Frustración ante la nueva política de negar fianzas a solicitantes de asilo

La administración del presidente Trump apretó más fuerte las tuercas a los solicitantes de asilo con un nuevo fallo que determina que aún cuando aprueben su entrevista de miedo creíble a regresar a sus países de origen, no podrán solicitarle a un juez, una fianza para ser liberados. Se trata de un cambio de política que ha provocado enojo y frustración entre los defensores de los inmigrantes quienes han prometido desafiarla ante los tribunales.

En la práctica, la decisión significa que miles de solicitantes de asilo que buscan refugio en los Estados Unidos, tendrán que esperar meses o años bajo detención mientras una corte de migración escucha y decide sus casos.

Esta semana, el nuevo procurador de los Estados Unidos, William Barr anunció que los solicitantes de asilo ya no tendrán derecho a obtener su libertad bajo fianza cuando sus casos están pendientes. Una decisión consistente con la política de Trump de evitar que quienes cruzan la frontera sin documentos puedan vivir libremente en el país mientras sus casos se deciden.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) consideró la decisión anticonstitucional y están planeando demandar.

Antes de esta nueva política, un solicitante de asilo tenía derecho a pedirle a un juez que le aprobara una fianza para salir libre y reunirse con su familia. Pero bajo la nueva regla, tendrán que esperar tras las rejas hasta que su caso sea decidido.

Martín Alonso Duarte, un solicitante de asilo proveniente de Nicaragua, quien salió libre tras el pago de una fianza de 5,000 dólares, calificó la decisión de no permitirles obtener fianza para dejar la detención, como “demasiado lamentable y trágica”.

Dijo que entiende que puede haber inmigrantes que cuenten historias falsas en su afán de conseguir el asilo, pero no es justo que quienes han salido porque tienen historias verdaderamente tristes y traen evidencias, no se les dé la oportunidad de salir con una fianza. “Qué falta de sensibilidad de las autoridades”, dijo.

Y confió que salió harto del racismo y la negatividad que se respira en el Centro de Detención de Puerto Isabel en Texas. Alonso de 36 años, fue apoyado por CLUE para el pago de su fianza y está viviendo en el Valle de San Fernando.

La decisión por escrito del nuevo procurador echa abajo una política de 2005. El nuevo fallo ordena a los jueces de migración, no liberar bajo fianza a los inmigrantes después de establecer el miedo a ser atacados, violentados o hasta muertos en sus países.

“Concluyo que tales inmigrantes permanezcan inelegibles a una fianza, ya sea que hayan llegado a la frontera o arrestados en los Estados Unidos”, señaló Barr. El recién nombrado procurador de la nación tiene la autoridad para echar abajo fallos previos hechos por las cortes de migración.

“Solamente aquellos a quienes el Departamento de Seguridad Nacional les autorice la libertad condicional serán elegibles para salir libres”, ordenó Barr.

Frustración entre defensores

El pastor Guillermo Torres, director de Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (CLUE), una coalición de organizaciones de fe que ha liberado con fianza a entre 15 y 20 solicitantes de asilo del Centro de Detención de Adelanto, consideró la decisión como inmoral, inhumana e injusta.

“Esos funcionarios están desconectados del sufrimiento de los hermanos y hermanas que vienen a buscar asilo a los Estados Unidos”, señaló molesto.

Lo más preocupante de todo, dijo el pastor es que los centros de detención de ICE están plagados de abusos y negligencia médica, y nadie los llama a cuentas.

“Cuando un solicitante de asilo es liberado bajo fianza, se les ve en la cara el sentimiento de la ansiedad, represión y crueldad sufridas”, manifestó.

El fallo de Barr no aplica para niños no acompañados o familias, ya que éstas no pueden ser detenidas por más de 20 días, bajo el acuerdo Flores que establece que los menores deben ponerse bajo custodia en instalaciones que cumplan ciertos estándares de vivienda y cuidado.

La nueva política se da en momentos en que hay un gran rezago de casos en las cortes de migración con más de 855,000, y que cada vez un mayor número de inmigrantes huyen de la pobreza, persecución y la violencia de Honduras, Guatemala y El Salvador en busca de empezar una nueva vida en los Estados Unidos.

De acuerdo a la Oficina de Evaluación de Migración (Executive Office of Immigration Review) en el pasado año fiscal, había 161,000 solicitudes de asilo a las que se han sumado 46,000 de este año.

Demandas en puerta

El fallo de Barr entrará en vigor en 90 días, pero los defensores de los inmigrantes se preparan para entablar acciones legales contra la decisión.

“Este es el último asalto de la administración Trump sobre la gente que huye de la persecución y busca refugio en los Estados Unidos. Nuestra Constitución no permite al gobierno encerrar gente sin un debido proceso básico. Veremos a esta administración en la corte”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes de ACLU.

Trina Realmuto, abogada en funciones del American Immigration Council, dijo que en lugar de cumplir con las órdenes recientes de la Corte que obligan a llevar a cabo audiencias de fianza justas y rápidas para los solicitantes de asilo ante un juez de migración, la administración ha decidido encerrarlos indefinidamente.

“Junto con ACLU, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes Northwest, el American Immigration Council planeamos desafiar la nueva decisión”, señaló.