Ascienden a general a militar mexicano vinculado a la masacre de Tlataya

La ejecución extrajudicial de 22 personas por militares en una bodega de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, ocurrió en 2014. Francisco Ortega Luna estaba adscrito a la Comandancia de la 22/a. Zona Militar desde donde se dio la orden

Ascienden a general a militar mexicano vinculado a la masacre de Tlataya
Foto: Sin Embargo

CIUDAD DE MÉXICO – El Ejecutivo federal, con el aval del Senado de la República, ascendieron de grado militar –de General de Brigada a General de División– a Francisco Ortega Luna, una de las autoridades señaladas como parte de la “cadena de mando” involucrada indirectamente en la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

El Senado de la República ratificó el pasado 13 de noviembre un acuerdo girado por la Presidencia de la República, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que instruye la promoción y recompensa a un total de 266 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.

“El ascenso de grado constituye un reconocimiento a toda una vida profesional dedicada en forma exclusiva y permanente al servicio de las armas para la preservación de la Seguridad Nacional, la defensa exterior y la seguridad interior del país”, explica el dictamen aprobado por esa cámara del Poder Legislativo.

Entre las 266 promociones, siete generales de brigada subieron de rango a General de División, el grado más alto de los mandos superiores, y son los que están a un paso de poder ser Secretario de la Defensa Nacional, a decisión del Presidente de la República. Se estima que el lapso para que un militar pueda llegar a divisionario es de alrededor de 45 años.

Los siete generales de brigada que escalaron son: Agustín Radilla Suástegui; Miguel Hurtado Ochoa; Juan Arturo Cordero Gómez; Celestino Ávila Astudillo; Miguel Eduardo Hernández Velázquez, ascendido a General de Ala; David Rivera Medina; Homero Mendoza Ruiz, actual jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y Francisco Ortega Luna.

El acuerdo de la Presidencia plantea que las promociones surten efecto a partir del miércoles 20 de noviembre. No es la primera vez que elevan de rango militar a un elemento señalado por el caso Tlatlaya.

Apenas el año pasado, el General de Brigada, José Luis Sánchez León –quien era comandante de la 22 zona militar cuando se cometió la masacre– fue nombrado General de División por parte del entonces Jefe del Ejecutivo federal, el priista Enrique Peña Nieto, y además recibió una condecoración durante la ceremonia del 108 aniversario de la Revolución Mexicana, realizado en el Campo Marte de la Ciudad de México.

La trayectoria de Ortega

La promoción realizada en el periodo de la Cuarta Transformación al General de División Francisco Ortega Luna llamó la atención, pues se trata de un mando militar que ha sido señalado en la investigación del Centro Prodh sobre la violación de derechos humanos cometida en una bodega de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México

De acuerdo con el organismo, Ortega Luna estaba adscrito a la Comandancia de la 22/a. Zona Militar, de donde se giró la orden a los militares que integraban la Base de Operaciones San Antonio del Rosario de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, que derivó en la ejecución extrajudicial.

El ascenso de Francisco Ortega Luna –de Coronel a General de División – ha sido incluso más rápido que el que tuvo el ahora Secretario de la Defensa de México.

El crimen de Tlataya

En junio de 2014, elementos del Ejército Mexicano asesinaron a 22 supuestos delincuentes, 21 hombres y una mujer menor de edad, en una bodega ubicada en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México.

La versión oficial, emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional, establecía que los hechos se habían suscitado tras un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Además, aseguraba que supuestamente los civiles atacaron primero a los soldados que patrullaban el lugar.

El 1 de julio de 2014, el entonces Gobernador del Estado de México, el priista Eruviel Ávila Villegas, aseguró que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.

Meses más tarde, una de las tres testigos reveló que fueron los soldados quienes dispararon primero, que los presuntos delincuentes respondieron y que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y los demás se rindieron.

Después de la muerte de los 22, reporteros de AP visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo.

Fue así como las declaraciones de testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra la versión oficial del gobierno de Peña Nieto, convirtiendo la masacre en Tlatlaya en el primero de los tantos casos de violencia que mancharon la gestión del presidente EPN, ahora conocida por brindar “verdades históricas”.

El Centro Prodh, en julio de 2015, luego de cumplirse un año de los hechos, hizo público un informe donde reveló la Orden de Relevo y Designación de Mando. Dicho documento consigna que la instrucción a los militares de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario fue “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. El ordenamiento fue dirigido al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba cargo del personal de tropa, según el documento.

Desde entonces, el Centro Prodh ha solicitado que los mandos jerárquicos de las tropas que provocaron la masacre también sean investigados.

5 años sin justicia

El Centro Prodh ha insistido en su exigencia que “siendo Tlatlaya un caso de graves violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano está obligado a identificar y sancionar a los autores materiales, pero también a aquellas autoridades que por sus acciones u omisiones y por su posición de mando hayan sido partícipes de los hechos”.

El pasado 17 de octubre, un Tribunal federal ordenó reaprehender a los siete militares implicados en la muerte de 22 civiles en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014.

Además, los agentes Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández también enfrentan acusaciones por homicidio calificado.

Para el Centro Prodh “el encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional”.

Por Sugeyry Gándara