El Condado San Diego aprueba abogados gratis para inmigrantes detenidos en Otay Mesa
El programa piloto a favor de inmigrantes que enfrenten la deportación no tiene precedentes en los condados fronterizos del sur de Estados Unidos
El Condado San Diego pondrá en marcha un programa piloto que consiste en ofrecer abogados gratis a los inmigrantes que encaren la deportación, una medida sin precedentes para un condado de los estados del sur del país.
Con un voto de 3 a 2, los supervisores del Condado San Diego aprobaron este martes el programa piloto de un año financiado con $5 millones de dólares y administrado por la oficina de los defensores públicos del condado. Específicamente, la ayuda legal será para los inmigrantes detenidos en Otay Mesa, reportó The Associated Press.
San Diego, we did it! Today in a historic vote, the Board of Supervisors approved our proposal to provide access to legal representation to all immigrants detained in San Diego County and facing deportation.
— Supervisor Terra Lawson-Remer (@SupLawsonRemer) May 4, 2021
Huge thanks to the fierce community advocates who made this possible! pic.twitter.com/tyAuVCQ842
“San Diego, ¡lo logramos!”, dijo la supervisora Terra Lawson-Remer, impulsora del programa, en su cuenta de Twitter. “Hoy, en un histórico voto, la Junta de Supervisores aprobó nuestra propuesta de otorgar acceso a representación legal para todos los inmigrantes detenidos en el Condado San Diego que enfrenten la deportación”.
La supervisora Lawson-Remer dijo en un comunicado que tres de sus bisabuelos fueron inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos para escapar de la tortura y el genocidio de judíos en Europa, “y 100 años más tarde nuestro país todavía es un faro de esperanza para la gente que huye de la persecución”.
Contar con apoyo legal marca una crucial diferencia en en las posibilidades de los inmigrantes detenidos de ser liberados y también de ganar sus casos de deportación. Según un reporte de 2016 del Consejo Americano de Inmigración, solo el 17% de los detenidos en San Diego tienen representación legal.
El condado tiene 90 días para preparar un plan para financiar y operar el programa de manera permanente en alianza con defensores de inmigración y organizaciones no lucrativas.