Editorial de La Opinión: No a la Proposición 21

Editorial de La Opinión: No a la Proposición 21
La Proposición 21 no llevará a soluciones de vivienda inmediatas o a una ola de inicio de construcciones.
Foto: Cortesía

La Proposición 21 que los californianos decidirán el 3 de noviembre, permite la expansión municipal del control de renta como método para detener los aumentos de alquileres y prevenir el desalojo de inquilinos.

Es cierto:  a través de los años, mientras que los salarios en California se han estancado, los alquileres de viviendas han seguido subiendo. Y es un hecho que muchos miembros de nuestra comunidad encuentran difícil mes tras mes pagar la renta.

Incluso antes de que estallara el coronavirus.

Cerca de medio millón de californianos no han pagado sus rentas por tres meses o más. Cuando termine la moratoria del gobierno federal, el 31 de diciembre, o del gobernador de California, tendrán que irse. Lo sabemos.

Pero cuando estos centenares de miles de inquilinos no pagan, alguien más resulta damnificado: el pequeño arrendador.

Bien puede ser una corporación multimillonaria. Pero también un hispano emprendedor que ha logrado comprar tres unidades de vivienda pequeñas (la proposición exceptúa a dueños de hasta dos unidades) para alquilarlas y salir adelante. La proposición 21 pues se embarca en el razonamiento de que el gobierno debe intervenir en los acuerdos de alquiler defendiendo que el arrendatario no pague.

Su motivación de por sí no es mala: impedir que centenares de miles pierdan sus casas, y sean desalojados. Lo sabemos, y nos preocupamos con ellos. Pero no piensan en que la lógica y el buen gobierno imponen que el gobierno mismo indemnice a los propietarios. Por ejemplo, pagándoles la renta que el inquilino a su vez no puede pagar o al menos parte, hasta que pueda.

De otra manera, es el propietario que alquila que se queda sin poder pagar la hipoteca del predio, por lo cual puede a su vez perder la propiedad.

Los proponentes de la Proposición 21 describen con pasión lo terrible de la situación y los altos alquileres. Pero si pasa la medida, e incluso tomando en cuenta las partes positivas y de buena intención para ayudar a nuestra gente, hasta que comience a tener efecto pasará mucho tiempo.

Pero la solución al problema de los desalojos urge ahora, en este mismo momento. La relación entre el problema real existente y lo que proponen es indirecta.

Lo necesario ahora es obrar en dos direcciones: ayudar directamente a los pequeños propietarios y de esa manera, a los inquilinos, e inmediatamente iniciar una masiva ola de inicios de construcciones con participación gubernamental. Eso ayudará a parar el aumento de precios. Es necesario reducir por un plazo limitado y solamente en carácter de emergencia impedimentos legales que, aunque se han establecido para defender a la gente, contribuyeron para alargar los plazos y aumentar los costos.

Por eso llamamos a rechazar la Proposición 21 y buscar soluciones inmediatas.

Porque el problema principal no es solamente que la codicia de las corporaciones sube los precios más allá de lo factible y contribuye a llevar a la gente a la calle. Si solo fuera eso, las viviendas estarían hoy vacías.

El problema crítico es que no hay suficiente vivienda disponible, especialmente para gente de bajos recursos. La situación requiere una iniciativa masiva desde el gobierno para cerrar el déficit de inicios de construcción. Una iniciativa en la que quienes apoyan la Proposición 21 deben participar.

¡Vota no a la Proposición 21!

La Opinión