Lecciones de la implementación en Colombia sobre Paz y COVID-19:

Científicos alrededor del mundo advierten que, en América Latina, la epidemia del COVID-19 ha rezagado los programas de lucha contra la pobreza por lo menos en una década. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, reportan cómo avances en el continente en temas como la pobreza, la desnutrición y la educación se han visto afectados directamente tanto por la emergencia de salud en sí misma, como por las medidas que se han tomado para hacerle frente.

Aislamientos obligatorios, restricciones de movilidad para el comercio, menor acceso a servicios de salud para enfermos crónicos y, sobre todo, una espiral de oportunidades de educación para las clases más favorecidas con acceso y manejo tecnológico, son factores que inciden negativamente en la separación entre ricos y pobres, entre aquellos que pueden sobrepasar una crisis económica y otros que tienen pocos ahorros e inversiones para sobrevivir las actuales restricciones. 

En Colombia, donde se firmó un Acuerdo de Paz a finales del año 2016 entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las antiguas guerrillas FARC-EP, la pandemia ha generado un debate profundo sobre cómo la emergencia de salud puede costarle al país los recursos para la implementación de este acuerdo. Un nuevo Informe del Instituto Kroc propone que hacerle frente a la pandemia se puede compaginar muy bien con las obligaciones del Estado para la implementación del Acuerdo Final. La pregunta entonces es, ¿qué lecciones pueden desprenderse para América Latina de esta experiencia?

El Acuerdo Final de 2016 puso a las víctimas y a las poblaciones más vulnerables en el centro de atención. El concepto de “paz territorial” engloba esta tesis: al darle prioridad a las víctimas del conflicto, estaremos creando espirales positivas de cambio y transformación social. Atender a mujeres, así como a poblaciones sexualmente diversas, grupos étnicos y regiones históricamente marginalizadas –al compás de la implementación del Acuerdo integral– coincide con los mapas de poblaciones mayormente afectadas por el COVID-19, como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por ejemplo, grupos indígenas del sur de Colombia en regiones como la Amazonía, Vaupés y Guainía han desarrollado estrategias propias a su medida con planes integrales para enfrentar el COVID-19. Estos planes se complementan con iniciativas como los Planes de Desarrollo Territorial (PDET) que, en regiones como Chocó, giran en su concepción, diseño y ejecución alrededor de las características propias de su etnicidad. Lo que la implementación de este acuerdo parece no haber logrado desde el año 2016, puede verse acelerado por la respuesta al COVID-19, eso es, impulsar que los enfoques transversales étnicos salgan adelante en las respuestas frente a la crisis provocada por la pandemia.

En términos de administración de justicia, el sistema integral creado por el Acuerdo Final de Paz comprende tres instancias principales: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Mientras que la Unidad y la Jurisdicción tienen plazos de 20 años para operar, la Comisión cuenta con tan sólo tres años, es decir, tiene tiempo hasta el año 2021 para producir un informe especial sobre lo sucedido en Colombia durante el conflicto armado.

Si bien se han suspendido audiencias y encuentros cara a cara durante el aislamiento, éste ha sido un tiempo para reorganizar y analizar la documentación extensa que se ha recogido. En la Comisión, por ejemplo, el análisis documental reúne más de 8.000 testimonios que han comenzado a ser procesados de manera intensa durante la pandemia. Los espacios de escucha no han cesado y se han priorizado cinco regiones para continuar con los diálogos de no repetición. Para la CEV, la virtualidad y el aislamiento no deben ser obstáculos para su labor: eventos televisados, radios comunitarias y diálogos pedagógicos tienen lugar en medio del COVID-19. 

Finalmente, el Instituto Kroc, que hace seguimiento técnico al estado actual de implementación, anota en su último informe sobre el tercer año desde la firma de la paz, que la implementación del Acuerdo avanza de manera constante y además comienza una fase de transformación en los territorios, especialmente en aquellos más afectados por la violencia. Aquí convergen dos temas de alta prioridad: por un lado, cómo proteger a los líderes y lideresas sociales de lo que muchos han llamado la “pandemia de violencia”.

Setenta y siete ex-combatientes fueron asesinados durante el año 2019, creando un efecto catastrófico para incentivar la participación política de quienes fueron parte de la guerra y ahora están llamados a profundizar y a ampliar los mecanismos democráticos. Medidas de seguridad esbozadas en el Acuerdo Final se hacen indispensables más que nunca, pero también las aproximaciones comunitarias de protección y la concientización de que la pluralidad de ideas y opiniones es un factor de enriquecimiento de la vida pública. 

Como en otros contextos latinoamericanos de posacuerdo, en Colombia se presentan situaciones de violencia enraizadas en la cultura y en estructuras profundas, como la violencia de la desigualdad de género y el racismo. Precisamente por ello, el Acuerdo de Paz colombiano previó la complejidad de pactar un cese a la violencia como puerta de entrada para desactivar las muchas otras violencias. Contrario a lo que puede parecer frente a otros países de la región, la implementación del Acuerdo Final puede significar un buen compás de orientación para llevar a cabo las transformaciones profundas de construcción de paz y, además, atender también a las consecuencias del COVID-19.

A native of Colombia, Josefina Echavarría Alvarez is an associate professor of the practice at the Kroc Institute for International Peace Studies at the University of Notre Dame. She serves as director of the Peace Accords Matrix (PAM) which includes the Colombia Barometer Initiative, the program tasked with monitoring the implementation of the 2016 Colombia peace accord.