Los retos de una comunidad migrante, pobre y olvidada

Las familias del barrio Chamizal han estado luchando por un futuro mejor para sus hijos, pero las autoridades no los escuchan

La organización Mujer Obrera junto con vecinos del pueblo formaron el grupo Familias Unidas del Chamizal y se han comprometido con “plantar semillas de conciencia y justicia”. (Cortesía)

La organización Mujer Obrera junto con vecinos del pueblo formaron el grupo Familias Unidas del Chamizal y se han comprometido con “plantar semillas de conciencia y justicia”. (Cortesía) Crédito: Cortesía

El barrio del Chamizal es una comunidad pobre conformada de familias migrantes y está a solo unos metros de la frontera sur de Texas. Últimamente, esta comunidad se encuentra en el centro de una lucha que busca obtener justicia ambiental y fomentar la educación de los niños.

Localizada en la ciudad de El Paso, el Chamizal se ha visto excluida sistemáticamente de la política local y de las decisiones que impactan las vidas de los habitantes de esta zona.

“Nuestras comunidades no se formaron con la idea de ser parte de las decisiones cívicas,” cuenta Hilda Villegas, una residente del barrio Chamizal y activista de Mujer Obrera, un grupo de mujeres trabajadoras que se formó con el fin de luchar por sus derechos.

La organización Mujer Obrera se formó en 1981 y ha estado en el centro de los esfuerzos locales para capacitar a las familias e inculcarles que luchen por sus derechos.

En el barrio Chamizal los jóvenes también protestas y participan en las luchas sociales. (Cortesía)

“La ciudad nos ha abandonado. Las leyes no están protegiendo a las personas”, dice Villegas, quien ha vivido en el barrio desde los 5 años.

El Chamizal siempre ha sido un lugar designado para las maquiladoras. Estando a pasos de la frontera y con tan sólo 8 mil residentes, las maquiladoras se han beneficiado de la mano de obra barata que se obtiene de un barrio que carece de infraestructura política y acceso a la educación.  Todo esto se debe a razones históricas, dice Villegas.

“[En la zona] se ha desarrollado un proceso y unas prácticas que son discriminatorias. Solo sirven para excluir a nuestra comunidad y a nuestros hijos. No piensan que tenemos derechos por hablar español y por ser inmigrantes”, agrega.

Viillegas informó que las historias de discriminación en Estados Unidos son bastante comunes. La exclusión sistemática de los mexicanos, sean o no ciudadanos, de los centros de poder y decisión en todo el país es una pesadilla constante. Muchas veces, ésta es una política sutil de la cual no se habla, solo se revela en la práctica.

Mientras que los residentes y vecinos hablan de ser olvidados, la realidad es que el diseño y planeación de comunidades como el Chamizal llega con un propósito muy claro: dividir y conquistar, agregó Villegas.

“Nosotros sabemos de recursos económicos que son repartidos a otros barrios, pero al Chamizal siempre lo dejan fuera”, reitera la activista. “Nos hemos dado cuenta que lo que nos falta es infraestructura política.”

Por ello, la organización Mujer Obrera junto con vecinos del pueblo formaron el grupo Familias Unidas del Chamizal y se han comprometido con “plantar semillas de conciencia y justicia”.

Familias Unidas del Chamizal se formó hace 7 años porque había una necesidad de organizar a residentes locales, afirma Guillermo Glen, miembro y fundador del grupo.

“No existía una organización de residentes que estuvieran bien informados y que pudieran participar en diferentes niveles para tomar decisiones que impactan a nuestras comunidades”, dijo Glen, quien compartió que algunas de las luchas en que han tomado el mando son en contra del racismo ambiental y a favor de las viviendas.

Glen agregó que por muchos años lucharon por un centro comunitario y lo lograron; además han podido cambiar el discurso local y han comenzado a empoderar a las familias para poder luchar por su barrio.

Después de una encuesta y una lucha tremenda, Glen expresó que el grupo consiguió 11 millones de dólares designados a la construcción de un centro comunitario; lugar donde se ofrece una variedad de recursos para jóvenes y personas de la tercera edad.

El activista agregó que ya tiene muchos años viviendo en el barrio y recuerda detalladamente que antes había fábricas de costura, o maquiladoras, pero como consecuencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) se perdieron casi 35 mil trabajos en la ciudad de El Paso, situación que impacto al barrio económicamente.

Estos trabajos, cuenta Glen, principalmente eran ocupados por mujeres, lo que significó un golpe económico y devastador que también provocó un camino dentro de las luchas sociales.

Una de esas luchas fue directa a los estudiantes y en contra del cierre arbitrario de la escuela Bealle Elementary School, una de los planteles locales en el barrio.

“Entendimos el cierre de la escuela como un tema de justicia y racismo ambiental, lucha de inmigrantes y de educación popular”, dice Cemelli de Aztlán, Tejedora de Redes con Mujer Obrera.

“El distrito votó por el cierre de nuestra escuela y obligó a nuestros niños a ir a un plantel a un lado, en una zona industrial y con problemas ambientales muy cuestionables sobre la contaminación”, dijo de Aztlán, misma que subrayó que ese cambio puso a los menores en riesgo, prueba de ello fue el incendio que sucedió hace unas semanas en el área y que contaminó el aire por varios días.

Familias Unidas del Chamizal pide al sistema y al gobierno local que se les consulte y tome en cuenta en las decisiones que impactan directamente a sus comunidades.

“Queremos que nos involucren en las decisiones que impactan el futuro de nuestra comunidad. Estamos demandando que la escuela Beall Elementary se mantenga abierta, ya que es la escuela mas segura para la salud de nuestros niños”, dijo de Aztlán.

La activista subrayó que han recibido noticias de que un concejal de la ciudad esta considerando comprar el terreno de la escuela que hasta ahora permanece cerrada; se dice que quieren convertir el inmueble en la sede de la policía.

“Este es un modelo que impulsaron en la ciudad de Chicago, cerrar escuelas y convertirlas en oficinas de policías”, indicó de Aztlán. “Quieren mandar un mensaje a nuestra comunidad sobre quien tiene control y quien tiene el poder”.

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