Desabasto de medicinas: negligencia criminal 

El desabasto de medicamentos en México, no sólo para niños con cáncer sino para tratar muchas otras enfermedades, es una tragedia que se pudo evitar.

Como bien lo han documentado numerosos expertos e instituciones que se han encargado de estudiar el tema, entre ellos las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, el problema se originó por políticas públicas mal implementadas que buscaban combatir la corrupción que supuestamente imperaba entre los principales distribuidores de fármacos en el país: Grufesa, Dimesa y Maypo.

Para terminar con el oligopolio de esas empresas, López Obrador le prohibió a la Secretaría de Hacienda que les comprara medicamentos. Pero, he aquí el mayúsculo error, no consideró una alternativa viable. Pese a que hay reportes de que se le advirtió al presidente que esta decisión podría causar el desabasto que hoy vemos, él siguió adelante con su plan. No tomó en cuenta que, al rescindir los contratos con esas compañías, estaba desmantelando una compleja red de distribución, almacenaje y compra de insumos farmacéuticos que lleva años construir.

A esto se agregó un malentendido con Pisa, uno de los principales fabricantes de medicamentos oncológicos. Todo comenzó con un reporte, en febrero de 2019, de que ocho niños habían presentado reacciones adversas hacia el fármaco metotrexato, producido por Pisa. Esto motivó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a efectuar un análisis del producto que concluyó que el medicamento cumplía con los estándares requeridos. Pero de manera inexplicable, se ordenó detener la producción hasta nuevo aviso, sin considerar que esta decisión afectaba la elaboración de muchas otras medicinas contra el cáncer.

Para afrontar el problema, López Obrador ha recurrido incluso a la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el problema no se puede resolver de la noche a la mañana porque el proceso para adquirir fármacos en el mercado internacional es muy complejo y requiere de meses para completarse.

Las consecuencias de estas malas decisiones están a la vista: miles de niños han perdido la vida por dejar de recibir sus tratamientos contra el cáncer y muchos otros están en riesgo de fallecer. El problema se ha complicado porque, ahora se sabe, no solamente afecta a quienes padecen cáncer sino a quienes sufren de otras afecciones como la hipertensión arterial y la diabetes e incluso a muchos recién nacidos porque no hay suficientes vacunas para protegerlos de enfermedades que ya estaban controladas en México como la poliomielitis, la difteria y la tuberculosis.

El gobierno, mientras tanto, en lugar de asumir su responsabilidad promete sin bases que las medicinas ya están a punto de llegar y alega que los padres de los niños con cáncer son manipulados por quienes quieren desestabilizar a la 4T.

La realidad es que los padres están desesperados. Quienes tienen recursos adquieren las medicinas a precios exorbitantes, lo que ha fomentado la especulación. Y lo más grave, hasta ahora el gobierno no ha interpuesto una sola demanda contra las empresas acusadas de corrupción ni sabe dónde encontrará los medicamentos. Se trata, claramente, de un caso de negligencia criminal por parte del Estado.

María Luisa Arredondo es una periodista mexicana que vive en Los Ángeles.