Defensores de la Prop. 21 dicen que ayudará a los controles de renta
Simpatizantes que se oponen a la medida indican que la propuesta afectará a los pequeños propietarios.
Actualmente los inquilinos hispanos gastan un 60% de sus ingresos en renta. (Suministrada) Crédito: Prop. Si a la 21 | Cortesía
Marina Cáceres ha vivido en su apartamento de dos recamaras en el área de Chinatown por los últimos 22 años. Debido a que el edificio no está bajo el control de renta el dueño les quiere subir su alquiler de $1,200 a $2,500.
Cáceres, de 64 años, vive con su esposo y dijo que para ellos sería imposible pagar esa cantidad. Para luchar contra esta alza de alquiler desmesurada, Cáceres dijo que votará este 4 de noviembre a favor de la Proposición 21.
“Esta es la proposición que nos va ayudar en el control de renta”, dijo Cáceres.
La Proposición 21 permite que los gobiernos locales de California implementen el control de alquiler en viviendas que fueron ocupadas por primera vez hace más de 15 años, con la excepción de los propietarios que no poseen más de dos casas con títulos distintos o intereses subdivididos.
Defensores de la Proposición 21 indican que el alza de alquiler en California afecta de manera desproporcionada a familias de bajos ingresos, personas de color, personas de la tercera edad y familias con niños.
Rene Moya, director de la campaña Sí a la 21, dijo que más de cinco millones de californianos están a punto de perder sus casas en los próximos meses y California es conocida como la capital de la indigencia.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California reportó que aunque el estado dorado ocupa el 12% de población en Estados Unidos, también tiene el 22% de la población indigente.
“Hemos llegado a un punto en que no hacer nada o seguir haciendo lo insuficiente cuando una crisis ha llegado a este nivel es escandalosamente irresponsable”, dijo Moya.
El director añadió que en el condado de Los Ángeles el inquilino típico hispano paga más del 60% de sus ingresos en renta. En San Francisco pagan más del 70%.
La proposición 21 propone tres puntos: limitar las rentas, preservar la vivienda de forma asequible y prevenir o limitar la indigencia.
El departamento de vivienda de Estados Unidos (HUD) indica que la gran mayoría de pequeños propietarios en todo el país son dueños de una o dos propiedades.
“Por eso nuestra propuesta excluye y exime a personas que son dueños de dos casas, además el 90% de las personas que son dueños de casas no tienen más de una propiedad”, dijo Moya. “Así que hay que ser muy claros, nuestra ley no afecta a la gran mayoría de las personas”.
La proposición Si a la 21 se está enfocando en los inversionistas y grandes corporaciones que están dominando las propiedades.
Moya dijo que el 30% de las compras de casas unifamiliares y departamentos están siendo compradas por inversionistas y corporaciones lo cual afecta el precio de la vivienda para todos.
“Lo que están haciendo los inversionistas es comprar casas en efectivo y las convierten en casas para renteros. No las están regresando al mercado para que se vendan a gente típica”, dijo Moya.
De aprobarse, la Proposición 21 reemplazaría la Ley de Alquiler de Viviendas de Costa-Hawkins, que fue aprobada en 1995. Antes de la promulgación de Costa-Hawkins, los gobiernos locales podían promulgar el control de los alquileres, siempre y cuando los propietarios recibieran un trato justo y razonable en el valor de sus propiedades de alquiler.
Bajo la ley Costa-Hawkins, los propietarios pueden aumentar los precios del alquiler a las tarifas del mercado cuando un inquilino se muda. La Proposición 21 requeriría que los gobiernos locales que adoptan el control de alquileres permitan a los propietarios aumentar las tarifas de alquiler en un 15% durante los primeros tres años después de una vacante.
No a la 21
Los oponentes de la proposición dicen que esto afectaría a pequeños dueños de propiedades que pudieran tener más de las dos lugares de renta mencionadas en la propuesta, pero mucho menos que la cantidad que poseen las grandes corporaciones.
Aseguran que si se aprobara la ley estos dueños se verían obligados a subir los alquileres en un 15% y otorgaría poder ilimitado para agregar tarifas a la vivienda, las cuales serían transferidas a los inquilinos.
De ser aprobada la ley, esta no cuenta con un plan para construir viviendas asequibles, detener los desalojos o lidiar con la falta de vivienda, indican los oponentes.
Votar no a la Proposición 21 continúa prohibiendo el control de alquiler en las viviendas que fueron ocupadas por primera vez después del primero de febrero de 1995 y las unidades de vivienda con títulos distintos, como las viviendas unifamiliares.
Luchando contra los grandes donadores
El miércoles la campaña Sí a la 21—que incluye al grupo Propietarios e Inquilinos Unidos para Mantener a las Familias en sus Hogares, patrocinado por AIDS Healthcare Foundation—presentó una queja en la corte superior de Los Ángeles contra tres comités políticos creados para financiar los esfuerzos para derrotar la Proposición 21.
Los demandantes afirman violaciones graves de la Ley de Reforma Política de California, incluyendo el posible “lavado de dinero” por parte de donantes y corporaciones.
Michael Bustamante, portavoz de la No a la Proposición 21 dijo que todas las contribuciones y los gastos han estado y siguen estando disponibles para que el público los vea siguiendo las leyes de divulgación de la Ley de Reforma Política.
Añadió que el viernes la comisión de prácticas políticas justas (FPCC) desestimó la denuncia de la campaña Si a la 21 por carecer de fundamento.
