Activistas advierten de supresión de voto de minorías en estados clave para comicios legislativos

Las autoridades estatales tienen control de todo el proceso electoral pero, según activistas, han adoptado leyes y reglamentos que podrían suprimir el voto de las minorías
Activistas advierten de supresión de voto de minorías en estados clave para comicios legislativos
Minorías e inmigrantes pueden influir en las elecciones de noviembre.
Foto: Aurelia Ventura/La Opinión

WASHINGTON— A sólo 14 días de los comicios legislativos, varios estados bajo control republicano han aumentado sus esfuerzos por restringir el acceso de las minorías a las urnas de votación, con el pretexto de prevenir el fraude electoral, advirtieron este martes activistas.

A raíz de un dictamen del Tribunal Supremo en 2013, que eliminó el escrutinio federal de estados con problemas de discriminación en las urnas, estados como Georgia, Dakota del Norte y Kansas, han adoptado nuevas restricciones para suprimir el voto de las minorías, según una investigación de la revista “Mother Jones”.

Esos estados figuran entre los que tienen algunas de las contiendas más reñidas para los comicios del próximo 6 de noviembre, que definirán el control del Congreso.

Muchas de las restricciones son parte de una estrategia republicana por restringir el acceso al voto, tras el dictamen de 2013 del Tribunal Supremo en el caso “Shelby County v. Holder”,  que eliminó el escrutinio federal de distritos electorales con problemas de discriminación de votantes minoritarios, dijo hoy a la cadena de radio pública, NPR,  Ari Berman, periodista y autor del libro “Give Us the Ballot”.

Ya antes del dictamen de 2013, sin embargo, 24 estados adoptaron restricciones en las urnas que van desde exigir cédulas de identidad con fotografía hasta la purga de listas de personas con baja participación electoral.

En el caso de Georgia, por ejemplo, las autoridades estatales han eliminado 214 centros de votación y han reducido el periodo de votación por adelantado, además de hacer una “purga” de hasta el 10% de los votantes inscritos en el estado.

También pusieron en marcha una política que exige que, en el proceso de empadronamiento, el nombre del votante en los formularios sea idéntico al que aparece en otras bases de datos oficiales. De lo contrario, si hay discrepancias en el nombre, ya sea por el uso de diminutivos o nombres abreviados, las autoridades electorales suspenden la solicitud hasta que la persona entregue más información.

En Dakota del Norte, donde vive una alta concentración de nativo-americanos, el gobierno adoptó una ley estatal que exige que el domicilio del votante esté incluido en la cédula de identidad.

Pero muchos nativo-americanos viven en reservas en zonas remotas o rurales, y utilizan apartados postales para recibir su correo. Así, unos 5,000 votantes que no cumplen con el requisito de la cédula de identidad no podrán votar el mes próximo, según explicó Berman.

En Texas, que ya tiene una de las leyes electorales más estrictas en el país, el fiscal general del estado, Ken Paxton, han incrementado este año el enjuiciamiento de personas por presunto fraude electoral

Mientras, cuatro estados, incluyendo Florida, prohíben que personas con condenas carcelarias puedan ejercer el derecho al voto, aún si ya purgaron sus sentencias.

En Florida, la espera para ex presidiarios oscila entre 5 y 7 años antes de que puedan solicitar la restauración plena de su derecho al voto, y eso afecta a 1,6 millones de personas o el 10% de la población estatal.

Grupos cívicos como “MoveOn.org” han lanzado una campaña nacional para exigir la renuncia del secretario de Estado de Georgia y candidato a gobernador, Brian Kemp, a quien responsabilizan por las restricciones electorales en ese estado.

Desde 2012, Kemp ha autorizado, desde su puesto como secretario de Estado estatal, una purga de más de un millón de votantes del registro electoral, compuesto principalmente por minorías, y ha puesto trabas a 53,000 votantes, la mayoría de éstos afroamericanos, indicó “MoveOn.org”.

Varios grupos cívicos, liderados por el “Lawyers´ Committee on Civil Rights”, han entablado  una demanda contra Kemp por considerar que las restricciones electorales violan el “Acta del Derecho al Voto” de 1965, el “Acta de Registro de Votantes” y la Constitución.

El presidente del Caucus Afroamericano del Congreso (CBC),  Cedric L. Richmond, envió recientemente una carta al fiscal general, Jeff Sessions, en la que exigió que el Departamento de Justicia haga respetar el derecho al voto de los afroamericanos, consagrado bajo la 15 enmienda de la Constitución.

No es coincidencia que  Kemp disputará la gobernación con la candidata demócrata, Stacey Abrams, que quiere hacer historia como la primera gobernadora afroamericana en la historia de Georgia, y para lo cual necesitará una alta participación de las minorías, según activistas.

El Partido Demócrata de Georgia también ha denunciado la política adoptada por Kemp, y exige su renuncia, al señalar que hay un claro conflicto de interés porque éste está supervisando el proceso electoral a la vez que se ha postulado al cargo de gobernador.

La Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas se ha sumado a la denuncia de la supresión del voto de las minorías en Georgia, y ha respaldado una demanda contra el gobierno estatal. Como parte de un singular experimento nacional, el grupo también prevé ofrecer servicio de cuidado infantil en centros de votación, mientras los padres de familia emiten su sufragio.

El grupo “VoteRiders” ha emprendido una campaña para educar a los votantes sobre las leyes electorales y ayudarlos a obtener sus cédulas de identidad, además de que estará organizando viajes a los centros de votación.

Otros grupos progresistas en todo el país exigen reformas que, entre otros elementos, permitan la inscripción de votantes el mismo día de las elecciones y restablezcan plenamente el derecho al voto de ex-presidiarios.