Más ‘muro invisible’: Trump quiere el ADN de los inmigrantes detenidos en la frontera

El Gobierno quiere expandir un programa de pruebas de ADN permitiendo a los agentes de inmigración que extraigan el material genético de los indocumentados bajo su custodia
Más ‘muro invisible’: Trump quiere el ADN de los inmigrantes detenidos en la frontera
ICE argumenta que en ocasiones los menores no tienen relación directa con los adultos que les acompañan.
Foto: GETTY IMAGES

La Administración del presidente Donald Trump quiere hacerle pruebas de ADN a los inmigrantes que se encuentran bajo custodia en la frontera sur del país, ha reportado el sitio de noticias BuzzFeed News.

De acuerdo con el borrador de un documento donde se señalan los planes, el Gobierno quiere expandir un programa de pruebas de ADN permitiéndole a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) que extraigan el material genético de inmigrantes indocumentados bajo su custodia.

BuzzFeed ha dicho que tuvo acceso al documento en el cual se informa de las intenciones de la Administración Trump.

Sin embargo, activistas pro inmigrantes han señalado que el Gobierno no debería obtener información sensible de personas que no han sido acusadas de algún crimen.

Miembros del Gobierno han indicado que los agentes de la CBP tendrían que pasar al menos 20 mil horas laborales adicionales durante el primer año de implementación de la medida.

Si la medida propuesta por el Departamento de Justicia llegara a ser ejecutada, cientos de miles de individuos seria sometidos a pruebas de ADN cada año.

Aunque el borrador de la regulación no dice explícitamente que los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) someterían a los migrantes detenidos a las pruebas de ADN, el texto tampoco indica alguna limitación que se los prohibiera.

Ya se han hecho pruebas “voluntarias”

En comunicado dirigido a BuzzFeed, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) ha dicho que esa entidad “está trabajando de cerca con el Departamento de Justicia en un camino hacia la recolección de ADN”.

El mismo funcionario ha dicho que este año se llevó a cabo un programa piloto de ICE en la frontera suroeste en el cual la agencia realizó pruebas voluntarias de ADN de personas sobre las cuales las autoridades sospechaban que afirmaban, fraudulentamente, ser familiares.

“ICE ha identificado docenas de casos en los que los niños no tenían relación familiar con los adultos que los acompañaban”, ha agregado el funcionario. “En la primera operación – Operación Doble Helix 1.0 – 16 de 84 unidades familiares fueron identificadas como fraudulentas en base a resultados negativos de ADN. Y en la segunda – Operación Doble Helix 2.0 – 79 de 522 unidades familiares fueron identificadas como fraudulentas en base a resultados negativos de ADN, hasta la fecha”.

Los funcionarios de la administración han citado un estatuto, la Ley de Huellas Dactilares de ADN de 2005, que permite a las agencias federales evaluar a las personas bajo su custodia, incluidas aquéllas que no tienen ciudadanía estadounidense.

No obstante, las regulaciones previas del Departamento de Justicia eximieron a las agencias del Departamento de Seguridad Nacional, incluidos CBP e ICE, de realizar tales pruebas en ciertas circunstancias.

En 2010, la entonces secretaria del DHS, Janet Napolitano, redujo la exención y dijo que las personas que no fueron detenidas por cargos penales y las que esperaban los procedimientos de deportación no serían sometidas a pruebas de ADN.

El borrador actual de la propuesta eliminaría la excepción, abriéndola para incluir a las personas que están en espera de deportación y aquéllas que no están acusadas de un delito, como los inmigrantes indocumentados, a la prueba.

Recientemente, la Administración Trump ha anunciado varias medidas que alteran las reglas migratorias en el país.

A principios de agosto, el Gobierno publicó una regla largamente anunciada que refuerza la capacidad de sus funcionarios para denegar visados, tarjetas de residencia y, por extensión, la ciudadanía a aquellos inmigrantes que se hayan beneficiado de ayudas sociales.

La medida afectará a aquellos inmigrantes que “sea más probable que improbable” que reciban ayudas públicas durante más de 12 meses dentro de un periodo de 36 meses. Si alguien recibe dos ayudas durante un mes, contará como dos meses. La definición de ayuda se ha ampliado además para incluir el seguro médico Medicaid, las ayudas a vivienda, y las de alimentos bajo el programa SNAP.

Tras la publicación del primer borrador el otoño pasado, el Departamento de Seguridad Nacional recibió 266.000 comentarios (el triple de lo habitual), y finalmente introdujo algunos cambios: por ejemplo, las mujeres no se verán afectadas durante su embarazo o hasta 60 días después de dar a luz.

Además, el subsidio para rentas bajas de Medicaid (Part D) no contará como ayuda pública. Y aquellos beneficios recibidos por niños y jóvenes de hasta 21 años tampoco ser verán afectados.

Adicionalmente, más de 380 mil extranjeros al año tendrían que demostrar que no serán una “carga pública” al ingresar legalmente a EEUU mientras que más de 232, 000 podrían abandonar programas de beneficios públicos para proteger sus trámites migratorios, bajo un reglamento que, según detractores, ya está sembrando pánico entre los inmigrantes en el país.

Con la idea de promover la “autosuficiencia” de los inmigrantes, la Administración Trump pondrá en marcha el próximo 15 de octubre un nuevo reglamento que impondrá una serie de pruebas sobre ingresos, formación académica, y destrezas laborales a extranjeros que soliciten la residencia permanente o visas temporales, o a aquellos que inicien trámites para ajustar su estatus migratorio en EEUU.

Pero, según sus detractores, este reglamento encaja con el “muro invisible” de la Administración para restringir la entrada a inmigrantes y minorías.