“Nos están matando porque nuestros jefes están con el crimen”

Carceleros mexicanos denuncian que los obligan a exigir dinero a los reos

“Nos están matando porque nuestros jefes están con el crimen”
Prisión / EFE
Foto: EFE

MEXICO – Cuando José sacó cuentas del dinero que tuvo que pagar en el reclusorio por su comida, porque le pasaran lista, por tener un colchón y una visita familiar representaba 1000 veces más el monto que robó. En ese tiempo (ya hace un año) pensaba que todo ese dinero era para los custodios.

Había visto en las noticias que sólo en la Ciudad de México éstos se embolsaban por cuotas ilegales alrededor de 16,000 dólares diarios, pero en los últimos días su sorpresa fue mayor al ver en la televisión a uno de los vigilantes que le pedía dinero cuando estaba preso en protesta por los supuestos abusos de sus superiores.

“¡Los jefes de las cárceles son los que se quedan con casi todo!”, dice a este diario.

Las denuncias por parte de los reos sobre abusos al interior de las cárceles tienen muchos años de ser parte de la agenda pública, pero una manifestación reciente en la capital mexicana rompió la conducta cotidiana de los custodios de guardar silencio y salieron a las calles a dar su versión tras 18 asesinatos de compañeros.

Con pancartas y megáfono en mano dijeron que los jefes son quienes les exigen que hagan cobros ilegales a los reos e incluso establecen cuotas mínimas; que los ponen entre la espada y la pared para dar privilegios a delincuentes cabecillas quienes a la vez los amenazan de muerte para que les cumplan sus caprichos y les permitan seguir operando desde dentro de los centros de Readaptación Social.

“Todo esto es por la operación entre bandas criminales, por los nexos que existen entre las mismas autoridades; es una forma de presionar al Gobierno para que puedan darles acceso al control de los penales”, afirmó ante los medios de comunicación el custodio Marco Antonio Rivas.

“Exigimos que se destituyan a los coordinadores de los reclusorios o nos seguirán matando”.

Algunas organizaciones civiles como Reintegra, consideran que una limpieza de este tipo no puede darse sin voluntad política. “Tiene que existir un compromiso de muy arriba, desde la Secretaría de Gobernación, de cambiar la situación, porque la corrupción es institucional”, señaló Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización.

El llamado hace eco para todo el país donde la situación de los custodios incluso llega a ser peor por los bajos salarios (alrededor de 200 dólares mensuales) o porque se enfrentan con criminales de alta peligrosidad (en Sinaloa un grupo de vigilantes se negó a trasladar a José Carlos N. El Cali a un penal federal porque éste no quería y podía enviarlos a matar).

Otro asunto es la sobrepoblación. Desde 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que en el Sistema Penitenciario (integrado por 389 centros penitenciarios), había casi 250,000 internos vigilados por 23,000 guardias divididos en turnos, por lo cual, a cada custodio le correspondería estar atento del “buen comportamiento” de 30.

Una de las recomendaciones reiterativas de la CNDH al gobierno del país es que se deslinde al sistema penitenciario de las secretarías de seguridad pública, ya que las funciones que ambos desarrollan, si bien son complementarias y deben coordinarse como subsistemas que son del Sistema de Justicia Penal, el segundo se encuentra orientado a la prevención del delito y el penitenciario a la reinserción social del individuo.

“Esto no se está cumpliendo”, ha advertido el comisionado Raúl González Pérez.