Residentes afectados por fuga de gas en Aliso Canyon se oponen a la expansión del sitio

Docenas de residentes y activistas mostraron su oposición con la agencia que regula la compañía

Jane Arakawa Fowler (c) se opone al sitio Aliso Canyon. (Suministrada)

Jane Arakawa Fowler (c) se opone al sitio Aliso Canyon. (Suministrada) Crédito: Jane Arakawa Fowler | Cortesía

Residentes y activistas furiosos se opusieron públicamente el jueves a que la compañía SoCalGas expanda su capacidad de almacenamiento en el controversial sitio Aliso Canyon en el Valle de San Fernando.

Hace casi seis años este sitio tuvo el derrame de gas, considerado, el más grande en la historia de Estados Unidos. Se estima que se fugaron 109,000 toneladas métricas de gas butano desde octubre del 2015 a febrero del 2016.

Más de 8,000 familias tuvieron que ser evacuadas por meses y 22 escuelas fueron afectadas. Actualmente, alrededor de 25,000 personas viven en áreas aledañas a la zona.

Tras promesas por años de que el sitio de almacenamiento sería cerrado, incluso por el gobernador Gavin Newsom, ahora la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC), agencia encargada de regular las compañías de gas de propiedad privada, está considerando otorgar permiso a la compañía SoCalGas para expandir su espacio de almacenamiento.

Nancy Hernández (d) protesta contra la expansión del sitio Aliso Canyon. (Suministrada)

Nancy Hernández, quien vivió gran parte de su vida en Chatsworth, un área aledaña al sitio Aliso Canyon, dijo que seguir adelante con este plan es imprudente e inhumano puesto que ya hay conocimiento de lo peligrosa que es esa instalación.

“Hacerle eso a las comunidades circunvecinas es criminal”, dijo Hernández. “Va en contra de todo lo que sería correcto para la salud y la seguridad de las personas. Si permiten que esto ocurra, simplemente demuestran descaradamente que no les importa”.

Hernández dijo que en el 2015 comenzó a darse cuenta que sus dos hijos tenían ciertos síntomas que no eran normales como, problemas de respiración, salpullido en la piel y comezón.

Entonces escucharon rumores de que había una fuga de gas muy cerca. Al comprobarlo tuvieron que evacuar su casa por varios meses, pero ya habían estado expuestos directamente a la fuga por cuatro meses.

Una vez que regresaron a su hogar los problemas de salud continuaron principalmente en los niños que en ese entonces tenían 10 y 15 años. La familia se hizo pruebas de toxicología y los resultados fueron alarmantes.

“Especialmente para mi hijo porque sus niveles de uranio estaban fuera de los límites, el más alto literalmente, y todos teníamos uranio y litio; saber eso fue muy aterrador”, dijo Hernández.

Así que después de vivir 16 años en su casa se vieron obligados a venderla y se mudaron cerca de Thousand Oaks en el 2017.

“Una vez que nos mudamos muchos de los síntomas también desaparecieron”, contó Hernández.

Pese a que ella y su familia ya no viven en el área, todavía se preocupan ya que tienen amigos y familiares que no pueden abandonar sus hogares.

Otra residente que ha enfrentado los estragos del derrame de gas es Jane Arakawa Fowler, quien ha vivido en Granada Hills desde el 2007.

Ella dijo que se enteró del derrame de gas aproximadamente un mes después de que había comenzado.

Contó que inicialmente no se sentía bien de salud, su cabello se le comenzó a caer, se sentía mareada, con ansiedad y altas palpitaciones. Inicialmente pensó que eran síntomas de la menopausia y después pensó que estaba comenzando a tener problemas mentales.

“Empecé a tomar terapia y acupuntura”, dijo Fowler, de 62 años.

Sin embargo, un día mientras iba manejando escuchó en la radio una entrevista que hablaba del sitio Aliso Canyon y entonces, ella entendió que eso le estaba causando sus malestares.

“Yo solía caminar a mi perro por esa área a diario, ahora mi perro esta muerto y yo tengo problemas del hígado y tengo nauseas muy a menudo”, dijo Fowler

La residente afectada dijo que lo que más le molesta es que la compañía de gas no quiso molestarse en enviar cartas o mensajes a los residentes para que estuvieran al tanto de lo sucedido.

“Nosotros, como comunidad, les hemos pedido que nos lo digan para que podamos cerrar nuestras ventanas o quedarnos adentro para mantenernos a salvo, pero no hacen nada”, indicó.

Amplia oposición al sitio

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, el ayuntamiento de la ciudad y un mandato del gobernador Newsom han pedido encontrar vías para cerrar la instalación de almacenamiento de gas de Aliso Canyon pero hasta el momento han sido en vano.

Para demostrar su inconformidad docenas de residentes del Valle de San Fernando y defensores de la salud pública hablaron durante el período de comentarios de la reunión del CPUC el jueves pasado para dirigirse directamente a la agencia y exigir que se tomen medidas.

Fowler dijo que aprobar esta expansión es innecesaria. El sitio estuvo cerrado por dos años y no hubo ningún apagón o problemas serios por la falta de su operación.

“Pero siguen haciéndolo porque Aliso Canyon es una instalación de almacenamiento, por lo que compran gas a bajo precio, lo almacenan allí y luego lo venden caro”, dijo Fowler. “La compañía del gas es muy poderosa, y hacen girar cosas como incluso llamarlo gas natural. Me dan ganas de vomitar porque suena tan bien cuando sabes que realmente debería llamarse gas tóxico”.

Alexandra Nagy, directora de Food & Water Watch California, dijo que la CPUC le ha fallado a las comunidades más afectadas por mucho tiempo, dando prioridad a los intereses de los servicios públicos con fines de lucro sobre la salud pública y la justicia ambiental.

Añadió que al momento SoCalGas está contradiciendo directamente la orden del gobernador Newsom de cerrar la instalación después de la explosión de gas más catastrófica del país.

“La lealtad a las empresas de servicios públicos con fines de lucro como SoCalGas y PG&E se opone directamente al bienestar público y la justicia ambiental”, dijo Nagy. “Estas empresas de servicios públicos deben ser responsables de su contribución a las enfermedades generalizadas y los incendios forestales provocados por el cambio climático”.

Residentes en el quinto aniversario de la fuga de gas muestran fotos de Nancy Hernández, su esposo y sus dos hijos. (Suministrada)

La directora dijo que la CPUC tiene la oportunidad de mostrar su compromiso con la salud pública de los residentes de California; solo necesita romper esta alianza y negarse a la expansión de Aliso Canyon por parte de SoCalGas.

La CPUC también ha sido criticada por no realizar una Revisión de Impacto Ambiental antes de permitir que SoCalGas emprenda una expansión masiva de su sitio de compresores de gas en el vecindario Westside de Ventura, un lugar conocido por estar plagado por décadas de contaminación y violaciones de la justicia ambiental.

Aún no hay fecha para votación por parte de la CPUC.

La Opinión intentó obtener un comentario de SoCalGas pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Respuesta de SoCalGas:

En respuesta, la compañía SoCalGas dijo que ha trabajado con expertos independientes y reguladores estatales para rediseñar Aliso Canyon y sus instalaciones de almacenamiento para que fueran lo último en tecnología.

“Desde 2016, se han realizado cinco evaluaciones independientes de nuestro sistema de almacenamiento de gas. Todas concluyen que el almacenamiento de gas, especialmente Aliso Canyon, es esencial para la confiabilidad energética”, dijo Christine Detz, portavoz de SoCalGas.

Detz aseguró que las mejoras líderes en la industria han hecho que las instalaciones de almacenamiento de SoCalGas sean las más seguras del país.

Además añadió que los suministros de Aliso Canyon se han vuelto cada vez más importantes durante los meses de verano.

“La instalación ya se ha necesitado varias veces este verano durante los períodos de máxima demanda de energía. Y, si no fuera por Aliso Canyon, los apagones experimentados en la región de Los Ángeles el verano pasado probablemente hubieran sido mucho peores”, aseveró Detz.

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