Residentes de la ciudad de Bell protestan para evitar ser desalojados

Decenas de residentes de la comunidad de Bell llegaron al ayuntamiento –dos días antes de la Navidad- para protestar la posible venta de los terrenos donde se asientan sus hogares móviles y de esa forma impedir ser desalojados.

“¡Bell no se vende, se ama y se defiende!”, “¡No más corrupción!” o “Tener un techo es un derecho”, fueron solo algunas de las consignas que gritaron decenas de residentes la noche del miércoles, antes, durante y después de su última sesión legislativa del año de los concejales

El espacio habitacional que se está defendiendo es el Parque Residencial de Casas Rodantes y Vehículos Recreacionales de Florence Village, ubicado en el 5162 de la avenida Florence.

La protesta fue tan intensa que provocó que el Departamento de Policía de la ciudad asignara oficiales para resguardar las casas de los funcionarios de gobierno.

La venta se haría en el futuro

De acuerdo con el aviso de audiencia pública del miércoles, el alcalde Alí Saleh y los concejales Alicia Romero, Mónica Arroyo, Ana María Quintana y Fidencio Joel Gallardo analizarían la presunta reubicación del parque residencial, pero al final, el administrador interino de la ciudad, Paul Phillips, les recomendó al Concejo no tomar ninguna acción, por ahora.

Días antes, una notificación fue enviada -8 de diciembre- a los residentes, firmada por el administrador interino de Bell, Paul Phillips, especifica la intención de las autoridades de “potencialmente vender del Parque Residencial de Casas Rodantes y vehículos Recreacionales de Florence Village en el futuro”.

En dicho documento, -cuya copia en inglés y español fue entregada a este diario por los manifestantes- sugiere la aprobación de un “Informe del Impacto para la Reubicación”. Este informe no ha sido dado a conocer a los residentes.

“Nadie va a ser desalojado; no tenemos planes todavía”, dijo a La Opinión, el administrador Paul Phillips, en entrevista previa a la sesión del cabildo.

“Si la propiedad se vende en el futuro, el asunto [del desalojo] será entre los inquilinos y el [nuevo] propietario”, añadió el funcionario.

Tanto el alcalde como los concejales no respondieron a preguntas específicas sobre el tema.

¿Quién quiere vender?

“¡Recall, Recall, Recall!” (¡“Destitución, Destitución, Destitución!”), clamaron los manifestantes, quienes aseguraron a La Opinión que los líderes de la ciudad, encabezados por el alcalde Saleh han creado una crisis financiera en la ciudad para justificar el eventual desplazamiento de las familias pobres y la posible venta del terreno donde tienen sus viviendas.

No obstante, señalaron que por varios años la ciudad se ha negado a rentar al menos unos 50 espacios vacíos en Florence Village, que bien pudieron haber generado $1.3 millones anuales en ingresos para las arcas de la ciudad.

“El más interesado en vender es el abogado de la ciudad, Dave Aleshire, un amigo del alcalde Ali Saleh”, indicó Merli Albizures, una mujer de origen guatemalteco que lleva casi dos décadas luchando contra la corrupción en Bell.

Hace una década, Ali Saleh y la ahora asambleísta Christina García formaron el grupo BASTA (Asociación Bell para Detener el Abuso), con la representación legal de Aleshire, mismo que llevó a corte al administrador acusado de corrupción Robert Rizo. Más tarde, el abogado fue contratado por la ciudad cuando Saleh se convirtió en alcalde.

“Yo inicié la lucha del pueblo, pero Ali me ganó la partida”, dijo Albizures. “El tenía su amigo abogado para hacer el proceso de destitución y cuando se convirtió en alcalde, a cambio de ese favor lo metió en nuestra ciudad y muy bien pagado, mientras que a nosotros nos cuesta la tranquilidad mental y emocional de no poder dormir porque en cualquier día amaneceremos como desamparados en las calles”.

Aumentos al alquiler

De acuerdo con el administrador, la Autoridad de Vivienda de la Comunidad Bell (BCHA) tiene tres opciones: seguir como están y en el 2021 subvencionar los parques de casas rodantes con dinero del fondo general de la ciudad; incrementar el alquiler mensual a una cantidad aproximada de $1,300; o vender el parque.

Actualmente la gran mayoría de las casi 250 familias que viven en el parque de viviendas rodantes son de escasos recursos y pagan de $700 a $900 mensuales.

Supuestamente, los pronósticos financieros indican que, debido a que algunos residentes no han pagado el alquiler, afectados por la pandemia del coronavirus o la pérdida de trabajo, la agencia BCHA “se quedará sin reservas este año entrante, y desea fijar protecciones antes de empezar el proceso de venta”.

En el 2018 la ciudad de Bell recibió un reembolso de $24.6 millones que representó el regreso de la ciudad al mercado de deuda pública después de que estalló el escándalo de corrupción en 2010 con Robert Rizzo contra quien luchó el alcalde actual, Ali Saleh y el abogado Aleshire, quienes ahora son el blanco del descontento de la gente y sus aliados en el concilio.

Tristeza y alegría

“Estoy asustada no por el virus, sino por el impacto de la noticia de que nos quieren echar a la calle”, dijo Kunti Bowers, madre soltera de tres hijos, Krishan, Balarama y Narayan, quienes viven en una casa rodante en Florence Village y acudieron a la protesta.

“Que no hayan tomado acción los concejales la noche del miércoles es una pequeña luz al final del túnel, pero no nos vamos a quedar callados”.

La señora Bowers, quien se desempeñaba como cajera, dijo a La Opinión que perdió su trabajo hace meses y no ha podido conseguir otro empleo.

“No tengo a donde ir con mis tres hijos”, indicó en medio de lágrimas. “Con la crisis de salud y sin trabajo, es inhumano que nos quieran desalojar. Si piensan en reubicarnos, no habría otro lugar en toda California donde yo pueda pagar $800 a $900”.

Edgar Álvarez, de 21 años, un estudiante de mecánica denunció que la unidad sencilla donde vive con su madre, Rosa María, quien está enferma de artritis y padece lupus “ni la arregla la ciudad, ni nos dejan arreglar el problema de moho”.

“Nosotros quisimos rentar un apartamento de dos recamaras que tenemos al lado; nos dijeron que tendrían que arreglarse, pero pasaron años y nunca nos dieron permiso, ni tampoco ellos quisieron hacer los arreglos”, expresó.

Antonio Robles y su esposa María Flores, describieron que en Florence Village residen personas mayores de 80 años que viven con ingresos limitados “y es injusto lo que quieren hacer”.

“Una concejal vino personalmente para que votara por ella, pero ni siquiera sabía del problema que vivimos con el terreno que quieren vender”, dijo el señor Antonio. “Si lo hacen, yo no podría sacar mi traila porque se haría pedazos”.

Por ahora, se sienten aliviados que no serán desalojados, pero la probable venta del terreno donde viven no los ha apartado del todo del peligro de terminar en la calle, expresaron.

“En Bell no hay lugar para oportunistas; no hay lugar para dictadores; no hay lugar para privilegiar a particulares”, decía la pancarta de una joven manifestante. “A todos por igual, justicia”.