Adelanto: la incertidumbre de un futuro incierto para los inmigrante detenidos 

En agosto del año pasado y tras seis meses de estar bajo custodia migratoria, “Mario”, cuyo apellido no fue revelado para proteger su identidad, fue liberado luego de pagar una fianza de 12,500 dólares.

Durante los largos seis meses, el joven inmigrante dijo que sufrió soledad, desesperación, frustración e impotencia, pero el sentimiento que más lo agobiaba era la incertidumbre de no saber ni tener control de su futuro.

“Los días pasaban lentamente, desayunábamos a las 6, almorzábamos a las 12, y cenábamos a las 5 de la tarde.  Como no tienen programas de actividades, pues buscábamos la manera de estar ocupados.  Yo leía mucho y cuando se podía salía al patio.  Pero es desgastante, a parte de la comida y la atención medica que no son nada buenas, no saber que pasaría conmigo me mataba”, dijo Mario, de 32 años de edad.

El oriundo de México que desde su liberación ha estado involucrado en activismo pro-migratorio, dijo que tuvo la fortuna de contar con el apoyo familiar y los recursos económicos para sobrellevar la pesadilla que vivió durante su anhelo de arribar a los Estados Unidos.

“Otros no tienen familia cerca y tampoco cuentan con apoyo económico.  Se sufre mucho la verdad”, agregó.

Mario fue uno de varios activistas y miembros de la comunidad que celebraron hace unos días la promulgación de la ley AB 32, la cual eliminará gradualmente el uso de las prisiones privadas con fines de lucro, con una manifestación en las afueras del centro de detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino.

Organizado en parte por la Alianza de Justicia Juvenil para Inmigrantes de California, Libertad para los Inmigrantes, Movimiento Interreligioso para la Integridad Humana, y la Coalición para Justicia de Inmigrantes de Inland Empire, la celebración incluyó una conferencia de prensa en donde Lizbeth Abeln, coordinadora de migrantes detenidos, instó a la comunidad a donar monetariamente para solventar las fianzas de los detenidos en Adelanto.

“Durante su defensa, el Grupo Geo dijo que si los obligan a cerrar se verían obligados a trasladar a los detenidos a otros estados, situación que queremos evitar a como de lugar.  Todo esto es negocio y eso significa que necesitamos mucho dinero para pagar sus fianzas.  Necesitamos como 20 millones de dólares solo para ayudar a los de Adelanto”, dijo Abeln.  “Pero lo más importante es que exigimos la liberación de todos los detenidos.  No deben estar un día más detenidos”.

La ley AB 32, de la autoría del asambleísta Rob Bonta, de Oakland, impedirá que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR por sus siglas en inglés) entre o renueve contratos con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020.

Abeln dijo que al menos dos centros de detención migratorios podrían cerrar sus puertas el año próximo.  Uno de ellos es el centro de detención de Adelanto, el cual actualmente cuenta con casi 2,000 personas detenidas, pero su contrato federal se vencerá en marzo del 2020.

“Inmigración tiene la discreción para dejarlos libres, eso es lo que debe hacer”, aseveró Abeln.

Hilda Cruz, representante del Movimiento Interreligioso para la Integridad Humana, la cual organiza visitas comunitarias a los centros de detención, dijo que las personas detenidas sufren la incertidumbre de no saber a ciencia cierta que les depara el futuro.

“Si cada iglesia, y tan solo en el condado de San Bernardino hay 95 iglesias católicas, si cada una ayudara, podríamos hacer una gran diferencia.  Y eso es solo en San Bernardino, échale calculo”, dijo Cruz.  “Mas que nunca debemos estar unidos y organizados, nuestros hermanos migrantes nos necesitan”.

Durante su discurso inaugural, el gobernador de California Gavin Newsom, dijo que estas cárceles con fines de lucro “no reflejan los valores” del estado.  En el mismo discurso, Newsom prometió poner fin a las cárceles privadas ya que “contribuyen al encarcelamiento excesivo”.

CDCR ha salido de contratos con dos cárceles privadas en el presente año, una en Arizona en junio pasado y la otra en el Valle Central en septiembre.

Mientras California pone un alto a estas cárceles con fines de lucro, el Grupo Geo, el cual opera mundialmente 134 centros para un total de 95,000 camas, expande sus servicios en Texas.

El pasado 5 de junio, el Grupo Geo anuncio la expansión del centro de procesamiento Montgomery en Conroe, Texas, con 314 camas para un total de 1,314 camas.

Según datos de la propia empresa internacional, el grupo Geo reportó ingresos totales de 610.7 millones de dólares durante el primer trimestre del presente año, en comparación a los 564.9 millones de dólares reportados durante el primer trimestre de 2018.

Además, el mismo grupo Geo reportó pérdidas de 1.5 millones de dólares en activos inmobiliarios durante el mismo periodo de tiempo; aunque al mismo tiempo también reportó un ingreso neto ajustado de 42.2 millones de dólares durante el mismo periodo de tiempo.

Por su parte, Abeln dijo que si la comunidad quiere hacer su donativo puede hacerlo a través de la pagina https://www.aplos.com/aws/give/CIVIC/AB32EmergencyFund