Procurador de Los Ángeles acusa a cuatro por fraude migratorio

Otro de los acusados supuestamente explotó a un jornalero a quien no le pagó por su trabajo y luego lo amenazó con la deportación

Un grupo de abogados alertaron acerca de los fraudes que se cometen en trámites migratorios a través de notarios. (ARchivo)

Un grupo de abogados alertaron acerca de los fraudes que se cometen en trámites migratorios a través de notarios. (ARchivo) Crédito: ARchivo | <copyrite>La Opinión - </copyrite><person>Aurelia Ventura< / person>

El procurador de Los Ángeles anunció hoy que su oficina ha presentado cargos penales contra cuatro personas por fraude migratoria.

Mike Feuer acusa a estas personas de la práctica no autorizada de la ley, robo a gran escala, intimidación de testigos y acoso, y otros violaciones penales.

“Explotar o acosar a algunos de nuestros residentes más vulnerables no será tolerado”, dijo Feuer. “La oficina del procurador de la ciudad no vacilará en tomar medidas contra aquellos que se aprovechan de las personas en base a su estatus migratorio”.

Judith Gil, de 65 años, y su hija Minerva Gil, de 36, ambos residentes de Los Ángeles están acusados de múltiples cargos penales basados en su supuesta operación de un negocio de consultoría de inmigración ilegal que se ha aprovechado de las personas que buscan residencia, asilo, y otras formas de estatus legal en Estados Unidos.

Judith y Minerva Gil son acusadas de supuestamente cobrar a los clientes miles de dólares por servicios mientras les ofrecen información potencialmente falsa y asesoramiento legal no cualificado. La queja criminal contra Judith Gil incluye 17 cargos que van desde el robo mayor y las violaciones del estatuto de consultor de inmigración a la práctica no autorizada de la ley. Minerva Gil ha sido acusada de actuar indebidamente como consultor de inmigración y con la práctica no autorizada de la ley.

Desde el 5 de octubre está prohibido que se haga publicidad usando la
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palabra en español “notario”, a menos que se trate de un abogado
especializado. (Archivo)

En un segundo caso, Eddie Rivas Bonilla, de 54 años y residente de Los Ángeles, ha sido igualmente acusado de actuar indebidamente como consultor de inmigración y con la práctica no autorizada de la ley. Bonilla fue condenado anteriormente por conducta similar por la Procuraduría de la ciudad de Los Ángeles en 2017, y también se alega que violó los términos de la libertad condicional por ese delito.

En otro caso, James Balsamo, de 53 años y residente de Westminster, es acusado de intimidación de testigos y de enviar comunicaciones electrónicas acosando a su antiguo empleado. En 2017, mientras hacía negocios como Tru Way Construction, Balsamo supuestamente contrató a un jornalero latino durante seis días de trabajo en un proyecto de construcción, y posteriormente no pagó sus salarios. Este trabajador presentó un reclamo ante el Departamento de Relaciones Industriales de California, y en última instancia ganó una compensación de $4,917 en salarios y sanciones atrasados.

Después de que Balsamo se enteró de la reclamación de este trabajador, supuestamente envió varios textos amenazantes al teléfono celular de la víctima, que incluía un comentario racial ofensivo. Adicionalmente, Balsamo supuestamente amenazó con que este trabajador fuera arrestado y deportado. Para respaldar esta amenaza, se alega que Balsamo envió a la víctima un mensaje de texto indicando que “Trump vendrá a la ciudad”.

“Las amenazas basadas en la inmigración contra los trabajadores de bajos salarios son particularmente atroces porque benefician a los empleadores sin escrúpulos que están aprovechando deliberadamente a una fuerza de trabajo especialmente vulnerable, socavando la aplicación de la ley laboral para todos los California trabajadores y dificultan que las empresas de California que operan legalmente prosperen”, dijo Julie A. su, comisaria de Trabajo de California.  “El Comisionado de trabajo se compromete a nivelar el campo para todos los californianos al trabajar con la Procuraduría y los fiscales de la ciudad de Los Ángeles en todo el estado para asegurar que toda la fuerza de las protecciones de la ley laboral de California, tanto civiles como criminal, sean utilizados para castigar a empleados que se burlan de la ley”

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