Migrantes entre el cártel y la negligencia

La señora Luz recuerda que cuando el sicario, de quien había logrado escapar en Michoacán, le llamó por teléfono y le hizo saber que tenía la dirección exacta donde ella se escondía con sus hijos en Tijuana, México, sintió pánico.

“Es el padre de mis hijos, todavía mi esposo, pero quiere venir a matarnos no solo a mí, también a mis niños”, que tienen 3 y 2 años de edad, dijo la madre de unos 25 años a La Opinión. Agrega que ella y su marido se casaron hace cinco años. Y que hace tres, el hombre se unió al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por eso, Luz dijo haber sido muy precavida en no dar a nadie su ubicación en Tijuana, ni siquiera a su hermana, que es su única familia y quien seguía viviendo en Michoacán.

Pero para pedir asilo en Estados Unidos necesitaba el documento oficial de una denuncia, así que tuvo que dar su información cuando puso la queja ante la Fiscalía General del Estado de Baja California. “Fue la única vez que he dado mis datos en Tijuana. Me los pidieron junto con el nombre de mi esposo”.

No habían pasado ni 48 horas cuando el sicario le llamó para amenazarla y le dijo que sabía dónde encontrarla. Luz tuvo que mudarse a una casa de seguridad; mientras que su hermana también tuvo que huir antes de que tomaran represalias contra ella.

Un portavoz de la fiscalía confirmó a La Opinión que en efecto, ellos enviaron a la fiscalía michoacana “un oficio con la información” de la denuncia.

No es el único caso

Días después, Rosa, una joven que huyó tras sufrir secuestro y abusos en Baja California Sur, también tuvo que presentar una denuncia. Como sabía de la experiencia que vivió Luz, suplicó a la fiscalía que sus datos no fueran enviados a su estado.

Le dijeron que no lo harían, pero lo hicieron.

Cuenta que dos días después, unos desconocidos entraron por la noche a la casa de su mamá en Baja California Sur y arremetieron a golpes y navajazos contra la señora, que no ha querido abandonar su casa porque espera que regrese su esposo que se encuentra desaparecido.

Casos así, se han repetido de manera constante. Cansados de ello, esta semana unas 50 familias acudieron a protestar ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California para pedir que interceda ante la fiscalía y les explique que, entre numerosos casos de negligencia —como tener poco cuidado con la información de los denunciantes— se pone en riesgo de muerte a los migrantes y a sus familiares.

El pastor Albert Rivera, quien acompañó a algunas de las familias, dijo que los casos van desde filtrar información de los desplazados al crimen organizado, hasta negarse a recibir denuncias o incluir en las denuncias errores que anulan los documentos para pedir asilo.

“Pensamos que como un acto de caridad, de respeto a los derechos humanos y además de sentido común, ya no deberían mandar la información si saben que ponen en riesgo a las personas. Deberían esforzarse en escribir bien la información, son unas cuantas hojas de denuncia”, dijo el director del albergue Ágape, Misión Mundial.

“Salí huyendo de Guerrero con mis hijos para salvar nuestras vidas, no quise denunciar nada en Guerrero porque si lo hago, al salir a la puerta de la fiscalía me van a estar esperando, así que quise denunciar aquí en Tijuana… Me dijeron que no, que regrese a Guerrero”, dijo Irma, una madre joven con niños de 7 y 5 años de edad.

“Les expliqué que si regresaba, seguramente me iban a querer matar pero me dijeron que nada más tenía esa opción”, dijo Irma.

A otra madre que huyó de Puebla también con dos hijos menores le recibieron la denuncia, pero en los documentos en lugar del nombre de su esposo, pusieron el nombre de su hijo; además de un número telefónico incorrecto.

“Entonces, cuando me piden los datos para una solicitud de asilo en Estados Unidos, la información no es correcta. Regreso aquí a la fiscalía y me dicen que tengo que ir a arreglarlo a Puebla”, comentó la señora Guadalupe.

“No puedo regresar. Mi esposo lleva tres meses desaparecido y a mis hijos y a mí nos amenazaron, por eso huimos”, explicó.

A un padre de familia perseguido por el crimen organizado le tomaron su denuncia pero sin incluir a su familia y solo le entregaron la portada del documento, sin su declaración ni ningún detalle.

Dijo que el papel que le dieron no sirve para solicitar asilo ni para él, menos para la familia.

Ante decenas de familias que se presentaron en la protesta, un grupo de jóvenes representantes de la comisión de derechos humanos tomaron los datos de cada denunciante y luego los hicieron pasar en orden para documentar cada caso de negligencia y presentar un reporte al fiscal central, Hiram Sánchez Zamora.

De acuerdo con el pastor Rivera, para los casos más urgentes, las familias podrían argumentar con documentos de derechos humanos que huyeron y que por negligencia tienen esos documentos de denuncia. Al cierre de esta edición, la fiscalía no respondió tras la protesta ante derechos humanos.