Una demanda millonaria a Ex-Sheriff de Phoenix por discriminación deberá ser pagada por los contribuyentes de la ciudad

Un monto de $202 millones deberán pagar en el condado más poblado de Arizona, en la zona metropolitana de Phoenix, debido a una demanda por discriminación contra inmigrantes contra el Ex-Sheriff Joe Arpaio por los operativos policiales ordenados en la zona metropolitana de Phoenix, hace una década.

Estos costos se calculan hasta 2022 y quizá seguirán aumentando hasta que la policía del condado Maricopa cumpla con la reestructuración de su cuerpo y las operaciones de asuntos internos también se reestructuren durante tres años seguidos.

Aunque la policía señala en cifras que ya se encuentra al 100% de cumplimiento, sin embargo, la oficina del se dice que la oficina del Sheriff aún no cumple a cabalidad la reestructuración.

Esa es la razón por la que los costos de los abogados están siendo asumidos, indirectamente, por los contribuyentes del condado, así como la reestructuración de la policía ordenados por la corte.

En 2013, un veredicto de la corte dictaminó que los agentes policiales coordinados por Arpaio habían discriminado a hispanos a la hora de su detención, en lo que fuera un operativo de tránsito para detener inmigrantes.

El Sheriff, en 2017, fue declarado culpable de desacato criminal al desobedecer la orden judicial de suspender sus operativos contra inmigrantes. Posteriormente, apenas un mes después el mandatario republicano Donald Trump lo indultó de ese crimen.

Este lunes se aprobó un presupuesto tentativo para el condado por $31 millones para cubrir los costos de cumplir la orden de la corte.

Joe Arpaio, hoy de 88 años, quien fuese autoridad local del área metropolitana desde 1992 hasta 2016, era conocido por tener “mano dura” contra la delincuencia durante sus 24 años en la jefatura policial.

Uno de los abusos conocidos en sus métodos era obligar a los prisioneros a usar ropa interior color rosa y dejarlos en carpas expuestos al calor del desierto.

En este sentido, Arpaio dijo esta semana que no estaba arrepentido de coordinar esos operativos para detener inmigrantes, pues según el funcionario “esto ayudó a reducir los costos de los contribuyentes destinados a salud y educación destinados a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Otras de las acusaciones que ha recibido el ex-funcionario son: abuso de poder, uso inapropiado de fondos públicos, negligencia al investigar crímenes de naturaleza sexual, resolución ilegal de casos criminales, imposición ilegal de leyes anti-inmigración, entre otras.

Este ex-policía es conocido como la cara más severa de la autoridad en Arizona y pareciera que no va a pagar por todos los abusos cometidos al respecto.

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