‘¡Ayúdeme a regresar!’, implora madre deportada con hijo en el Ejército a la vicepresidenta Harris

Hasta el último día que la deportaron a México en enero del año pasado, la entonces senadora Kamala Harris prometió apoyar a Rocío Rebollar, madre de un hijo que lleva 6 años en el Ejército de EE.UU.

Pero ahora que Kamala es vicepresidenta, esta madre le implora que cumpla su palabra y la ayude a regresar. “Ella me dijo cuando era senadora que no iba a dejar de luchar por mi. Ahora es vicepresidenta y tiene más poder. Le pido que proteja a las familias indocumentadas de sus ejércitos. Si no nos protegen a nosotros, cómo van a ir los militares a proteger a gente de otros países”, cuestiona.

Rocío Rebollar contactó a La Opinión tras la publicación de un reportaje de unos padres indocumentados que lograron su residencia a través de su hija en la Armada de EE.UU. Ya que ella, aún teniendo a su hijo Gibram Cruz, trabajando en la Inteligencia Militar del Ejército, no solo no pudo obtener alivio migratorio sino que la deportaron.

Desde que fue deportada el 4 de enero de 2020, Rocío vive en Tijuana. Ella es madre de tres hijos, Karla de 36 años, Gibram de 31 años y Xitlaly de 25; y es abuela de 3 nietos, Lucas de 8 años, Kiara de 6 años y Elias de 2 años.

“Yo nací en Acapulco hace 52 años, y vine a EE.UU. en 1988 con mi hija mayor Karla, que en ese momento tenía 2 años”, recuerda.

Se estableció en el área de San Diego, pero en 1995 cuando trabajaba en un hotel se llevó a cabo una redada de migración, y aún embarazada de su tercera hija Xitlaly fue expulsada del país.

“Debo decir que nos sacaron a varias mujeres trabajadoras, pero no nos procesaron”.

Rocío no tardó en regresar al país de manera indocumentada, invadida por la preocupación de sus dos hijos que había dejado en el desamparo en San Diego.

“En el año 2000 fui a ver a un abogado de migración para ver si podía ayudarme a arreglar mi estatus migratorio con base en el tiempo que llevaba aquí”.

Pero el defensor no parecía muy interesado, a pesar de haber cobrado bien. “No me preparo para la audiencia con la jueza. Cuando me preguntaron en la corte si ya me habían sacado una vez del país, tuve que decir la verdad, y la jueza me dijo que no podía hacer nada por mi y me dio salida voluntaria”.

Así fue como por segunda vez, Rocío tuvo que abandonar el país esta vez por voluntad propia en 2004. Sin embargo, tan pronto pisó suelo mexicano, se preparó para regresar; y en unos cuantos días, ya estaba de vuelta en San Diego.

“Me empezó a ir muy bien trabajando de manera independiente. Me compré una casa muy bonita y hasta ahí fueron los agentes de migración a buscarme en 2008. No sé como dieron conmigo y se enteraron de que yo estaba en el país otra vez”.

Esta madre estuvo detenida durante dos meses y medio, y logró salir con el pago de una fianza de $25,000. “Apelé mi caso en el Noveno Circuito, perdí, y de nuevo fueron los agentes de migración por mi a mi casa, y me sacaron en 2009”.

Una vez más, reingresó al país sin autorización, y todo iba bien hasta que en 2018, los oficiales de migración fueron a su negocio y la llevaron arrestada al Centro de Detención de la Mesa de Otay.

“En esta ocasión sí supe que alguien me denunció, pero con el apoyo de la abogada Tessa Cabrera, al mes y medio me dieron libertad bajo palabra, aunque con un grillete en el tobillo que me quitaron en una semana”.

Entre el 2018 y 2019, su defensora trató de conseguirle un alivio para que le permitieran quedarse en el país a través de un recurso parecido a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero no se lo aprobaron.

Ya para ese momento su hijo Gibram estaba en las fuerzas armadas. Se había enrolado después de terminar sus estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de California en Riverside. “Su idea original era convertirse en abogado en leyes de corporaciones, pero decidió ir al Ejército para que le pagaran la carrera de leyes y ayudarme a arreglar mi estatus”.

Según explica Rocío, su hijo no pudo apoyarla a través del alivio Parole in Place que otorga la residencia a los padres indocumentados, hijos de militares, por su orden de deportación previa.

Con el reloj en contra, entre 2018 y 2019, Rocío empezó a movilizarse, dando a conocer su historia en la prensa y hablando con cuanto político podía. Uno de esos políticos fue la senadora Harris, quien a través de correos electrónicos que guarda su abogada, se comprometía a apoyarla.

En medio de esa lucha para quedarse en el país, recibió una cita para presentarse en migración el 4 de diciembre de 2019 y ahí le dieron 30 días para salir del país. Cuando se venció el plazo, el 4 de enero de 2020, se presentó con su abogada y su hijo militar a las oficinas de migración. Afuera del edificio había mucha prensa y gente abogando por ella.

Mientras el personal de migración entretenía a su defensora y a su hijo, a ella la metieron a otro cuarto, la esposaron, la bajaron al estacionamiento y la hicieron abordar un vehículo particular sin identificación oficial y vidrios oscuros que enfiló rumbo a la frontera con México.

¿A dónde me llevan? ¡Tú cállate! ¡No hables! le contestaron enérgicamente los oficiales.

Al llegar a la frontera con México, abrieron una reja de El Chaparral, un cruce fronterizo entre San Diego y Tijuana, y le dijeron con desprecio y sorna: “¡ya estás en tu país!”.

En esos instantes, Rocío dice que se sintió morir. “Yo estaba hecha un mar de lágrimas”. Dentro de su inmenso sufrimiento, dice que pudo percatarse de que los oficiales estaban enfadados. “Yo creo que estaban enojados por tanta prensa y difusión de mi caso”.

En cuanto estuvo del lado mexicano, se comunicó con su hijo para decirle que ya estaba deportada.

Durante todo este año en Tijuana, esta madre dice que mentiría si ha habido una noche que haya podido dormir tranquila. “De un día para otro me arrebataron mi vida. Yo nunca cometí un crimen. Fui una mujer independiente que se compró su buena casa y nunca representé una carga pública porque jamás recibí una ayuda del gobierno”.

Desde que fue deportada ha visto a sus hijos solo por Facetime. “Mi hijo militar estuvo seis meses el año pasado en una misión en Qatar – un país árabe -; y por su responsabilidad, no le dan permiso de venir a México. También le han prohibido dar entrevistas sobre mi caso”.

Ante la imposibilidad de su hijo de ayudarla a regresar a EE.UU., sus esperanzas están cifradas en la vicepresidenta Harris. “Le estoy pidiendo que me ayude a obtener un perdón extraordinario para poder reunirme con mis hijos y nietos. Solo quiero que me devuelvan mi vida. Mi hijo está arriesgando su vida por Estados Unidos. Le suplico a la vicepresidenta su apoyo para que los padres deportados de hijos militares podamos regresar”.

Desde que Harris prestó juramento como vicepresidenta, ha sido imposible para la familia y su abogada contactarla. La Opinión localizó a su portavoz @sabrinasingh46 a través de Twitter, y le preguntó cómo podíamos contactarlos para hacerles un pedido de prensa, pero hasta ahora no ha respondido.