‘¡Todos merecemos una segunda oportunidad!’: Gabby Solano

Desde el centro de detención de ICE en Aurora, Colorado, inmigrante transferida de la prisión a migración, dice que peleará para que no la deporten a México

Gabriela Solano fue entregada al ICE cuando cumplió su condena en una prisión de California. (Foto MIjiente)
Gabriela Solano fue entregada al ICE cuando cumplió su condena en una prisión de California. (Foto MIjiente)
Foto: Cortesía

Un día antes de cumplir su sentencia, Gabby Solano, fue transferida de la Prisión Estatal de Chowchilla, California al Centro de Detención del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) localizado en Aurora, Colorado con el fin de iniciar los preparativos para su deportación a México.

“Cuando me fueron a decir que habían llegado por mí, era el 30 de marzo, pero yo salía hasta el 1 de abril. Me dijeron que alistara mis cosas que era hora de salir en libertad condicional”. Inquieta como si presintiera algo malo, preguntó “quién viene por mi… los de la oficina de Reingreso a la Sociedad, me contestaron”.

El instinto de Gabby no se equivocó. Cuando salió de la prisión con sus escasas pertenencias, se encontró con los agentes de ICE quienes se la llevaron detenida. “Me mantuvieron como 10 horas en una fría oficina en Fresno donde me estaba congelando. De ahí me subieron en un vuelo rumbo a Aurora, Colorado. Me dijeron que no me llevaban a Adelanto porque no había camas para mujeres”.

Esta inmigrante sostuvo una entrevista telefónica con La Opinión desde el Centro De detención de Aurora, Colorado, 21 días después de haber sido transferida de la Prisión Estatal de Chowchilla al ICE, tras cumplir una sentencia de 22 años.

Buscan parar la transferencia de personas de las prisiones de California al ICE. (Getty Images)

Actualmente tiene 48 años y fue condenada a dos sentencias de cadena perpetua, a la edad de 26 años, por un delito grave  que ocurrió cuando en compañía de su pareja quien ejercía violencia doméstica contra ella, un amigo de éste se involucró en una riña callejera que terminó en la muerte de una persona.  A ella la hicieron partícipe del crimen aún cuando había sido presionada por el novio para acompañarlo.

Yo me involucré con personas que no debía. Me dejé llevar por la presión de grupo. Me sentía sola y en vez de platicar con mis papás, confié en gente que no debía”, dice.

Revela que desde el primer día que entró a prisión se propuso rehabilitarse. “Dejé de las drogas. Llevo 23 años en sobriedad. Me gradué de la secundaria y terminé dos carreras técnicas en ciencias liberales y del comportamiento. Trabajé 12 años en la oficina de la prisión de mujeres”.

Pero también se dispuso a pelear contra su larga condena; y en 2018, en reconocimiento a su esfuerzo por rehabilitarse y servir a otros desde su encierro, consiguió que el gobernador Jerry Brown conmutara su pena a 20 años. Así fue como la liberaron el 30 de marzo solo para caer en manos del ICE. 

A sabiendas de que podía ser transferida al ICE, varios grupos proinmigrantes y derechos civiles, estuvieron llamando al gobernador Gavin Newsom para que no la entregaran a los agentes de migración.

La propia asambleísta de Los Ángeles, Wendy Carrillo envió una carta al gobernador para pedirle su intervención y evitar su transferencia, pero no hubo respuesta.

“Entregarla al ICE, en vez de dejarla reunirse con su familia, tras servir su sentencia, es una traición a nuestros valores. Los californianos que no hacen las cosas bien la primera vez, merecen una segunda oportunidad, independientemente de sus antecedentes”, declaró entonces la asambleísta.

Gabby nació en Guaymas, Sonora en México. Sus padres la trajeron a este país cuando tenía 2 años. “Crecí en la ciudad de El Monte en el condado de Los Ángeles”, relata. 

Y cuenta que ella era residente permanente antes de ser sentenciada, y supone que le quitaron la residencia cuando entró a prisión y ahora la quieren deportar a México.

Me da miedo regresar a México porque toda mi vida he vivido en este país. Allá tengo familiares, pero no he convivido con ellos en mucho tiempo. Mis padres y mi hermana viven en San Bernardino y yo lo que quiero es estar cerca de ellos”.

Un estudio reveló que los deportados a países como El Salvador corren riesgo de muerte. (Getty Images)

Su sueño al salir de prisión era ser intérprete en las cortes. “Yo he visto como muchas personas son sentenciadas sin entender nada de lo que les dicen.Por eso quiero ser intérprete para ayudar”.

También dice que le gustaría apoyar y guiar a los jóvenes para que no vayan a meterse en problemas de justicia como pasó con ella. “Si puedo evitar que un niño pase por lo que yo, lo voy hacer”.

A pesar de su situación, Gabby dice que está muy agradecida con todos los grupos que han abogado por ella y no les quiere fallar. “Yo voy a pelear para quedarme en este país y estar con mis papás. No me voy a rendir fácilmente. Yo he aprendido de mis errores. Cumplí con la sentencia que me impusieron y me merezco una segunda oportunidad. Todos la merecemos”.

Gabby, quien es también sobreviviente de violencia doméstica, tiene una audiencia en la corte de migración de Aurora, Colorado el 5 de mayo.

En Sacramento avanza el proyecto de ley AB 937 (Vision Act) de la asambleísta Carrillo, el cual pretende que cualquier inmigrante que vaya a ser liberado de una prisión estatal o cárcel local no sea entregado a un centro de detención, y en vez de eso, sea reunificado con su familia y suc comunidad. Esto específicamente tiene que ver con personas que hayan cumplido su sentencia, en libertad condicional o con cargos desechados o que un juez los haya liberado.

La Alliance for Boys and Men of Color reveló que la transferencia de personas a las cárceles locales al ICE costó el año pasado $7.3 millones de dólares.

La gente en las prisiones y detención son desproporcionadamente afroamericanos y latinos. De acuerdo a un estudio, los deportados con frecuencia enfrentan abuso y hasta la muerte. En el caso de El Salvador, al menos 138 personas fueron asesinadas tras su deportación.