Renace la esperanza para los refugiados en la frontera

Juez decidirá si miles de migrantes que esperan asilo en México lo hagan en EEUU

La abogada de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, Mónika Langarica, habla con los medios. (Manuel Ocaño)

La abogada de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, Mónika Langarica, habla con los medios. (Manuel Ocaño) Crédito: Impremedia

El magistrado Dana Sabraw de la corte federal en San Diego decidirá a partir de diciembre si los migrantes que tienen temores fundados por experiencias que vivieron en México pueden quedarse en Estados Unidos sin ser enviados de nuevo a la frontera mexicana, confirmó la abogada de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, Mónika Langarica.

Sabraw es el juez que ordenó en junio del año pasado que el gobierno de Estados Unidos reunificara a las familias migrantes que ilegalmente había separado en la frontera.

Este mes el magistrado falló a favor de una demanda colectiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras dos organizaciones, y dio una “orden de restricción temporal” para que una familia de Guatemala que fue ultrajada en México permanezca en San Diego, sin regresar a México, y tenga acceso a abogados de migración.

Es la primera vez que un juez ordena suspender el programa conocido como “permanecer en México” que ya ha enviado a unos 55 mil migrantes a esperar en ciudades de la frontera de California audiencias y decisiones a sus peticiones de asilo.

El caso de la familia guatemalteca “es un triunfo para los migrantes y es de suma importancia, porque puede sentar precedente para otros casos similares”, dijo Langarica en entrevista con La Opinión.

“En diciembre el juez va a escuchar argumentos y puede ampliar esta orden de restricción temporal de esta familia guatemalteca para todos los casos similares”, explicó la abogada Langarica.

La familia de Guatemala, que ya salió de San Diego para reunirse con familiares en otro lugar en Estados Unidos, huyó de su país cuando la mayor de cinco hijos, una adolescente de 17 años de edad, fue víctima de violación sexual y sus agresores la amenazaron de muerte si denunciaba, pero, al pasar por México, la familia fue víctima de tres asaltos, agresiones y vejaciones.

“Después de tener que huir de una situación traumática y amenaza de muerte, tener que soportar tres situaciones traumatizantes en México, fue más que suficiente para que el juez decidiera que no deben regresar al sur de la frontera”, explicó la abogada, “una sola de esas experiencias habría sido suficiente”.

En México a la familia la asaltaron desconocidos armados, luego individuos uniformados y armados obligaron a todos a desnudarse y posteriormente, ya en Tijuana, la familia quedó expuesta a un tiroteo sorpresivo.

Langarica dijo que la magnitud de experiencias como esas es devastadora para los papás que tienen que proteger a niños de cuatro, nueve, diez, doce y 17 años de edad.

Según cálculos extraoficiales, en la frontera de Baja California con California, en Tijuana y Mexicali, hay más de 13 mil migrantes que esperan audiencias y resoluciones de asilo, y algunas familias han testificado que han sido víctimas de secuestro y de engaños.

Este fin de semana por lo menos un reporte de prensa dio cuenta de que los carteles de las drogas comenzaron a explotar la vulnerabilidad de migrantes en “permanecer en México”, o, Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), como la administración Trump llama al programa que impuso unilateralmente desde fines de enero.

La abogada Langarica dijo que una primera decisión del juez Sabraw con relación a la familia guatemalteca fue fundamental para que la familia permanezca en Estados Unidos, que tuviera representación legal.

Explicó que la decisión que tome a partir de diciembre el juez sobre temores fundados para no regresar a México debería contar con conceder también representación legal para los demás casos similares.

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