El racismo, las sentencias a las minorías y el sistema judicial en CA

Rafael Madrigal y Francisco Olivares fueron detenidos y acusados de un tiroteo desde un vehículo en movimiento en el Este de Los Ángeles. Ambos fueron hallados culpables de homicidio en primer grado y enviados a prisión en condena de entre 25 años y cadena perpetua.

La fiscalía los acusó de ser miembros de la pandilla Ford Maravilla, que había aplicado un ajuste de cuentas en el tiroteo, presentó testigos.

Mientras los fiscales se enfocaron en presentar a ambos acusado como pandilleros, en realidad el día de ese tiroteo Rafael Madrigal trabajaba en una fábrica en Rancho Cucamonga.

Nueve años después de que Madrigal fue sentenciado, la organización Proyecto Inocencia de California llevó a testificar al gerente de la fábrica donde trabajó ese día Rafael Madrigal, quien dijo que si Madrigal se hubiera ausentado, toda la producción se habría detenido porque era el único empleado capacitado en la maquinaria.

El grupo también presentó la grabación de una llamada telefónica en la que, desde la cárcel, el coacusado Francisco Olivares, dijo a su novia que Madrigal no había tenido nada qué ver con el tiroteo.

Madrigal salió libre pero perdió nueve años de su vida y el estado gastó más de 730 mil dólares en encarcelarlo.

De hecho Madrigal nunca fue pandillero, pero los fiscales le formaron un perfil en que lo parecía, lo que agravó su caso.

La directora ejecutiva de la Alianza de Fiscales de California, Christine Soto DeBerry, dijo a La Opinión que no le sorprendería que las cárceles del estado hubieran más casos como el de Madrigal.

“El 98 por ciento de los presos que están sentenciados en California por agravantes de tener antecedentes de pandillas son latinos y afroamericanos”, dijo Soto Berry, “esto es algo que no hemos visto con organizaciones como los supremacistas blancos”, a quienes, si se les detiene, no se les acumulan cargos por agravantes de asociación delictiva.

El estado de California tiene la población carcelaria más grande en el país, después de Texas, y una de las  mayores en el mundo.

California, separada del país, tiene una tasa promedio cinco veces los presos que tiene Canadá, más de cuatro veces la población carcelaria de Inglaterra, seis veces los presos que tiene Italia, y casi diez veces los que tienen Holanda o Dinamarca, de acuerdo con la organización Prision Policy Inicitive.

Más de 580 personas, por cada cien mil residentes en el estado de California, son presos, comparado con Francia entera, que tiene 110 por cada cien mil habitantes.

La organización The Sentencing Project dice en su estudio El Color de la Justicia que la tasa promedio étnica por cada cien mil habitantes en California es de 385 latinos y 1,767 afroamericanos y solo 201 blancos.

Pero de acuerdo con datos de la Oficina del Censo, los latinos en California son el 39 por ciento, los blancos el 36.4 por ciento, mientras que los afroamericanos son solo el 6.5 por ciento.

Cada año 368,000 personas –más de 1,000 diarias—ingresan a cárceles en el estado de California.

La Oficina de Análisis Legislativo de California informó que en el 2020 costaba en promedio más de $81,200 dólares anuales tener presa a una persona. El estado gasta más de $7,000 millones de dólares anuales en el sistema de justica entero.

La fiscal Soto de Berry, quien representa a un grupo de fiscales progresistas que tratan de humanizar al sistema judicial de California, dijo a La Opinión que todas esas cifras se deben a que el estado se enfoca demasiado en el castigo y el encierro en prisiones, un modelo que se ha demostrado reiteradamente que no conduce a mejorar la seguridad.

La Alianza de Fiscales de California incluye a varios procuradores en jefe de ciudades como Los Ángeles y San Francisco, que juntos representan al 33 por ciento de la población total en el estado y tratan de reformar al sistema “hacia un modelo mucho más humano y equitativo”, dijo Soto de Berry.

Los fiscales en la alianza proponen, por ejemplo, que las fiscalías dejen de presentar agravantes y antecedentes de acusados como una práctica sistemática, con el fin de influir para aumentarles sentencias.

Proponen, entre otras ideas, que a los menores de edad se les juzgue como tales, no como adultos.

En una reciente charla con La Opinión, Alex Sánchez, el director ejecutivo de Homies Unidos, una organización que ayuda a los jóvenes a distanciarse de las pandillas, dijo que algunas sentencias por agravantes resultan incluso fuera de lógica, “como sentenciar a un menor de edad a 25 años de prisión más dos cadenas perpetuas”.

“Me pregunto si esperan que los acusados renazcan para volver a encerrarlos”, dijo con genuina curiosidad.

Los fiscales también se oponen al gasto excesivo en el sistema judicial de California, “en las últimas décadas, mientras California ha construido siete prisiones, únicamente ha construido dos universidades”, dijo Soto DeBerry.

La Alianza de Fiscales también propone cambiar reglamentos e iniciar programas de asistencia, para que se reduzca el número de presos.

Soto DeBerry  recordó que cuando colaboró en San Francisco con el actual fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, “impulsamos cambios que demostraron que ayudar, no solo castigar, redujo el nivel de seguridad”.

“Cuando las personas tienen problemas por adicciones o por problemas mentales, buscar solamente encerrarlos no va a resolver los problemas”, dijo la fiscal.

La alianza de los fiscales se formó porque los profesionales en el sector de la justicia se agrupaban en asociaciones como las de policía, sheriff, fiscales, todos opuestos a las reformas que de acuerdo con la alianza se necesitan en California.

Las ideas de reformas de la alianza han generado oposición, como la propuesta que los fiscales en campañas electorales dejen de recibir fondos de asociaciones de oficiales de policía o de sheriff o incluso de asociaciones de fiscales, pues deben ser imparciales.

El fiscal del condado de San Francisco, Chesa Boudin, comentó que la línea dura, de castigo, “no reduce la delincuencia, durante décadas ha fallado en hacernos más seguros y, en muchas maneras, aumenta el riesgo a la seguridad”.

La fiscal del condado de San Joaquín, Tori Verver Salazar, dijo que “las prisiones y las cárceles no solucionan la indigencia, la pobreza, el abuso en el consumo de substancias o la salud mental”.

El fiscal Gascón lo explicó así: “no puedes curar el cáncer con un martillo, como tampoco puedes conseguir la salud mental con el confinamiento”.

En oposición a las reformas de la alianza, los subalternos de Gascón recientemente demandaron al fiscal de Los Ángeles con el argumento de que el fiscal ordenaba dejar los agravantes fuera, lo que les obligaba a ir en contra de la ley estatal de “Tres Delitos”.

La corte superior concedió a los subalternos cumplir con la parte de los Tres Delitos pero falló en favor de Gascón de que no se acumularan todos los agravantes por antecedentes en todos los demás casos.