanitaria pasó a ser un instrumento político
Editorial: TPS, un instrumento político
La protección del TPS se otorga dadas las condiciones en el país de origen.
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia/La Opinion

La justicia puso un freno a la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que acoge a cientos de miles de personas de inmigrantes. La decisión del juez Edward Chen congela por el momento una acción que, según se vio en el juicio, fue manipulada desde el más alto nivel como parte de la política antiinmigrante de la administración Trump.

El fallo pone a salvo temporalmente a 1,000 sudaneses acogidos al TPS que debían abandonar el país antes del próximo 2 de noviembre y a cerca de 5,000 nicaragüenses que debían hacer lo mismo para el 19 de enero de 2019. Estos centroamericanos que armaron su vidas en Estados Unidos supuestamente ahora deben regresar a una nación en medio del caos político.

Este último es un ejemplo de cómo una política humanitaria pasó a ser un instrumento político. La documentación presentada en el juicio muestra que el Departamento de Seguridad Interna había decidido en noviembre pasado extender el TPS de los nicaragüenses hasta julio de 2019. Un llamado de la Casa Blanca ordenó que se reduzca a enero del año entrante.

El TPS es un beneficio migratorio otorgado principalmente a extranjeros que se encuentran en los Estados Unidos de países que sufren alguna crisis, desastre o tragedia que dificulta el regreso de visitantes o indocumentados. Los funcionarios de carrera son los que deben establecer la recomendación para extender cada tanto la protección del TPS.

En las pasadas administraciones, la decisión sobre el TPS era tomada con respecto al impacto que tiene el regreso de los beneficiados en su país si las condiciones iniciales para otorgarle todavía estaban presentes, como el impacto de un huracán. Por ejemplo, el efecto que implicaría el regreso de 260,000 salvadoreños a su país tiene el potencial de perjudicar el interés estadounidense de estabilidad regional.

En el juicio se vio la presión de la Casa Blanca para alterar las recomendaciones de los profesionales. En el caso de Haití se insistió a los funcionarios de carrera que pinten un cuadro positivo de una de las naciones más pobres y necesitadas del mundo para poder deportar 58,000 haitianos.

La eliminación del TPS significa que los hijos estadounidenses de aproximadamente 300,000 beneficiados tendrán que elegir entre ir con sus padres a una tierra desconocida para ellos o quedarse solos en el país al que pertenecen. El juez Chen hizo lo correcto al preocuparse por estos menores y determinar que la continuación del TPS no causaba daño al gobierno.

Es más, se puede decir que la prolongación del TPS para los originarios de Sudán, Sudán del Sur, Nicaragua, Haití, El Salvador, Honduras, Siria y Somalia ayuda a los intereses geopolíticos de EEUU. Sin embargo, el antagonismo hacia los inmigrantes, especialmente de los “países de m…” como los define Trump, lo domina todo en la Casa Blanca.