Se aplicó una política de ‘tortura’ en la frontera

La organización Doctores por los Derechos Humanos (PHR) dio a conocer un estudio que menciona que el impacto de la separación de familias en la frontera afectó a niños y padres migrantes de la misma forma que afecta la tortura.

“Las familias solicitantes de asilo que fueron separadas por el gobierno estadounidense sufrieron tortura”, declaró la organización al presentar su estudio.

Algunos de los efectos de la política de la administración del presidente Donald Trump de separar y encerrar a familias sin ningún contacto ni destino fijo en un país extraño con un idioma distinto son parecidos a los que sufren los soldados en la guerra, excepto porque se trata de madres y padres de familia y niños en ocasiones en edad de brazos.

De acuerdo con PHR, algunos de los impactos produjeron en adultos y niños “trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada”.

El estudio dice que las familias ya huían de la violencia selectiva de sus países de origen, y  ya habían estado expuestos a traumas, con frecuencia como víctimas de actividades de pandillas, por amenazas de muerte, agresión física, familiares asesinados, extorsión, agresión sexual o robo.

Entre los motivos para huir, “todos los padres expresaron temor de que su hijo fuera dañado o asesinado si se quedaban en su país de origen”.

“En casi todos los casos, los hijos ya habían enfrentado graves daños antes de huir; por  pandilleros drogados, por secuestros, uso de veneno y amenazas de muerte, de violencia o de secuestro, si ellos o sus padres no cumplían con las demandas de la pandilla”, dice el estudio.

Así que, “los padres confiaban en que el viaje a los Estados Unidos resultaría en protección para sus hijos”.

“Sin embargo, cuando llegaron a Estados Unidos, las autoridades de inmigración retiraron por la fuerza a los niños de los brazos de sus padres, o los retiraron de sus padres mientras sus hijos dormían, o simplemente ‘desaparecieron’ a los niños mientras sus padres estaban en las salas del tribunal o recibiendo atención médica”, agrega el informe.

Los médicos lograron entrevistar a 17 adultos y nueve niños que habían estado separados durante un promedio de 60 a 69 días; todos menos un niño se habían reunido en el momento de la evaluación.

La mayoría de los padres dijo que las autoridades no dieron ninguna explicación de por qué estaban siendo separados, a dónde enviaban a sus hijos ni cómo se reunirían. Además, cuatro padres dijeron que los oficiales se burlaban de ellos cuando preguntaban por sus hijos.

Estos son resultados de la política de separación que encontraron los médicos:

Adultos y niños se sienten “confundidos y molestos, constantemente preocupados, lloran mucho, tienen dificultades para dormir, no comen bien, tienen pesadillas, se sienten muy deprimidos, padecen de abrumador síntomas de ansiedad y manifestaciones fisiológicas de pánico y desesperación, como el corazón acelerado, dificultad para respirar y dolores de cabeza.

Expresan que sienten “pura agonía” y desesperanza, también angustia emocional y mental y sienten estar  “increíblemente abatidos”.

Los médicos notaron que los niños exhibieron reacciones de regresión en comportamientos apropiados para su edad, llanto, pérdida de apetito, tienen pesadillas y otras dificultades para dormir, pérdida de normalidad del desarrollo.

Expertos de PHR notaron que el trauma sufrido por los padres y los niños requiere “una mayor intervención y apoyo terapéutico continuo, porque los eventos estaban causando angustia significativa y un deterioro funcional continuo”.

Recomiendan psicoterapia centrada en el trauma, retiro de la detención y medicamentos psiquiátricos, todo urgentemente.

Como conclusión, “PHR considera que el tratamiento del gobierno a los solicitantes de asilo a través de su política de separación familiar constituye un trato cruel, inhumano y degradante y, en todos los casos evaluados por expertos de PHR, alcanza el nivel de tortura”, de acuerdo con definiciones de Naciones Unidas.

También indicaron que el gobierno cometió el delito de desaparición forzada.

El gobierno separó 1,142 niños, incluidos más de 300 menores de cinco años de edad.