Huachicoleros, imparables y listos para controlar a políticos

La ordeña de ductos de Pemex a lo largo y ancho del país por parte de huachicoleros, sigue siendo una realidad y un boyante negocio al margen de la ley 

Huachicoleros, imparables y listos para controlar a políticos
La ordeña de ductos de Pemex es un negocio muy redituable para los huachicoleros. Autoridades mexicanas realizan operativos para combatir este delito.
Foto: Agencia Reforma

MEXICO.-  Llegaron desde el céntrico estado de Hidalgo con toneladas y toneladas de verduras. Zanahorias, coles, lechugas, cebollas… hasta sumar 200,000 kilos para entrega gratuita, según se dijo en redes sociales. Agricultores que de un día para otro aparecieron como un milagro para ayudar “en tiempos de pandemia”.

Fue en algunas comunidades del estado de Oaxaca; la dádiva, provenía de Puebla. Específicamente de los campos agrícolas  de Tochoapan, una región donde se mezcla por igual  la agricultura y otra actividad menos noble: el robo de combustible o mejor conocido en  la  jerga popular como “huachicol”.

Los citaron en espacios conocidos por todos los pobladores y  ahí se presentaron. “Dadas, hasta las puñaladas”, dijeron algunos mientras llenaban bolsas, costales y cajas, mientras escuchaban entre susurros un nombre: Antón Valente Martínez.

La prensa local acusó a ese hombre de ser el presunto promotor de la iniciativa de regalar las verduras a la gente  y de ser integrante de un grupo delictivo especializado en perforación de ductos.“Un Robin Hood huachicolero”.

Porque los huachicoleros se mueven con plata para ganarse simpatías y  así mantienen en pie el robo de combustible como uno de los delitos recurrentes en México a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les declaró  la guerra al inicio de su administración.

La ordeña de los ductos a lo largo y ancho del país sigue siendo una realidad y un boyante negocio al margen de la ley  que da para mucho: a principios de 2019, las cifras oficiales reportaban pérdidas por 3,250 millones de dólares anuales para Petróleos Mexicanos, la compañía paraestatal que  es uno  de los pilares de las finanzas públicas del  país.

El presidente dijo recientemente que las cifras se redujeron desde 81,000 barriles robados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, su antecesor, a 6,000 barriles diarios reportados en septiembre, pero no existe un mecanismo de verificación de la información que compruebe esta reducción.

En los primeros días de enero de este año, las fuerzas federales reportaron 26 tomas clandestinas y recuperaron más de 108,000 litros de diversos hidrocarburos que habían sido robados de diversas instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en seis estados de la República.

La acción más relevante ocurrió al norte del país en Nuevo  León, donde se detuvo a un hombre que conducía un tractocamión con doble cisterna que transportaba 56,700 litros de hidrocarburos, cuyo origen legal no pudo comprobar.

Al sur del país, en el ejido Rafael Pascacio, municipio de Reforma, Chiapas, se encontró abandonado otro tractocamión con un tanque cisterna que contenía 33, 600 litros de gas LP entre otros hallazgos  con consecuencias desastrosas.

Similares casos ocurren en otros estados. El subsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Ricardo Mejía Berdeja,  reconoció en una conferencia  de prensa  que Hidalgo, una entidad vecina de la  capital mexicana, encabeza la lista de robo de combustible según el número de carpetas de investigación abiertas ante el ministerio público durante 2020: casi 2, 500.

Puebla se encuentra en segundo lugar con 2,382; el Estado de México en el tercer lugar con 2,344 denuncias. El funcionario federal dijo que siete estados concentran el 72% del robo de hidrocarburo en el país. Demás de los tres primeros, están: Veracruz, Guanajuato, Tabasco y Nuevo León.

ESTELA

Una de las repercusiones del huachicoleo es la inseguridad. La violencia en el  estado de Guanajuato  —donde los asesinatos violentos se cuentan a la  orden de 13 por día con sólo seis millones de habitantes —, sería imposible de entenderse sin la expansión y consolidación  de organizaciones dedicadas al hurto de combustible.

Desde León a Celaya, Irapuato, Salamanca, Cortázar, Pénjamo: ningún municipio guanajuatense se escapa a pesar de la captura en agosto pasado de José Antonio Yépez “El Marro”, uno de los huachicoleros más buscados.

El Marro desangró la localidad en enfrentamientos violentos con el Cartel Jalisco Nueva Generación que disputaba el territorio donde él tenía su residencia con jardines, albercas, caballerizas, y… ¡hasta su propia toma clandestina de combustible!

Después de su aprehensión, algunos familiares y subordinados lo sustituyeron y las batallas continúan con un desparpajo de cuerpos, balaceras, secuestros…

Al desmembramiento de una célula o la captura de un capo sigue una estela de barbarie que se repite una y otra vez: el año 2020 fue el más violento en toda  la historia de  México con más  de 40,000 asesinatos; muchos de ellos, por huachicoleo.

En días pasados, el  hallazgo de un túnel en Otumba, Estado de México, terminó con el asesinato  de cinco albañiles que habían trabajado en la zona. Los soldados encontraon una toma clandestina de combustible y, al explorar el lugar, se toparon también con una cavidad de aproximadamente 50 centímetros de ancho por 1.50 metros de alto y una longitud de 200 metros.

El túnel pasaba por debajo de las vías del ferrocarril, a través de unos cultivos de nopal y terminaba en un terreno integrado a una casa habitación, donde los huachicoleros conectaron una manguera de alta presión de 500 metros de largo y aproximadamente dos pulgadas de diámetro finalmente  inhabilitada por el ejército antes de que asesinara a los albañiles que trabajaron en la obra.

RAZONES

En diversas  entidades  del  país, las  autoridades reconocen que los huachicoleros y otras organizaciones criminales mantienen el control  del  territorio  a través de meter miedo a la  población con asesinatos  de sus críticos o delatores. También con presión, compra o cohersión  de votos para imponer a sus candidatos.

En fechas recientes, el gobernador del estado de  Puebla, Miguel Barbosa, reveló tras la detención del líder huachicolero apodado “El Moco” que éste fue detenido cuando transportaba despensas hacia el vecino estado de Hidalgo donde se celebrarán elecciones como Antón Valente hizo con las verduras  de Puebla  a Oaxaca.

“Estamos atentos, porque al parecer las bandas dedicadas al robo de combustibles están apoyando a algunos aspirantes a candidaturas para el próximo proceso electoral en la Sierra Norte y todo el estado”.

Para analistas de seguridad como Guadalupe  Correa,  profesora asociada en la Universidad de George Mason, la ausencia  de castigo  y   ataque  a los  criminales  hace que cualquier delito se perpetue y más  aún si cuenta con el respaldo político.

“Esto es todo un negocio que involucra a muchísimas dependencias, a muchísima gente. No estamos hablando sólo de narco, huachicoleros que venden a menudeo el producto, estamos hablando de toda una industria que involucra a muchísima gente. Todos esos intereses van a estar dañados y se van a reacomodar si realmente no se toman las acciones que se deben tomar y se continúa con la impunidad”.

En los  pocos casos  en los  que ha habido un castigo ejemplar, las sentencias  han estado más  relacionadas a homicidios que al robo de hidrocarburos.

El 20  de diciembre pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 50 años de prisión en contra de cuatro personas que participaron en el homicidio de elementos del Ejército Mexicano, durante un enfrentamiento suscitado en 2017 en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan del municipio de Quecholac, donde operaba una  banda dedicada al robo de combustible, secuestros y homicidios

Otros casos, en cambio, se estancan o les faltan pruebas, salen libres o sin sentencias como en el  caso  del ex funcionario de Enrique Peña acusado por  el gobierno de  AMLO del mayor saqueo a Pemex en la historia de México: Eduardo León Trauwitz, quien, en lugar de establecer acciones de protección frente amenazas y riesgos, armó una red de protección  a los huachicoleros.

Para analistas del tema de seguridad como Guadalupe  Correa, profesora asociada en la Universidad de George Mason, la prevalencia del robo de combustible, como la de otros delitos, está relacionada a la falta  de  combate  a las  complicidades  de las altas  esferas políticas así como a las finanzas.

” No estamos hablando sólo de huachicoleros que venden a menudeo el producto, estamos hablando de toda una industria que involucra a muchísima gente, incluyendo funcionarios y políticos. Todos esos intereses van a estar dañados y se van a reacomodar si realmente no se toman las acciones que se deben tomar y se continúa con la impunidad “.

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