Nayib Bukele y la Justicia en El Salvador: “Es un hecho sumamente grave y nos retrotrae a los peores atentados a la democracia que afectaron nuestra región en el siglo XX”

En una América Latina donde la democracia enfrenta varios desafíos, El Salvador gobernado por Nayib Bukele genera una preocupación especial a la comunidad internacional.

La inquietud sobre el rumbo del país centroamericano ha crecido desde marzo, después que el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele obtuviera mayorías legislativas especiales en las urnas.

Pero las alarmas sonaron con mayor fuerza a partir el sábado, cuando la Asamblea Legislativa salvadoreña, con el voto de esas mayorías recién instaladas, destituyó al fiscal general de la República y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para reemplazarlos por otros.

Esto levantó una oleada de críticas y advertencias desde Estados Unidos, Europa, la Organización de Estados Americanos (OEA) y grupos defensores de los derechos humanos.

Sin embargo, Bukele se ha mostrado indiferente o incluso desafiante.

“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, tuiteó el mandatario el lunes, sugiriendo que podrían seguir las destituciones.

Un poco antes, Bukele ya había respondido a la comunidad internacional en la misma red social que usa como medio habitual de comunicación: “Estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”, indicó.

Los congresistas que apoyaron la destitución aseguraron que “los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población”.

Sin embargo, Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, sostuvo que la decisión fue arbitraria, que no se ajusta a derecho y lo denominó “alteración del orden constitucional”.

En una entrevista con BBC Mundo, García-Sayán afirma además que en lo que ocurra en ese país “se juegan no solamente los derechos del pueblo salvadoreño, sino los derechos de la sociedad latinoamericana”.

Lo que sigue es una síntesis editada por razones de claridad del diálogo telefónico con este expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, excanciller peruano y exrepresentante del Secretario General de la ONU para los Acuerdos de Paz en El Salvador:

¿Cómo define lo que ocurrió en El Salvador el fin de semana?

Es el colapso de la separación de poderes: la inaceptable injerencia del poder político en destituir a altos magistrados y magistradas, e imponer a sustitutos en un proceso carente de toda transparencia y regularidad.

En la región latinoamericana se han visto pocos episodios de un desbaratamiento tan atropellado, contundente y abarcador de la independencia judicial como lo que ocurrió el 1º de mayo en El Salvador con la Sala de lo Constitucional, el fiscal general y, según parece, otros altos dignatarios del poder institucional del país.

Algunos observadores han calificado lo que ocurre en El Salvador como un golpe de Estado o un golpe al Estado de Derecho. ¿Coincide con esa definición?

Totalmente. Y no es una adjetivación política o ideológica, sino que tiene base en el derecho.

La separación de poderes, la independencia de la justicia está establecida en el derecho interno de la mayoría de los países y en el derecho internacional.

El artículo 172 de la Constitución de El Salvador establece la independencia de los magistrados como un principio fundamental de la organización del Estado.

Lo que es más relevante para la región latinoamericana es que la Carta Democrática Interamericana, que conozco muy bien porque fue iniciativa del Perú cuando era canciller, establece una serie de pautas para regular esas interrupciones del proceso constitucional diferentes de las clásicas de los golpes de Estado militares.

Inspirados acaso un poco por la experiencia del autogolpe de Fujimori en los ’90 (en Perú), se encontró que la destrucción del sistema democrático podía darse también por actores que pertenecen a esas instituciones políticas, que podían haber sido generados a partir de una elección popular, como fue el caso de Fujimori o como es ahora el caso de Bukele.

La Carta Democrática en el artículo 20 establece un concepto fundamental: la alteración del orden constitucional. Uno de estos aspectos es cuando se afecta gravemente el orden democrático a partir de decisiones de entidades o personas que pertenecen al aparato institucional, como ha ocurrido ostensiblemente en este caso.

Los hechos son tan evidentes que todo ocurrió en pocas horas, sin transparencia, sin derecho a la defensa, sin debido proceso, con una imposición de magistrados y de un fiscal general sustitutorios que desvanecen cualquier atisbo de separación de poderes e independencia judicial.

Es un hecho sumamente grave, difícil de comparar con algo parecido que pueda haber ocurrido en los últimos años en América Latina, y nos retrotrae a las peores experiencias de atentados a la democracia que lamentablemente afectaron nuestra región durante buena parte del siglo XX.

La reacción contundente de la comunidad internacional es fundamental.

¿Entonces, en función de todo esto, para usted hay un golpe de Estado en El Salvador?

Desde el punto de vista sustantivo es la alteración del orden constitucional. Yo la preferiría llamar en ese sentido para remitirme a los aspectos jurídicos. Pero lo que significa la afectación de la legitimidad del propio gobierno, la afectación de la independencia del poder Judicial reúne elementos que son los que normalmente lleva consigo un golpe de Estado, una alteración del orden constitucional.

La diferencia es que la clásica terminología del golpe de Estado por lo general evoca la interrupción desde fuera del aparato gubernamental y estatal. Esta es una interrupción que se produce desde dentro, gangrenando el sistema demócratico, basándose en una contingente mayoría parlamentaria y acaso electoral, pero que bajo ninguna circunstancia puede sustentar la legalidad de una interrupción del orden constitucional.

Cuando se producían los golpes militares a mediados del siglo XX el andamiaje institucional era muy precario y débil. Hoy ese andamiaje sí existe en el sistema internacional e interamericano.

Es de esperar que quienes conducen estas organizaciones y los Estados miembros estén a la altura y no se pongan de perfil, con lo cual estarían alimentando que otras tentaciones parecidas que pudieran existir en otros países de América Latina prosperen basándose en la impunidad de lo que eventualmente ocurra en El Salvador.

De manera que es algo en lo que se juegan no solamente los derechos del pueblo salvadoreño, sino los derechos de la sociedad latinoamericana. Si se acepta la inacción, la indiferencia frente a este grave hecho, está contribuyéndose de manera indirecta a que esto se pueda repetir en otros lados.

Para evitar que esta lepra se contagie es importante que el sistema reaccione.

¿Quién es el último responsable por esta situación: la Asamblea Legislativa o el propio presidente Bukele?

Desde el punto de vista formal, quien ha adoptado el acuerdo es la Asamblea Legislativa. Pero es un elemento fáctico indiscutible que esa Asamblea responde a los dictados del partido que dirige el señor Bukele.

La instigación y el respaldo explícito del señor Bukele hace que sean indesligables de su responsabilidad política y jurídica las acciones tomadas por el partido político que él dirige.

El presidente Bukele defendió la decisión de la Asamblea Legislativa y consideró que la destitución era “una facultad incontrovertible expresada claramente” en la Constitución. Entonces, ¿se ajusta o no a derecho lo que ocurrió en El Salvador?

Por supuesto que no.

Hay principios de independencia de poderes y respeto a las instituciones que están en la propia Constitución, como el artículo 172 sobre independencia de magistrados.

Y con todos los estándares internacionales que hay, ningún magistrado puede ser destituido arbitrariamente, sin un debido proceso, sin que haya todas las garantías para que se defienda de cualquier acusación.

Hay estándares que aquí no han sido respetados.

No es cierto que la facultad de destituir arbitrariamente a la Sala Constitucional y al fiscal general, e imponer con el auxilio del personal uniformado a otros miembros designados entre gallos y medianoches, sea compatible con los estándares jurídicos de ningún país democrático.

El argumento del presidente Bukele es que el artículo 186 de la Constitución salvadoreña habilita a la Asamblea Legislativa a destituir a los magistrados “por causas específicas, previamente establecidas por la ley”, si la iniciativa cuenta con el apoyo de dos tercios de los diputados. Tanto él como los congresistas que votaron esta destitución sostienen que los magistrados se extralimitaron al revertir o limitar medidas del gobierno sobre la pandemia. Pero usted dice que fue una decisión arbitraria…

Así es. Y evidentemente una afectación fundamental a la independencia de poderes. Eso está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Si puede haber algunos motivos eventualmente para sancionar a un magistrado por alguna irregularidad, no puede ser en base a una diferencia de apreciación sobre cómo debió dictar su resolución y su sentencia.

¿Y cómo toma usted el mensaje del presidente Bukele diciendo a la comunidad internacional que “no es de su incumbencia” lo que pasa en El Salvador, que definió como una limpieza de la casa?

La palabra “limpieza” preocupa, porque cuando la hemos escuchado en las últimas décadas o a mediados del siglo XX en la Alemania nazi tenía una implicancia de imposición, con las consecuencias terribles que ocurrieron tanto en Alemania como en la ex-Yugoslavia.

Aquí creo que hay una expresión más bien de un sentido claramente autoritario. La diferencia de apreciación a la que tiene perfecto derecho el señor Bukele con lo que resolvió la Sala de lo Constitucional en el pasado no lo faculta para dar el paso que se ha dado.

Evidentemente tiene en este momento a su favor el respaldo de las encuestas y electoral que le permite que su partido tenga esa mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Es una situación fáctica que le da, digamos, la legalidad formal interna, pero de ninguna manera la legitimidad democrática que establece la propia Constitución.

Los respaldos electorales contingentes, como suele ocurrir, son temporales ya que en estos procesos de autoritarismo por lo general se inician unos cauces muy complicados de corrupción, por la falta precisamente de contrapesos dentro de los sistemas institucionales.

De manera que preocupa mucho, porque son argumentos que suelen utilizar solamente los dictadores. No digo que este señor ya sea un dictador, pero son argumentos de una extraña semejanza con lo que escuchamos en décadas pasadas de los dictadores uniformados de nuestros países latinoamericanos.

Esto ocurre en un contexto de crisis económica y sanitaria y de deterioro de la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado de derecho, en El Salvador en particular y América Latina en general. Usted manifestaba su preocupación por el precedente que pueda sentarse para la región. ¿Teme una especie de efecto contagio o dominó a partir de este acontecimiento en El Salvador?

No quisiera llegar a tanto, pero evidentemente la impunidad que pueda producirse en una situación equis puede ser un factor alimentador de tentaciones autoritarias que existen en muchos lugares.

En un contexto como el actual, con un golpazo económico severo que han sufrido en mayor o menor medida casi todos los países de América Latina, donde ha aumentado la exclusión, el desempleo y hay desesperación en muchos millones de hogares, las corrientes electorales que vamos viendo dan cuenta de cierta polarización. Los centros se van desvaneciendo y los extremos se vuelven más atractivos.

No quisiera pensar que estamos en algo como lo que ocurrió en América Latina en la década del ’30 del siglo pasado, después de la gran crisis del ’29. Tenemos una estructura institucional mucho más sólida, hay instancias internacionales que no existían y una conciencia de derechos democráticos.

Confío que la sociedad latinoamericana sea capaz de reaccionar adecuadamente y que en un país como El Salvador se recupere la senda del pluralismo, del respeto recíproco y la separación de poderes lo más temprano que se pueda.

Usted hablaba de riesgos si esta situación quedase “impune” en El Salvador. ¿Hay una forma de castigarlo?

Creo que la acción inmediata más concreta debería darse en función del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que es una convocatoria al Consejo Permanente (de la OEA) para que analice este tema y tome una decisión, en la medida que esto viola la Carta.

Si el Consejo Permanente no logra un resultado razonable, puede convocar a una sesión permanente de la Asamblea General de la OEA, organización que en los últimos tiempos ha carecido de protagonismo frente a diferentes situaciones críticas políticas e institucionales en América Latina.

Ya hubo una declaración del secretario de Estado (de EE.UU.) Blinken. Estoy seguro de que algunos países latinoamericanos, la mayoría de ellos con gobiernos de raigambre democrática, podrían tomar las acciones necesarias, porque eso también es un elemento de defensa propia frente a tentaciones autoritarias.

Es el momento de pasar a la acción; no de la contemplación.

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