Pruebas de COVID que buscan generar confianza en la comunidad
Unidad móvil viajará por áreas de bajos recursos; líderes hacen hincapié que para dicho examen no se hacen preguntas sobre el estatus migratorio
Los inmigrantes indocumentados tienen derecho a exámenes y tratamientos de COVID sin ningún impacto en la regla de Carga Pública. (Impremedia) Crédito: Impremedia
Como parte de una alianza con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y la ciudad de Long Beach, decenas de técnicos médicos de emergencia llevaron a cabo este sábado pruebas de COVID-19 entre residentes de bajos recursos e indocumentados.
Con temor a lo desconocido en sus rostros, decenas de nerviosos residentes llegaron ayer a la escuela Washington Middle School de Long Beach para ser examinados por los técnicos de la salud Mark Tabi y Bronson De Guzmán.
“Tenía miedo de que me picaran fuerte”, dijo el niño Evan Mejía, de 11 años, quien se sometió a la prueba, junto con su hermana Vanessa, de 13 años y su madre, María, una ama de casa originaria de Jalisco, México y vecina de Long Beach.
El alcalde de dicha ciudad, Robert García, lanzó una nueva estrategia de pruebas de COVID-19 para llegar a los residentes indocumentados y desatendidos.
“Hasta donde hemos visto, los latinos y afroamericanos tienen las tasas más altas de contagios”, dijo a La Opinión, la concejal Mary Zendejas.
“Es algo triste, pero en la cultura latina hay desconfianza. No se sienten cómodos [de ir a hacerse las pruebas] y, además, tienen miedo de que se les pregunte algo relacionado con su estado migratorio y eso no es verdad”, e hizo hincapié en que no se pide ninguna información relacionada a ese tema.
En cifras
Hasta el 25 de septiembre, en Long Beach se había detectado 11,798 casos positivos de COVID-19; 44 personas se encontraban hospitalizadas y 245 han fallecido desde el inicio de la pandemia.
Del total de 809,000 casos de COVID-19 en California, el 61% corresponde a la población latina (es decir, 283,6000). No obstante, esta comunidad solo representa el 40% de la población total del Estado Dorado.
El mismo alcalde Robert García vio reflejada en su persona esa disparidad de contagios. Él perdió a su padrastro y su madre a causa del coronavirus y espera que el nuevo modelo de pruebas móviles influya en las comunidades de minorías para que reemplacen el miedo por la confianza.
Su mensaje hizo eco en Hilda Ortiz, de 58 años de edad y nacida en Guerrero, México, quien llegó acompañada de su esposo Javier, de 60, de Chihuahua. Ellos son propietarios de una tienda de abarrotes en Long Beach.
“Nosotros somos trabajadores esenciales, nos cuidamos y cuidamos a la gente de nuestra comunidad que vienen a nuestra tienda”, dijo Hilda.
“Tenemos que motivar a la comunidad para que no tenga miedo y se hagan la prueba”.
Ese temor es precisamente lo que ha impedido que los inmigrantes se acerquen a recibir la prueba que es gratuita y confidencial.
“Todas las pruebas se recolectan y son enviadas a los laboratorios Fulgent Genetics”, de Temple City, informó Victoria Vielma, quien es técnico médico de emergencia.
Para ella, los jóvenes también son una población que causa preocupación, “porque piensan que son invencibles y sienten que están saludables y que nada les va a pasar”.
De hecho, Cal State University Long Beach puso en cuarentena a todos los estudiantes que viven en el campus, después que cinco de ellos dieran positivo a COVID-19, incluidos cuatro que viven en residencias universitarias.
“Nos enteramos de varios estudiantes que no prestaron atención a nuestra guía relacionada con las precauciones de COVID-19 y se congregaron socialmente fuera del campus a principios de este mes”, dijo en un comunicado, Jane Close Conoley, presidenta de CSULB.
En el curso de las próximas semanas y meses, los técnicos médicos viajaran en la unidad móvil COVID-19 para ir directamente a las comunidades de Long Beach donde viven los residentes inmigrantes y afroamericanos, particularmente en los códigos postales 90813; 90806; 90805; 90804 y 90802, donde se
han registrado la mayor cantidad de contagios.
Por lo pronto, la señora Lucia Martínez, quien trabaja como afanadora en una casa del complejo de departamentos Bisby Knolls, ya se sometió a la prueba del coronavirus.
“Los dueños de la casa donde trabajo me pidieron que les lleve el papel donde diga que no estoy contagiada”, contó.
Lo mismo pasó con Brandon Jones, un hombre afroamericano de 31 años, que es desamparado desde hace siete años y medio.
“En el centro de refugios quieren que les demuestre que no tengo el virus; de lo contrario me dijeron que no me dejarían entrar”, dijo el hombre, después que le aplicaron un hisopo por 10 segundos en cada una de las fosas nasales.
