Nueva ley que ayuda con rentas atrasadas trae alivio, pero la señalan de deficiente

"Nuestros representantes nos han puesto una bola de 'curitas' en una herida grave", dice Elena Popp de la Red de Defensa de Desalojos

CDC volvió a prohibir recientemente los desalojos en todo el país.

El gobernador Gavin Newsom aprueba ley para ayudar a los inquilinos con el pago de la renta atrasada. (Getty Images) Crédito: ANGELA WEISS | AFP / Getty Images

Gabriela Carmona debe alrededor de $8,000 de renta atrasada por la casa en la que vive con su esposo y sus seis hijos en el sur de Los Ángeles. Así que se sintió aliviada cuando se enteró que el gobernador de California, Gavin Newsom, dispuso de $2.6 mil millones en fondos federales para pagar a los caseros el 80% de las rentas atrasadas de los inquilinos afectados con problemas financieros a causa de COVID-19.

Está muy bien esa nueva ley porque para es muy difícil juntar todo ese dinero que debemos de la renta. Estamos batallando mucho, y no solo vamos atrasados con el pago de la renta sino con el de la luz y el gas”.

El esposo de Gabriela trabajaba de mesero en un restaurante de comida francesa en West Los Angeles. “Le iba bien con su sueldo y las propinas, pero al perder el trabajo cuando vino la pandemia, todavía alcanzamos a pagar la renta de abril. Luego no pudimos volver a pagar hasta agosto que fue cuando mi esposo consiguió trabajo en la construcción. Pero el sueldo de $600 a la semana es muy bajo, y no hemos podido recuperarnos; y en ocasiones, no nos alcanza para pagar el monto total de la renta”.

Por esa razón, considera que la asistencia que el gobernador planea darles para que se pongan al parejo con el alquiler atrasado, sería “un desahogo” a su lucha diaria por pagar sus cuentas y llevar comida a la mesa.

El gobernador Gavin Newsom hizo ley este viernes una iniciativa para disponer de $2.6 millones en fondos federales, con los cuales pagar hasta 80% de la renta que deben ciertos inquilinos con problemas financieros a causa de COVID-19 en California.

La ley SB 91 obtuvo apoyo bipartidista en la legislatura estatal para pagar hasta 80% de la renta atrasada acumulada entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

El dueño de vivienda de renta que acepte el dinero federal tendrá que aceptar, olvidarse del 20% del alquiler no pagada en ese periodo. Si el casero no acepta este arreglo, el máximo subsidio que le pueden dar, será solo de 25%.

Los propietarios de vivienda rentada quieren que el estado les pague lo más rápido que puedan el 80% de las rentas no pagadas. (Aurelia Ventura/La Opinión)

Ampliación de moratoria

El gobernador Newsom también amplió la moratoria de desalojos en el estado hasta el 30 de junio, para proteger a millones de californianos que están sufriendo como resultado de los problemas económicos que trajo la pandemia. 

“Una vez más, California lidera el camino en la promulgación de las más fuertes protecciones contra el desalojo en la nación, lo cual proporcionará alivio a millones de californianos que están lidiando con dificultades financieras por COVID-19”, afirma el gobernador Newsom.

“Esta ley no solo proporciona el apoyo necesario para los inquilinos sino que también da alivio a los pequeños propietarios para que paguen sus hipotecas, gracias a $2.6 mil millones en fondos del estímulo federal”.

La SB91 reemplaza la ley AB 3088 que termina este domingo, y que dio a los inquilinos afectados con COVID, hasta el 31 de enero para pagar 25% de la renta acumulada desde el 1 de septiembre de 2020 sino serían desalojados.

El gobernador Gavin Newsom firma nuevas leyes para ayudar a inquilinos y caseros afectados por COVID-19. (Getty Images)

Reacciones encontradas

Kenny Vieras, una madre soltera de dos menores de 9 y 7 años, quien no ha podido pagar la renta incluso desde diciembre de 2019 antes de la pandemia, debido a que fue despedida en un recorte de personal, no se siente protegida bajo la nueva ley AB 91, ya que dice que la asistencia para pagar el 80% del alquiler atrasado, es opcional para los dueños de las vivienda de renta. “Me pone nerviosa que mi casero no la acepte”, dice Kenny quien vive aterrada de quedarse en la calle en medio de la COVID-19.

“Mis tres hijos y yo nos acabamos de enfermer de COVID y sería muy triste convertirnos en desamparados. Somos muchas familias los que estamos sufriendo en Los Ángeles. No hay empleos y siento que esa nueva ley no nos da seguridad. Tienen que hacer la asistencia obligatoria para que la acepten todos los caseros.”

Las reacciones a la nueva ley han sido críticas entre  representantes de los inquilinos quienes dicen que si bien ofrece protecciones, también tiene sus deficiencias.

Elena Popp, directora de la organización Eviction Defense Network, afirma que la ley AB 91 no es una moratoria. “No hay moratorias. Los desalojos se pueden archivar y el alguacil está desalojando inquilinos. Esta nueva ley extiende las protecciones de la ley AB 3088 que tampoco fue una moratoria”. 

Afirmó que la ley AB 91 ayuda pero no es la solución. “Los desalojos han aumentado 73% después de que la AB 3088 reemplazó la Regla 1 del Concilio Judicial Estatal que fue un torniquete bastante eficaz . El tsunami está por llegar”.

En diciembre se presentaron 13,976 solicitudes de desalojo en el condado de Los Ángeles.

Debra Carlton, vicepresidenta de asuntos públicos de la Asociación de Apartamentos de California sostiene que muchos caseros no han recibido el pago de la renta por más de un año, y algunos propietarios están a un paso de perder sus casas. “La administración tiene que trabajar rápido para pagarles en la tasa prometida, 80% de la renta que debe el inquilino”.

Agrega que lo que no está cubierto por esta legislación son situaciones en las que los inquilinos no cooperan. “La ley no ayuda en los casos donde el inquilino no ha pagado, gana más del 80% del promedio de ingresos en el área, o no se ha comunicado con el casero. Estamos pidiendo al estado que ayude a los propietarios en estas circunstancias con políticas y dólares”.

La nueva ley presenta muchos requisitos para obtener la asistencia para pagar la renta, dicen defensores y caseros. (La Opinión)

Para calificar para esa asistencia federal, la renta adeudada debe ser de un inquilino que gane menos del 80% del ingreso medio del área en 2020, indica la ley.

Según la Agencia de Vivienda, Servicios al Consumidor y Negocios, los caseros e inquilinos pueden solicitar el dinero a partir de marzo de 2021. 

La SB91 también establece una fecha límite hasta el 28 de febrero para que los caseros den avisos con información específica a los inquilinos que están retrasados desde el 1 de febrero de 2020.

Silvia Argueta, directora de Legal Aid Foundation, dice que la moratoria protege a los inquilinos. “Hay mucha gente desempleada y sin ingresos. Por eso, esta nueva ley es bienvenida, y si hay más fondos, podrá ayudarles con el pago de las rentas entre abril y junio”.

Si bien , señala, que se pueden archivar solicitudes de desalojo en la corte, y los caseros están buscando excusas para sacar a los inquilinos con pagos atrasados como acusarlos de hacer ruido, destruir la propiedad y tener más gente de la permitida en la casa, hay un acuerdo con el alguacil hasta el 31 de enero que esperan que se extienda, para que no ejecute los desalojos.

El desempleo hizo que muchas personas se quedarán sin poder pagar el alquiler de sus viviendas. (Getty Images)

Demasiados requisitos

La defensora de inquilinos, Popp afirma en que las leyes AB 3088 y AB 91 tienen muchos requisitos y los inquilinos no están suficientemente informados. “La solución son menos requisitos”. Pero además, señala que la provisión del 80% es voluntaria y costosa. “La solución es hacerla mandatoria, y dar un porcentaje más bajo para que alcance el dinero”.

Y más que todo, destaca que necesitamos la Regla 1. “La regla 1 detuvo los desalojos en 2020 porque la corte se rehusó a dar una notificación judicial, y sin esa citación no se puede mover el caso adelante. Los dueños archivaron menos desahucios como consecuencia“.

De acuerdo a Popp, si de verdad queremos ayudar medianamente necesitamos una verdadera moratoria contra desalojos; una prohibición completa contra de éstos; parar los procesos que están en corte; y que el alguacil deje de hacer cumplir las órdenes.

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