Dueños de negocios, ¿cómo protegerse ante redadas de ICE?

Una de las mayores asociaciones de negocios del condado de Los Ángeles inició una serie de seminarios para para explicar a los propietarios de empresas de cualquier tamaño cómo prepararse ante potenciales redadas e inspecciones de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otras agencias federales.

El ICE, la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y agentes de los Departamentos de Justicia y del Trabajo –quien en su mayoría viste con chalecos y chamarras que dicen “policía”— pueden realizar inspecciones y redadas en centros laborales; no obstante, se tienen que apegar a ciertas reglas.

Todas esas instituciones hacen “visitas no planificadas” a los negocios, para inspeccionar formularios I-9, que contienen toda la información de seguridad social y fiscal de los trabajadores de cualquier empresa, de acuerdo con lo explicado este miércoles por el expositor del seminario, Mitchell Vieyra.

De una forma similar en la que diversas organizaciones de la sociedad civil educan a la comunidad con folletos y tarjetas de la campaña “conozca sus derechos”, el Instituto BizFed, presenta en un seminario derechos y formas en que los empresarios pueden responder a redadas.

El Instituto BizFed, que representa a cámaras de comercio, asociaciones de negocios hispanos y de minorías, y a unas 434 compañías del área de Los Ángeles, “educa, involucra y equipa a los dueños de negocios con el conocimiento, las conexiones y los recursos necesarios para crear una economía regional sólida”, dice su portal.

A tener en cuenta

Vieyra explicó que para que los agentes realicen “visitas no planificadas” o redadas, tienen que presentar a las empresas, independientemente de su tamaño, “una orden firmada por un juez federal o superior estatal”.

Muchas veces los agentes intentan confundir al mostrar órdenes administrativas, que gira el Departamento de Seguridad Interior (HSD) pero que carecen de la autoridad que tienen las que giran los magistrados.

De acuerdo con Vieyra, cuando los agentes presentan una orden de inspección de los I-9 (verificaciones de empleo) pero solo firmada por un juez, los empresarios tienen tres días para organizar los documentos que presentarán, antes de que los agentes de migración u otras agencias lleguen directamente al centro de trabajo.

Agregó que es aconsejable que las empresas tengan contacto con algún abogado de migración con experiencia en asuntos laborales.

Los empresarios, para proteger los centros de trabajo y a sus empleados, “deben de contar con un plan sobre lo que van a hacer –si se presentan agentes a una redada—y estar en contacto con algún experto”, explicó.

Vieyra comparó las inspecciones, redadas o visitas no programadas de agentes de migración a las empresas para revisar los I-9, como el mismo trabajo que realiza el Servicio de Recaudaciones Internas (IRS) al revisar las declaraciones tributarias.

Advirtió que si en las redadas y revisiones se detectan fallas a los I-9, los empresarios podrían enfrentar cargos criminales.

“Lo más importante que [los empresarios] pueden llevarse de este webinario (seminario) es el consejo de tener como contacto a un abogado especializado en migración, en el campo del empleo, que pueda ayudar en un eventual momento de crisis”, dijo el ponente.

Otra recomendación es que las empresas entrenen a sus empleados que están físicamente al frente, para que sepan qué hacer en caso de que se presenten agentes de migración, ya sean recepcionistas, personal de seguridad o encargados de recibir al público, entre otros representantes.

Destacó que uno de los mejores argumentos cuando se presentan situaciones de visitas no programadas es que los empleados que se encuentran al frente sepan que “estas son instalaciones de propiedad privada y que [los agentes] no pueden pasar”.

La recomendación es que los negocios pongan a la vista letreros o señalamientos que demarquen claramente que “esta es un área privada y no pueden ingresar si no es con un permiso”.

También es importante que esos empleados conozcan la diferencia entre una orden firmada por un juez y una orden administrativa, que es del HSD a sus empleados.

El Instituto BizFed, que antes ha presentado seminarios sobre medio ambiente, alojamiento, educación de migrantes y desarrollo dela fuerza laboral, explica que en ese plazo las empresas pueden hablar con sus trabajadores y con sus sindicatos, si se trata de negocios grandes.

Después de las inspecciones o redadas, las empresas tendrían un plazo de 10 días para responder a acusaciones y fallas en caso de que los agentes encuentren alguna anormalidad.

En California los empleadores tampoco deben firmar nada que los agentes les entreguen sin antes estar seguros o consultar con un abogado.