En manos del Noveno Circuito, vidas de menores inmigrantes en proceso de deportación
Son condenados porque se presentan a una audiencia de migración sin abogado
En el año fiscal 2015, un total de 39,970 menores no acompañados fueron detenidos en la frontera. Crédito: | (Archivo/El Diario)
La suerte de miles de menores inmigrantes que se defienden y enfrentan a un fiscal solos y sin un abogado ante una corte de inmigración, podría cambiar si este lunes 10 de diciembre, 11 jueces de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones fallan a favor de que no pueden presentarse ante ningún tribunal sin representación legal.
“Estamos muy optimistas. En ningún otro sistema se presenta un menor inmigrante ante una corte de migración sin representación legal”, dijo Talia Inlender, abogada de Public Counsel, una organización que es parte de una demanda que alega que los niños inmigrantes que enfrentan deportación tienen el derecho constitucional a un abogado nombrado por la corte.
El 10 de diciembre, la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones con sede en San Francisco, volverá a escuchar el caso.
Caso genera demanda
La demanda C.J.L.G contra Whitaker está basada en la historia de un muchacho hondureño de 13 años quien escapó con su madre de su país después de que a punta de pistola, fue amenazado de muerte si no se unía a una pandilla.
El menor, cuyo nombre no se ha dado a conocer a los medios de comunicación para proteger su identidad, entró a Estados Unidos de 2014, solo para ser aprehendido por las autoridades de migración.
En 2016, un juez migratorio ordenó deportarlo, aún cuando el muchacho no tenía un abogado que lo representara.
La querella alega que la cláusula del Debido Proceso de la Constitución de Estados Unidos requiere que toda persona reciba audiencias de deportación justas, y que los niños no se pueden defender por sí mismos sin abogado contra los fiscales profesionales del gobierno.
Estamos ante la última parte de un largo proceso legal. Todo comenzó cuando el menor hondureño apeló la orden de deportación y se la negaron. De ahí, sus abogados se fueron a la Corte del Noveno Circuito. Un panel de tres jueces de ese tribunal falló en contra de la apelación a principios de año.
Al volver a apelar ese fallo, se ordenó una revisión a la Corte Estatal, y lo que se logró fue que el pleno de la corte tomara la decisión de retirar el fallo, y anunciaron que volverían a escuchar el caso, esta vez con 11 jueces.
Los demandantes son Public Counsel, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la firma legal K&L Gates, y el Proyecto de Derechos de Inmigrantes Northwest.
A nombre del menor hablará el abogado de la fundación de ACLU en el sur de California, Ahilan Arulanantham.
¿Qué pasaría si los 11 jueces fallan a favor del menor?
Inlender, abogada de Public Counsel, dijo que se eliminaría la orden de deportación en su contra.
La segunda victoria es que se establecería una regla para que ningún menor inmigrante tenga que presentarse en una corte de migración sin representación legal.
“Es muy difícil, miles de menores han sido deportados en ausencia. Estos muchachos están peleando por su vida. Han escapado de sus países por amenazas de muerte en sus países”, indica.
En la actualidad, el menor hondureño objeto de esta demanda tiene 17 años, vive en Los Ángeles y asiste a la secundaria.
“Él está bien. Tiene otro abogado que lo está ayudando con otro alivio migratorio, el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS)”, señaló la abogada Inlender.
El Estatus Especial de Joven Inmigrante permite a los menores de 21 años que han sido abusados, abandonados o descuidados por uno o ambos padres, obtener una tarjeta de residencia permanente.
Los niños que califican para este alivio migratorio tienen que ir a una corte juvenil o familiar estatal para exponer la necesidad de ser protegidos por Estados Unidos, debido a que han sido víctimas de descuido, abuso o abandono en sus países de origen, y no estarían a salvo si regresan.
A partir de este año, la administración Trump hizo cambios a ese programa y dejó por fuera a quienes tienen más de 18 años al momento de la solicitud.
La política migratoria de Cero Tolerancia del presidente Trump, que separó en la frontera hasta 2,000 niños de sus padres, ha hecho que aún menores de tres años se presenten solos sin abogado en una corte de migración.
