Inician boicot contra los supermercados Ralphs y Food 4 Less en Long Beach

Activistas culpan a la compañía Kroger de “codicia” y no querer responsabilizarse del llamado “pago de héroe” de $4.00 a sus trabajadores esenciales durante la pandemia.

Inician boicot contra los supermercados Ralphs y Food 4 Less en Long Beach
Koko Dodson grita a todo pulmón: “Kroger…, la gente sobre las ganancias”.
Foto: Jorge Macías / Impremedia

Hamilton Cerna, un nuevo residente de la ciudad de Long Beach estaba perplejo de ver una ruidosa protesta frente a una tienda Ralphs en Long Beach, donde activistas comunitarios iniciaron un boicot contra esos supermercados y las tiendas Food 4 Less, propiedad de la empresa Kroger.

Kroger, que posee 465 supermercados Ralphs en el sur de California y unas 50 tiendas de comestibles bajo la bandera de Food 4 Less en el sur de California, Illinois, Indiana y Nevada, anunció el cierre de dos de sus instalaciones en Long Beach, como respuesta a la ordenanza que emitieron las autoridades locales para el “pago de héroe” de $4.00 por hora a los trabajadores esenciales.

En Seattle, la cadena de supermercados Quality Food Centers, propiedad de Kroger, también cerrará dos tiendas el 24 de abril, debido en parte a una nueva ley que exige un “pago por riesgo” o “pago de héroe” para los empleados de primera línea que hayan seguido trabajando durante la pandemia del coronavirus.

Anthony Bryson es activista y fundador de Community Organization Revolutionary & Equality. (Jorge Macías)

Se unen al boicot en Long Beach

La ciudad de Long Beach fue la primera en California que introdujo la medida que requiere que algunos minoristas de comestibles otorguen a los trabajadores un aumento salarial temporal por hora durante la pandemia. La política adoptada tendría una duración de 120 días.

Con el cierre permanente de Ralphs, ubicado en el 3380 N. Los Coyotes Diagonal, y un Food 4 Less, que se localiza en el 2185 E. South St. el próximo 17 de abril, aproximadamente 20 trabajadores serian reubicados y180 perderían el empleo.

“No vuelvo a comprar en esta tienda y creo que iré mejor a otra parte”, dijo Hamilton Cerna, un inmigrante de raíces nicaragüenses que recientemente se mudó a Long Beach.

Perplejo, Hamilton miraba la protesta frente al supermercado de Ralphs y escuchaba cada palabra del activista Anthony Bryson, fundador de C.O.R.E. (Community Organization Revolutionary & Equality) iniciador del boicot

A.J. Medal dijo que se debe luchar contra la “guerra” de las cadenas de supermercados contra la clase media.

“La realidad es que estas grandes corporaciones le fallan a nuestra gente que trabaja todos los días, que arriesga su vida durante la pandemia, y no es justo que les nieguen ese poco dinero que piden, aparte que es algo temporal”, añadió Cerna, de 39 años, quien trabaja en el sector financiero.

El pequeño grupo de activistas se congregó frente al supermercado Ralphs ubicado en el 6290 Pacific Coast Highway de Long Beach, porque consideraron que es el sitio donde mayor volumen de ventas tiene la empresa Kroger.

“No al dinero a cambio de las personas”, “Pago por riesgo”, “Poder para la gente”, “No guerra, sino guerra de clases”, fueron algunos de los lemas que gritaron a través de megáfonos.

“Tenemos entendido que 20 trabajadores que tienen señoría serán reubicados en otras tiendas, pero 180 serán despedidos”, informó a La Opinión, Anthony Bryson. “Ellos tienen miedo de hablar por temor a represalias, aun sabiendo que tienen tres veces más de contagiarse de COVID-19 que otros trabajadores”.

Demandas son ‘tácticas de miedo’

El 20 de enero la Asociación de Tenderos de California (CGA) entabló una demanda contra la ciudad de Long Beach para impugnar una ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Long Beach que exige un pago adicional de $4.00 por hora adicional para un grupo selecto de empleados de tiendas de comestibles. La demanda, presentada en el tribunal federal de Los Ángeles, solicita al tribunal que declare la ordenanza inválida e inconstitucional.

Hamilton Cerna dijo que ya no compraría más en Ralphs. (Jorge Macías)

De acuerdo con la CGA, los mandatos en Long Beach y otras ciudades violan la Ley Nacional de Relaciones Laborales y las cláusulas de protección igualitaria en las Constituciones de Estados Unidos y California. La CGA también está buscando una orden judicial preliminar para detener la implementación de la ley hasta que un juez pueda fallar sobre los méritos de su demanda.

La demanda de la CGA alega que la política adoptada es  ilegal de dos maneras principales: 1) Al señalar a ciertos tenderos e ignorar a otros grupos que emplean a trabajadores esenciales de primera línea, viola la Constitución de Estados Unidos y las cláusulas de protección igualitaria de la Constitución de California, que requieren personas en situación similar para ser tratadas por igual; y 2) la ordenanza es sustituida por la Ley Federal de Relaciones Laborales Nacionales, que protege la integridad del proceso de negociación colectiva.

“Definitivamente, esas son tácticas de miedo”, consideró Anthony Bryson. “Por eso vamos a movilizar a la comunidad porque ellos son negligentes al no querer mostrar la más mínima compasión por la gente que los hace ricos”.

Koko Dodson, también parte de C.O.R.E., consideró que el cierre de las dos tiendas de la compañía Kroger “será algo devastador y una carga de $2 millones para la ciudad de Long Beach” en pagos por desempleo.

“El pago de héroe que se pidió es temporal por la pandemia”, dijo. “Pueden hacerlo, porque las ventas digitales de Kroger aumentaron 92% y sus ventas totales durante la pandemia se incrementaron 14% a $42,000 millones”.

“Muestran su codicia”

Tery Mondor, una empleada de Ralphs de 55 años, declaró a La Opinión que ha trabajado casi cuatro décadas con dicha empresa en la cual ha llegado a devengar un salario de $22.00 por horas, “pero muy pocos llegan a ganarlo”.

“En este lugar [6290 Pacific Coast Highway] supe de al menos 10 compañeros de trabajo que se enfermaron de COVID-19, sobre todo porque al principio no había equipo de protección, y afortunadamente nadie murió”, dijo. “Ahora que no quieren respetar el pago de héroe y con ello solamente muestran su codicia”.

Otras ciudades que siguieron el ejemplo del pago de héroe o pago por riesgo para trabajadores esenciales de supermercados fueron Montebello, -que también ya fue demandada por la CGA-, mientras que Los Ángeles y Pomona han trabajado en ordenanzas similares, aunque están a la expectativa de la conclusión de los litigios en la corte.

“Lo que Kroger hace con sus trabajadores es horrible, cuando en realidad lo que deberían recibir es compasión y no establecer venganza contra ellos”, opinó Hanna Howe, una socióloga de 22 años que es parte del Partido Comunista de Estados Unidos (CPUSA), quien participó en el boicot.

“Lo que ellos quieren es seguir explotando las necesidades de los trabajadores”, agregó Steven Estrada, un asistente legal, también miembro del CPUSA. “Eso es parte de los defectos del capitalismo que siempre toma ventaja de la gente, mientras unos pocos se llenan las bolsas de dinero”.

Los activistas, que también se manifestaron frente al Food 4 Less del 2185 E. South St. en Long Beach, adelantaron que sus protestas se repetirán en las próximas semanas en Long Beach, Los Ángeles y San Francisco.

Al cierre de esta edición, John Votava de Ralph’s y Vanessa Rosales de Food 4 Less no habían contestado a los llamados de La Opinión; no obstante, reproducimos una declaración de los supermercados sobre el tema.

“Como resultado de la decisión de la ciudad de Long Beach de aprobar una ordenanza que exige un pago adicional para los trabajadores de la tienda de comestibles, hemos tomado la difícil decisión de cerrar de forma permanente las tiendas de Long Beach que han tenido problemas durante mucho tiempo”, dijo un portavoz de la compañía Kroger el 1 de febrero, a través de un comunicado. “Esta acción equivocada del Concejo Municipal de Long Beach traspasa el proceso de negociación tradicional y se aplica a algunos, pero no a todos, los trabajadores de supermercados de la ciudad”.

Agregaron que “el daño irreparable que sufrirá los empleados y los ciudadanos locales como resultado directo del intento de la ciudad de Long Beach de elegir ganadores y perdedores, es profundamente lamentable”, continuó el portavoz de la compañía. “Estamos realmente entristecidos de que nuestros asociados y clientes sean, en última instancia, las verdaderas víctimas de las acciones del ayuntamiento”.