Miembros de la comunidad le tienen más miedo a la policía que a las armas

Autoridades piden más recursos que los ayude a confiscar armas ilegales; la comunidad no está de acuerdo y teme que con más dinero haya más muerte de abuso policial.
Miembros de la comunidad le tienen más miedo a la policía que a las armas
No hay mucha confianza en los departamentos del orden de California.(Aurelia Ventura/La Opinion)
Foto: Aurelia Ventura / Impremedia/La Opinión

Después de que la semana pasada el fiscal de California, Xavier Becerra, anunciará  los resultados de una investigación donde se encontró que en el estado hay más de 23.200 armas de fuego en manos de personas con enfermedades mentales o antecedentes penales, agencias del orden se han unido para solicitar más recursos para removerlas de manos equivocadas.

“Nuestro fiscal general, Xavier Becerra, necesita el apoyo del gobierno local para aumentar los aproximadamente 50 agentes asignados para recuperar armas de las más de 22,000 personas que figuran en el Sistema Armado y Prohibido [APPS]”, dijo Phil Jonas, de la Asociación de Beneficios para Empleados del Sheriff del Condado de San Bernardino (SEBA).

Bajo el sistema APPS, agentes del Departamento de Justicia del estado viajan por el estado quitando las armas de fuego a los criminales y enfermos mentales cuyas armas de fuego les han sido prohibidas.

Los agentes del orden también piden el apoyo a la medida SB 230 (Proyecto de Uso de la Fuerza) que daría más recursos a las autoridades mediante entrenamiento y así pueda disminuir ese problema.

No obstante, hay grupos y personas que se oponen; ellos  dicen que la comunidad puede verse afectada con más muertes a manos de la policía.

Tal es el caso de Christian Escobedo, de 21 años, quien el año pasado recibió cuatro balazos de un agente de la policía de Los Ángeles (LAPD), quien dijo que Escobedo estaba armado.

La madre de Escobedo, Elizabeth Medrano, desmiente esta posibilidad ya que hasta el momento ella asegura que la policía no ha hablado con ella, no le han enseñado los videos de las cámaras de los agentes ni le han confirmado que su hijo tuviera un arma.

Por el otro lado está el caso de David Amaro-Poblano, de 17 años, quien el 24 de febrero fue muerto a tiros afuera de la casa de su tía en la ciudad de Gardena. El estudiante de la secundaria Environmental Chárter fue una víctima inocente, aparentemente a consecuencia de la violencia pandilleril.

Miembros de la comunidad protestan por justicia para Christian Escobedo. (Suministrada)

Su amiga Bailee Fermín, de 17 años, dijo que en su escuela todos los compañeros tratan de regresar a la normalidad, tras el trágico incidente, con el apoyo de maestros y consejeros. Para ella especialmente el dolor es latente.

La senadora Anna Caballero (D-Merced), autora de la medida, dijo que la SB 230 intenta hacer cambios en los estatutos de uso de la fuerza de California, las políticas de las agencias policiales y en el entrenamiento del uso de fuerza para los agentes.

“Esta legislación establecerá por primera vez en la nación requisitos para que las agencias del orden…, participen en capacitaciones que cambiarán fundamentalmente la cultura de la aplicación de la ley”, dijo la senadora Caballero en un comunicado.

En cuanto a los agentes que disparan sin evaluar la escena  inicialmente, los representantes de la ley dijeron que la SB 230 pudiera ayudarlos al ofrecer más entrenamiento.

Haciendo responsables a quienes disparan

El activista de Boyle Heights, Carlos Montes, dijo que no está de acuerdo con la SB 230 porque es ofrecerle más dinero a una agencia como el LAPD que ya cuenta con demasiados fondos del presupuesto de la ciudad.

“Se oye muy bonito pero eso es solo más dinero”, dijo Montes asegurando que una y otra vez las autoridades del este de Los Ángeles han matado a jóvenes de color diciendo que temían por sus vidas.

“Cristian –Escobedo- nunca había sido convicto de nada, no tenía problemas y lo mataron”, dijo Montes, madre de la víctima a manos de la policía.

Desde entonces, Montes y su organización, Centro Community Service Organization (CSO), se han dado a la tarea a protestar frente a la estación Hollenbeck del LAPD, en Boyle Heights, para pedir transparencia en cuanto al caso de Escobedo y otros jóvenes.

Medrano, la madre de Escobedo, dijo que no sabe mucho de la SB 230 pero no cree que más recursos y dinero mejoren el comportamiento de algunos agentes.

“Si el policía que mató a mi hijo tiene siete años de experiencia, él ya debió haber tenido el entrenamiento necesario”, dijo Medrano.

Montes dijo que el entrenamiento está bien, pero también el agente que dispare sin motivo debe enfrentar las consecuencias.

“Ahorita los agentes solo porque piensan que están en peligro van y te matan. Yo digo que solo usen la fuerza letal cuando vean que están en peligro inminente ellos o la comunidad”, dijo Montes.

Carlos Montes (der.) pide transparencia de parte de las agencias del orden. (Suministrada)

Apoyando la AB 392

La Union de Libertades Civiles Americana (ACLU) también se opone a la medida SB 230 diciendo que mantiene el estatus quo y no establece requisitos para los reglamentos de uso de fuerza, solo requiere que los departamentos tengan un reglamento para el uso de uso de fuerza, algo que cada agencia ya tiene.

“Solo provee ambiguas instrucciones, pero no incluye estándares mínimos. Por ejemplo: solicita “guías” para reducir tensiones y controlar situaciones sin especificar cuando los oficiales deben usar estas tácticas o si están obligados a usarlas”, dijo Peter Bibring, director de practicas policiales.

La ACLU encontró que en California la policía mata a más personas cada año que en cualquier otro estado. En el 2017, la policía mató a 172 personas en California. Casi la mitad de estas eran latinas.

La ACLU en su lugar apoya la medida AB 392, mejor conocida como la Ley de California para Salvar Vidas. Este proyecto, presentado por la asambleísta Shirley Weber (D-San Diego), propone que el uso de la fuerza mortal de California esté en línea con las mejores prácticas para evitar tragedias mortales.