Un despido masivo por problemas de visas amenaza con colapsar los consulados mexicanos en EE.UU.

El horizonte de Viviana, quien prefiere ocultar su identidad, está resquebrajado.

Vivió y trabajó por casi 10 años en Carolina del Norte, contratada por el Consulado de México en Raleigh como “empleada local consular”. Así se identifican los 1,642 empleados que operan en la red diplomática mexicana en Estados Unidos, que son subcontratados a través de convenios temporales por tres, seis o hasta 12 meses, con posibilidad de renovación, por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE). El gobierno mexicano les llama Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (PSPI).

Viviana era una de ellos, una PSPI, hasta que en diciembre todo cambió: “Recibí una llamada frívola, me dijeron que estaba despedida”.

No fue la única que perdió su trabajo.

“Se calcula que a 80 PSPI no se les podrá renovar su contrato al expirar sus visas”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, aludiendo a una resolución diplomática dada a conocer en 2016 por la Administración del entonces presidente, Barack Obama, que limita a cinco años, sin posibilidad de renovación, la vigencia de las visas A-2 para los funcionarios extranjeros que trabajan a tiempo completo en consulados o embajadas.

Ese plazo se vence en agosto de 2021.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, explicó en diciembre que estaban “renegociando” con Estados Unidos: “Se le planteó al Departamento de Estado una modificación”, indicó, “estimo que para fines del mes de febrero podamos tener una respuesta de la nueva Administración”.

Pero en enero, la SRE confirmó el despido de 50 empleados consulares.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha reconocido que, de los 1,642 empleados con un contrato laboral temporal, hay 505 cuyas visas expiran en agosto, y 316 no tendrán posibilidad de renovarlas.

Un futuro de especulaciones

De acuerdo con el Comité Nacional de Empleados Locales Consulares en Estados Unidos, un colectivo conformado en 2015, los despidos afectan a personal de los consulados de Dallas, Denver, Chicago, Houston, Indianápolis, Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Presidio, San Antonio y San Francisco.

Dulce Flores, vocera del comité y PSPI desde 2007 en Los Ángeles, asegura no haber recibido información del gobierno mexicano sobre las actuales negociones: “Solo especulaciones, y eso no es suficiente para muchas personas en el limbo que esperan respuesta”.

La inestabilidad que sufren los PSPI no se limita a las visas. Ya en 2015 enviaron una carta al entonces embajador de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez Erbergenyi, exigiendo un aumento salarial, seguridad social, fondo de ahorro para el retiro, y seguro médico para sus familiares directos y dependientes.

Pero la ley no los ampara. Los PSPI no pueden sumar derechos de antigüedad – todos ganan un suelo promedio de $2,300 dólares mensuales, así tengan un día o 40 años de servicios– ni integrarse al sistema de pensiones en Estados Unidos ni en México.

“Para nosotros es muy simple”, explica Jonathan Rivera, PSPI en Alburquerque, cuya visa expira también en agosto, “queremos que se nos reconozca como lo que somos: empleados del gobierno mexicano, y que se deje de disfrazar esa relación de contratistas independientes porque no lo es”.

“Si la función de Cancillería es proteger los derechos laborales de los mexicanos, debería empezar por proteger los de sus mismos trabajadores“, agrega Rivera, quien barajó la idea de quedarse indocumentado en caso de que “llegue el día”.

Años de servicio y dignidad

Florentino Gutiérrez Valdez, de 55 años, con residencia en la ciudad fronteriza de Mexicali, México, podría correr con la misma suerte. Desde hace 29 años cruza la frontera hacia Caléxico, California, para realizar funciones en el único trabajo que ha tenido en toda su vida, en el consulado mexicano de esa ciudad.

Siempre ha estado a cargo del área de documentación, donde se extienden los trámites de pasaportes, visas a extranjeros, cartillas militares y registros de nacimiento, entre otras gestiones.

“Antes nos decían funcionarios, ahora nos llaman prestadores independientes”, lamenta Valdez, “yo no vivo en el lado americano porque con $2,300 dólares el mes no alcanza para un apartamento para cuatro personas, solo para vivir en México”. Ahora sus posibilidades de renovar la visa son remotas: será reemplazado, asegura que le han dicho, por un empleado con residencia permanente “o que sea de acá”.

Valdez perdería el único beneficio que le otorga ser PISP: el seguro de salud. Atrás quedarían las citas médicas y la adquisición de la medicina con descuentos, pese a que sufre hipoglucemia y luchó hace dos años con un tumor en el páncreas. Debido a su edad, además, ve muy complicado encontrar un nuevo trabajo con cierta estabilidad.

Pero dice tener un as bajo la manga: explorar una opción legal contra el gobierno mexicano.

“Entablaría una demanda”, cuenta, “y lo haría por dignidad”. Recalca que su abogado le ha recomendado esa vía judicial, amparándose en la Ley Federal del Trabajo de México, porque trabaja “para una entidad mexicana”. Ese salvavidas, explica, es su única oportunidad para recibir una pensión.

Citas y caos en la red consular

¿Qué sucederá si a Valdez y al tercio de todos los empleados consulares se les niega la renovación de sus visas?

Algunos PSPI han advertido que un despido masivo “generaría un caos” y pondría en peligro los servicios de la red consular en Estados Unidos, donde viven 30 millones de mexicanos.

“Estamos al borde del abismo”, advierte Flores, quien espera que Cancillería puede resolver la ampliación de las visas y el tema de las prestaciones laborales que tanto exigen. Pero si no llega una solución antes de agosto, explica, habrá como promedio 10 empleados menos en cada consulado, lo que afectará a los trámites y creará un retraso histórico de citas, peor del que ya existe.

Debido a la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, muchos consulados cerraron sus puertas y sólo ahora están realizando una apertura gradual. En Dallas, por ejemplo, se pasó de 1,000 citas diarias a sólo 350. Ahora se ha recuperado un ritmo de 700, según un funcionario que prefiere permanecer anónimo.

Pero “con la orden ejecutiva de Joe Biden para mantener DACA, la temporada de impuestos y los cheques de estímulo, la gente necesita documentos, pasaportes, matrículas consulares y actas de nacimiento”, agrega. Y todo eso peligra de nuevo.

Esa situación se complica además por la saturación del sistema de programación de citas que administra Mexitel, un servicio gratuito que se realiza por teléfono o por internet, ante la actividad de determinados individuos que copan las citas para luego venderlas a precios que oscilan entre 25 y 200 dólares.

A fines de abril, Roberto Velasco, director de América del Norte de la SRE, visitó varias ciudades de Estados Unidos, incluida Dallas, donde anunció una serie de estrategias para prevenir la venta de citas consulares. En esa visita, un grupo local del Comité de empleados consulares le entregó una carta a Velasco para exponer la problemática laboral y conocer los avances de Cancillería con respecto a las visas y los contratos. No obtuvieron respuesta.

Saludé a todo el personal de @ConsulMexDal y escuché con atención las propuestas del equipo de Servicio Exterior Mexicano que encabeza sus tareas. Seguiremos trabajando contra la venta de citas y para acelerar la expedición de documentos de identificación de paisanos y paisanas. pic.twitter.com/WIKBiwkRWJ

— Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) April 27, 2021

Reforma a la ley

La organización nacional Fuerza Migrante, con sede en Nueva York y que representa a federaciones y clubes de mexicanos en Estados Unidos, anunció hace unos días que promoverá ante las autoridades mexicanas una modificación legal para que los PSPI sean considerados como servidores públicos.

“El outsourcing o subcontratación es una práctica que debe ser eliminada dentro de la red consular mexicana para que exista un compromiso y profesionalización de los servicios ofrecidos a migrantes mexicanos”, dijo la organización en un comunicado.

Según el reglamento actual del Servicio Exterior Mexicano (SEM), las delegaciones diplomáticas, embajadas o consulados mexicanos en el exterior “pueden contratar empleados locales”como PSPI, pero dicho personal “no podrá ser considerado como integrante del SEM o de la SER”.

Fuerza Migrante señala además haber recibido reportes de violaciones a los derechos laborales de empleados consulares que “han sido expuestos a trabajar enfermos” en plena pandemia o, que, al ser despedidos de forma injustificada, han quedado en calidad de indocumentados.

En caso de ser despedidos por falta de visa, muchos empleados deberán escoger entre quedarse para resolver su situación migratoria irregular o regresar a México y empezar de nuevo.

Viviana decidió regresar, no sin antes entregar el auto que compraba a plazos, vender sus muebles, y pagar una multa considerable porque entregó el departamento antes del término estipulado en el contrato de arrendamiento.

Pero ahora la mayoría de reclutadores en México le exigen cartas de recomendación o constancias laborales de su antiguo empleador, y no los tiene porque el Consulado de Raleigh, donde ella trabajó, no se los entrega.

“Yo no existo laboralmente ni en México ni en Estados Unidos”, explica Viviana.

En una circular dirigida a los consulados mexicanos con fecha del 17 de diciembre de 2020, una semana antes de que le anunciaran a Viviana de su despido, Moisés Poblanno Silva, director general de Recursos Humanos, hizo hincapié en las disposiciones del gobierno estadounidense relacionadas con la permanencia de los PSPI.

En el mismo documento, Poblanno Silva dio instrucciones específicas de no entregar ningún documento adicional a los empleados consulares, como constancias de prestación de servicios y cartas de recomendación, entre otros, al momento de dar como concluida “la vigencia de los contratos de prestación de servicios”.

Noticias Telemundo Digital preguntó el motivo a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en Washington, así cómo el estado de las negociaciones con Estados Unidos sobre las visas. Hasta la fecha, la única respuestda ha sido: “Estamos haciendo consultas”, “los mantendremos informados en caso de que surja algo”.

Viviana recuerda que, días antes de su despido, recibió su último sueldo mensual junto a su aguinaldo de diciembre, pero para poder cobrarlo le hicieron firmar un documento renunciando a acciones legales.

Ahora, con 40 años, vive en casa de sus padres en Ciudad de México, que dependen económicamente de ella.

“El único trabajo que me ha salido hasta ahora en donde no me piden mis antecedentes laborales es en un call center porque soy bilingüe”, dice, “creo que lo voy a tomar”.

Por José Luis Castillo