Buscan poner fin al robo de salarios de los costureros

Senadora María Elena Durazo propone proyecto de ley para terminar con las violaciones a los trabajadores en esta industria.

En foto de archivo de 2016, los trabajadores de la costura exigen mejores salarios a Ross.

En foto de archivo de 2016, los trabajadores de la costura exigen mejores salarios a Ross. Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

El proyecto de ley SB 62 de la senadora María Elena Durazo (D-Los Ángeles) puede ser la respuesta para que trabajadores de la costura dejen de cobrar por pieza confeccionada, se ponga un alto al robo de salarios y las grandes compañías de la moda sean responsables de ofrecerles un salario mínimo en California.

“He trabajado por 30 años en la industria de la costura; trabajaba de 60 a 65 horas para una compañía que distribuía a las tiendas Ross y apenas ganaba de $300 a $320 semanales”, dijo Pedro Montiel, un guerrerense de 52 años, durante una videoconferencia organizada por el Garment Worker Center del Centro de Los Ángeles, (GWC) un grupo de defensa laboral.

“En la compañía solamente nos daban media hora de almuerzo, no había descansos, nos maltrataban, nos gritaban y nos aventaban el trabajo que querían que sacáramos rápido”, narró Montiel.

“Eran bien estrictos y ni siquiera podíamos pararnos para ir al baño”, añadió, e indicó que después de una visita de inspectores del Departamento del Trabajo, les preguntaron a 80 o 90 trabajadores sobre sus sueldos y si les pagaban horas extras, a lo cual respondieron que no.

Pedro Montiel, un costurero de 52 años.

“Les dijimos que ganábamos por pieza en muchas horas de trabajo; después el dueño nos reunió a todos y nos dijo que iba a cerrar la fábrica…nunca más supimos de ellos, y por eso denunciamos el robo de salarios”, añadió.

La situación que vivió Montiel es la misma que por años han experimentado unos 46,000 empleados de la costura, tan solo en Los Ángeles.

La campaña Pay Up Ross

En 2016, el Departamento de Trabajo (DOL) investigó 13 fábricas que producían ropa para la tienda Ross. La investigación reveló que el robo de salarios era un fenómeno extendido en las fábricas de proveedores de Ross, donde los trabajadores de la confección recibían regularmente entre 5 y 6 dólares por hora, muy por debajo del salario mínimo actual, sin horas extra ni descansos.

Con base en la investigación, el DOL determinó que Ross debería haber pagado el doble de lo que le hizo a su fabricante, YN Apparel, para asegurarse de que las fábricas que producían su ropa pudieran cumplir con las leyes de salario mínimo y horas extras.

Cuatro trabajadores de la costura: Pedro Montiel, Eufemia “N”, Juliana “N” y Margarita “N” presentaron reclamos por robo de salario y recibieron una compensación de $849,104.13, después que sus pagos semanales fluctuaban apenas entre los $ 300 y $350, sin pago de horas extra por producir ropa que pertenecía y vendía Ross Stores, junto con otras marcas.

“Había muchas quejas contra la compañía Sam’s Fashion donde trabajaba Pedro [Montiel”, dijo Alejandro Sánchez, organizador del Garment Worker Center del Centro de Los Ángeles. “Se hizo una investigación y el dueño les dijo a los trabajadores que cerraría”.

Tiempo seguido. Durante cuatro años, los trabajadores se organizaron para exigir que Ross, una empresa multimillonaria, tomara medidas para cerrar esta brecha y garantizara el cumplimiento salarial en sus fábricas proveedoras.

Los cuatro trabajadores que lideraron la Campaña Pay Up Ross finalmente recibieron sus salarios robados, provenientes del Fondo de Restitución de Prendas de California en 2020, un pagador de último recurso cuando los fabricantes de prendas no pagan a los trabajadores que triunfan en sus reclamos salariales.

Hasta 2019, el Fondo había sido crónicamente insolvente y tuvo que reponerse con $ 9 millones del Fondo General de California.

Lo anterior indica que el estado de California y los contribuyentes actualmente pagan la factura y los salarios robados a los trabajadores.

“En mi opinión, no es justo que el estado pague las deudas de una empresa multimillonaria como Ross, que no quiso hacerse responsable, cuando en realidad son ellos los que deberían pagar”, consideró Pedro Montiel.

Eliminar el pago a destajo

 “De no haber robo de salarios habría 26 millones de dólares por semana para los niños y sus familias”, dijo la senadora María Elena Durazo, autora de la SB 62.

“Parte del problema ha sido porque la industria demanda precio por pieza, a pesar de los niveles super humanos de productividad”, explicó.

La propuesta Ley de Protección al Trabajador de la Confección  tiene como coautores a los asambleístas Lorena. González, Ash Kalra  y cuenta con el respaldo de la Federación Laboral de California, Bet Tzedek Legal Services, el Western Center on Law and Poverty y GWC.

Uno de los objetivos centrales de la iniciativa de ley es eliminar el pago a destajo en la confección de la ropa para garantizar que los trabajadores reciban salarios legales por todo el tiempo que trabajan y para ampliar la responsabilidad por violaciones salariales.

La SB62, que ya obtuvo el apoyo unánime tanto de la ciudad como condado de Los Ángeles el año pasado, ampliaría y fortalecería la aplicación de responsabilidad por robo de salario por cada prenda en la industria manufacturera, asegurando que los minoristas no puedan utilizar diferentes niveles de contratación para evitar responsabilidad ante la ley.

De ser promulgada en ley por el gobernador Gavin Newsom, desaparecerían las tarifas por pieza en la industria de la confección, al tiempo que permitiría pagos de bonificaciones e incentivos, lo cual garantizaría que a los trabajadores se les pague por todo el tiempo invertido en su empleo.

“Tenemos el apoyo de más de 50 organizaciones y 80 negocios de la moda en esta ley que estamos respaldando”, declaró la senadora Durazo. “Estos trabajadores de la costura han producido sin parar, mascarillas y batas sin que se les pague el salario mínimo por tanto trabajo que hacen”.

Los esfuerzos de la senadora Durazo y sus colegas en la Legislatura de California se suman a la aprobada Ley AB 633 de 1999. Esta ley del ex asambleísta y actual alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg fue promulgada con el propósito de prevenir el robo de salario en la industria textil creando acceso a la justicia para las víctimas.

Se espera que la SB 62 tenga su primera audiencia y primer voto en el Comité Laboral del Senado estatal en marzo próximo.

“Tenemos mucha confianza en que el gobernador y todo el estado de California van a reconocer el gran sacrificio de los trabajadores de la costura y el beneficio que nos han hecho”, indicó Daisy González, organizadora principal del Centro de Trabajadores de la Costura. “Durante la pandemia ellos han estado cosiendo mascarillas y batas de hospital que se necesitan en la industria médica, y creemos que para ellos es tiempo de justicia”.

Después de múltiples intentos por obtener una declaración de Ross Dress for Less, Connie Kao, del departamento de comunicaciones de la compañía no respondió a La Opinión.

Una industria multimillonaria

De acuerdo con la firma de inversiones SelectUSA, la industria textil y de la confección de Estados Unidos es un sector de casi $70 mil millones cuando se mide por el valor de los envíos de la industria a otras naciones.

De hecho, es uno de los sectores más importantes de la industria manufacturera y se encuentra entre los principales mercados del mundo por valor de exportación: $23,000 millones de dólares en 2018.

En esta industria de 341,300 puestos de trabajo, -la séptima parte de ellos en Los Ángeles- las exportaciones estadounidenses de hilo totalizaron casi $ 4,500 millones de dólares, de los cuales el 60% se destinó a países del Norte y de América Central.

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