Los Ángeles está en la primera línea en la batalla por la inmunidad policial

Estados Unidos se encuentra en medio de una agitación sin precedentes, ya que el aumento en los indcidentes de maltrato de minorías por parte de miembros de la policía ha expuesto problemas profundos y sistémicos en nuestro sistema de justicia penal, justicia civil.

El asesinato de George Floyd a manos de cuatro policías de Minneapolis ha puesto un enfoque no solo en las disparidades de las instituciones de justicia, si no también como el racismo institucionalizado perpetúa la justicia desigual para personas de la comunidad Afro-Americana, y los Latinos.

La semana pasada, los fiscales de St. Louis se negaron, una vez más, a acusar al oficial de policía de Ferguson que le disparó a Michael Brown, hace seis años. El fiscal le comento a los periodistas en una conferencia de prensa que no creía que pudiera probar el caso en el juicio. Con demasiada frecuencia, las reglas legales de inmunidad policial – y los fiscales de distrito como la fiscal del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey – protegen a los miembros de policía que han jurado proteger y servir, aunque siga aumentando el número de muertos por abuso policial.

Jackie Lacey está actualmente involucrada en la lucha de su vida política ya que se enfrenta a una dura campaña de reelección contra su retador, George Gascon. Los manifestantes que expresaron su indignación por los incidentes de brutalidad y abuso policial se manifestaron tanto en la oficina de Lacey como en su casa, y con buena razón. En 2014, Lacey se negó al procesamiento de dos agentes del Sheriff que dispararon y mataron a un hombre desarmado. En su versión inicial de los hechos, los oficiales dijeron que creían que el hombre, José de la Trinidad, tenía una pistola y, temiendo por sus vidas, le dispararon cuando se dio la vuelta para enfrentarlos. Pero un testigo contradijo esa declaración de los agentes del Sheriff, diciendo que el hombre había recibido los disparos por la espalda mientras tenía sus manos levantadas hacía arriba. Y la autopsia del forense reveló que le habían disparado un total de siete veces, incluidas cinco en la espalda.

En febrero de 2014, Jackie Lacey permitió a los agentes del Sheriff dar una nueva versión de los hechos, y en esta nueva versión los agentes dijeron que el hombre había “girado la parte superior de su cuerpo hacia la izquierda,” en un esfuerzo para explicar los disparos por la espalda del hombre. Esta nueva versión de los agentes del Sheriff le dio a Jackie Lacey justificación para no presentar cargos criminales a los agentes del Sheriff. Sin embargo, su decisión de no procesar a los diputados resultó costosa. En 2015, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó un acuerdo de $5.3 millones para la familia del hombre muerto. Los abogados de la familia dijeron que fue increíble y que fue un error judicial cometido por la oficina del fiscal de distrito el que Jackie Lacey había decidido no procesar a los oficiales.

La Liga y Asociación de Protección de la Policía de Los Ángeles, y la Asociación de Los Alguaciles Adjuntos del Departamento del Sheriff habían respaldado a Jackie Lacey en sus elecciones de 2012. Estas dos organizaciones representan alrededor de 20,000 oficiales de rango. En las elecciones  primarias de marzo del 2012, los sindicatos de agencias del orden público contribuyeron con más de $2.2 millones para su campaña. Ambos sindicatos también la apoyaron en las elecciones generales de noviembre del 2012.

Otro caso relacionado con el Departamento de Policía de Los Ángeles destaca las desigualdades en la forma en que los oficiales de policía son tratados a comparación a los civiles. El oficial Frank Hernández disparó y mató a un hombre en 2010. Era la segunda vez que Hernández le disparaba a un civil durante la línea de servicio. En el primer tiroteo, que sucedió en 2008, las acciones del oficial Hernández justificaron una “desaprobación administrativa” pero a Hernández se le permitió permanecer en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Dos años después, Hernández disparó y mató a un inmigrante de Guatemala que estaba tomado en ese momento. Hernández dijo que el hombre se había lanzado hacia él con un cuchillo. Pero en su juicio civil federal por el asesinato, tres testigos civiles, una mujer Afro-Americana y dos Latinos, contradijeron al oficial Hernández. Sin embargo, los miembros del jurado creyeron la versión dada por el oficial Hernández y nuevamente se le permitió a Hernández permanecer en la fuerza. En junio de 2020, el oficial Frank Hernández fue arrestado luego de ser captado por una cámara de teléfono celular mientras golpeaba a un hombre en Boyle Heights.

Pero cualquier esfuerzo por buscar justicia contra los oficiales en un caso civil, como la familia de un hombre asesinado por los dos diputados del Sheriff, se vería obstaculizado por la llamada inmunidad policial. La inmunidad policial protege a los agentes de la ley de la responsabilidad monetaria por acciones inconstitucionales si el oficial actuó de manera “objetivamente razonable.”

Todo esto – los fiscales de distrito que se niegan a enjuiciar a los oficiales, los departamentos de policía que se niegan a despedir a los malos oficiales, los jurados que toman la palabra de los oficiales sobre testigos de la comunidad Afro-Americana y Latina, y la inmunidad policial – son fallas de un sistema que ha protegido a las fuerzas del orden de rendir cuentas en causas penales y causas civiles. La única forma para las víctimas de abusos policiales es buscar reparación presentando demandas civiles.

Las decisiones de la Corte Suprema que defienden los derechos de los oficiales han estimizado la búsqueda de justicia para estas familias, y el Congreso debe intervenir para ayudar a las familias de los asesinados en la línea de servicio de un oficial de policía. El mes pasado, la Corte Suprema se negó a escuchar ocho casos diferentes que cuestionaban la inmunidad policial, lo que llevó a la jueza Sonia Sotomayor a lamentarse en su disentimiento de que los tribunales habían creado “un escudo absoluto para los miembros de policía.”

La solución es que el Congreso anule las decisiones de la Corte Suprema que otorgan a los policías una “inmunidad policial” tan amplia, porque, como explicó Leon Friedman: “En 1991, el Congreso aprobó una nueva y amplia Ley de Derechos Civiles que específicamente revirtió no menos de cinco casos de la Corte Suprema decididos en 1989 – decisiones que severamente restringieron y limitaron los derechos de trabajadores bajo las leyes federales antidiscriminatorias.”

Todavía tenemos mucho camino por delante, pero es prometedor ver las continuas protestas pacíficas en ciudades de todo nuestro estado y el país, que exigen justicia social y reforma policial. Este movimiento no descansará hasta que se haga más para garantizar que todos los residentes sean tratados de manera justa bajo la ley.

Luis Carrillo es el socio fundador de Carrillo Law Firm en South Pasadena. Durante más de 40 años, el Sr. Carrillo ha buscado justicia en nombre de los residentes de la comunidad que han sufrido violaciones de sus derechos civiles debido a la mala conducta por miembros de la policia, y en nombre de las víctimas de abuso sexual infantil.  El abogado Luis Carrillo representa a miembros de la comunidad que han sufrido violaciones de los derechos civiles debido a la mala conducta de agentes de la ley y a víctimas de abuso sexual infantil.