Demandan a la ciudad de Hesperia y al Sheriff de San Bernardino

Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron una demanda contra la ciudad de Hesperia y el Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino por presuntas prácticas discriminatorias con el objetivo de desalojar ilegalmente a inquilinos latinos y afroamericanos.

Esto se basa en una ordenanza que los funcionarios de gobierno locales calificaron como un “problema demográfico”.

La demanda fue presentada en un tribunal federal por el fiscal federal, Nicola T. Hanna; además de David M. Harris jefe de la división civil del DOJ, la abogada Karen P. Ruckert jefa de la sección de derechos civiles de la División Civil y Matthew Nickell, fiscal de California.

Según el reclamo legal, los demandados “se han involucrado en un patrón o práctica de discriminación contra los residentes y futuros residentes de Hesperia debido a su origen racial y nacional”.
Los acusados —afirma la demanda— promulgaron y ejecutaron la ordenanza con la intención y el efecto de impactar de manera desproporcionada a los inquilinos afroamericanos y latinos.

La querella agrega que en noviembre de 2015, la ciudad de Hesperia, “con el apoyo sustancial del Departamento del Sheriff” —que proporciona los servicios de policía local de la ciudad—promulgó una ordenanza para que los dueños de propiedades de alquiler desalojaran a sus inquilinos si el Sheriff les notificaba que un inquilino participó en una supuesta actividad criminal en o cerca de la propiedad.

“Esto no es una sorpresa”, dijo Chantelle Herchzberger —una activista de Los Ángeles que está en contra de las acciones de los agentes.

“Si ellos participaron, es parte de la opresión que hacen por su racismo… El mismo racismo que propaga Donald Trump”.

En cifras

Según DATAUSA, la ciudad de Hesperia tiene una población de 93,200 residentes con una edad promedio de 30.4 años y un ingreso familiar de casi $49,726 al año.

Allí los latinos conforman el 56.6% del total de residentes; 34.8% eran blancos y 4.58% afroamericanos. El 91.7% eran ciudadanos estadounidenses.

La ordenanza también requirió la verificación de antecedentes penales e investigaciones del Departamento del Sheriff para inquilinos e inspecciones anuales de propiedades de alquiler por parte de los agentes del orden público.

“Aunque la ciudad supuestamente promulgó la ordenanza para reducir el crimen, su verdadero propósito era abordar un llamado ‘problema demográfico’ para sacar a los inquilinos afroamericanos y latinos de sus hogares y de Hesperia, y así disuadir a otros afroamericanos y latinos de mudarse a la ciudad”, señala la demanda.

La acusación indica también que el Departamento del Sheriff se encargó de hacer cumplir la ordenanza y ejerció su discreción sustancial para apuntar a inquilinos afroamericanos y latinos, así como a arrendatarios que vivían en áreas de minorias de Hesperia.

“Exigió desalojos de familias enteras por conducta que involucrara a un inquilino o incluso invitados o familiares, desalojos de víctimas de violencia doméstica y desalojos en ausencia de evidencia concreta de actividad criminal”, señala el documento.

“También amenazó y tomó medidas contra los proveedores de vivienda que no desalojaron a los inquilinos bajo las restricciones de la ordenanza”.

“Lo que yo he estado viendo es que los dueños de edificios están remodelándolos y echando a toda la gente”, comentó Julio González, un administrador de departamentos. “Lo hacen para aumentarle la renta a todos”.

Las frases discriminatorias

De acuerdo con la demanda, el concejal Russ Blewett expresó que el propósito de la ordenanza era “corregir un problema demográfico”.

Dijo que “no le importaba” que los propietarios y las organizaciones —incluida la Asociación de Casas de Apartamentos, la industria de la construcción y la Junta de Agentes de Bienes Raíces— no estuvieran de acuerdo.

Blewett habría dicho que la ciudad necesitaba “mejorar la demografía” y que “ese tipo de personas” a las que se apuntaría la ordenanza eran “sin adición y sin valor para esta
comunidad”. Además de que “quería sacarlos de nuestra ciudad”.

Eric Schmidt, alcalde de Hesperia durante la época en que se promulgó la ordenanza, declaró: “No puedo superar el hecho de que estamos permitiendo. . ., gente del condado de Los Ángeles mudarse a nuestros vecindarios porque es un lugar barato para vivir y un lugar para esconderse”.

También afirmó que “las personas que nos empeoran no son de aquí” y que “vienen de otro lugar con su historia contaminada”.

El alcalde provisional Bill Holland manifestó: “[Estamos] persiguiendo quirúrgicamente a esos elementos que crean una cantidad excesiva de problemas en cada vecindario” y “estás tratando de eliminarlos, estás tratando de sacarlos y hacer que vayan a otro lado”.

También afirmó que el propósito de la ordenanza era lograr que cada propietario “librara su renta. . . De esa plaga”.

Una solicitud de entrevista con el alcalde actual de Hesperia para tratar este tema no fue respondida hasta el cierre de esta edición.

Mientras que Cindy Bachman, portavoz del Departamento del Sheriff-Forense del condado de San Bernardino, dijo de manera escueta en un comunicado que “tenemos conocimiento de la demanda y estamos en desacuerdo con las alegaciones. Pretendemos defender este caso en corte”.