Familia mexicana pelea desde EE.UU. y Puebla en contra de gigante de la electricidad Iberdrola

MEXICO.- Para pelear por un terreno que dejó su padre como única herencia a la familia antes de su trágica muerte, Bernardo Vázquez tiene dos trabajos en Georgia. De lunes a viernes en una empresa de mármol y desde por la tarde del mismo viernes dobla turno para vender tacos, un ritmo que mantiene desde hace dos años.

“Es así como hemos podido solventar a los abogados, el transporte y todos los gastos”, cuenta en entrevista con este diario.

La familia Vázquez decidió plantar cara a la gigante de la energía eólica Iberdrola. La empresa española es una de las principales inversionistas en México y, en los últimos años puso el ojo en el estado de Puebla (centro), donde ha construido tres parques para generación de electricidad.

El parque PIER IV, que inició operaciones en 2020, está ubicado a lo largo de los municipios de Cañada Morelos, Chapulco y Palmar de Bravo. Se desarrolló junto con la empresa Impulsora Latinoamericana Energía Renovable (ILER) y es el sexto parque eólico de Iberdrola México.

Ahí, para lograr la capacidad de 221 MW, colocó 84 aerogeneradores. Uno de ellos, en un terreno que es propiedad de Emilio Vázquez, según escrituras públicas mostradas a este diario. El patriarca se dio cuenta de la presunta invasión de su terreno cuando Iberdrola comenzó a montar los rehiletes, pero, a pesar de las protestas, no pudo frenar el proyecto.

“Era un campesino y no sabía mucho de leyes”, recuerda otro de los hijos cuyo nombre se cambió por seguridad a Felipe, quien vive en México y considera que tiene más riesgos en sus ires y venieres.

“Cuando habló con el gestor de Iberdrola en la compra de terrenos que hizo la empresa, éste le dijo que era una empresa española muy poderosa y que más valía que no hiciera escándalo”.

El padre contó los pormenores a la familia poco antes de que la sombra de la mala suerte se posara totalmente sobre su espalda en forma de bala perdida en medio de un enfrentamiento entre organizaciones criminales que se disputan la plaza. Había salido a la calle por una mesa para su casa. Tenía 68 años.  Intestado, agregó una complicación más a la familia.

A base de litigios, los hijos lograron  nombrar a su esposa, Eulalia Vázquez, como albacea para seguir la batalla por el terreno donde se asentó la infraestructura de Iberdrola con una inversión de 300 millones de dólares.

A través de este parque eólico, la firma española cubre una parte importante de las necesidades energéticas de Grupo Modelo, uno de los más importantes fabricantes de cerveza de todo el mundo, al cual se le permite reducir sus emisiones de CO2 en alrededor de 365,000 toneladas al año, equivalentes a retirar de circulación más de 90,000 vehículos de combustión interna al año.

Pero la mejoría de la cervecera ha costado mucho a los Vázquez y a la población de Cañada de Morelos. Los siete hermanos tenían la esperanza de poder construir sus hogares en las dos hectáreas que les había repartido el padre en viva voz.

“Ninguno de nosotros tiene casa, todos rentamos”, cuenta Felipe Vázquez.

Bernardo Vázquez, quien emigró a Georgia para apoyar a la familia, ya tenía ahorros para cumplir con su sueño de construir en su lugar de origen, sin embargo, conforme pasa el tiempo, comienza a dudar de su plan de fincar en México porque los aerogeneradores provocan tanto ruido que no se podría vivir ahí.

Algunos pobladores que se encuentran en terrenos aledaños describen la situación del ruido como “insoportable”.

El movimiento en contra de la contaminación auditiva que generan los aerogeneradores o  “gigantes del viento” (como los llaman en algunos lugares por sus 200 metros de altura) no es un asunto exclusivo de México, sino un debate mundial en las pequeñas poblaciones, generalmente de campesinos como Los Vázquez.

En Alemania, los pobladores rurales adoraban la energía limpia hasta que se enfrentaron con el ruido. En España, tierra de Iberdrola, existen movimientos sociales de oposición muy fuerte a proyectos de este tipo como la Plataforma de Defensa de la Cordillera Cantábrica.

La cornisa cantábrica es una de las zonas más favorables a la energía eólica, pero había sido muy protegida a estos proyectos la vulnerabilidad de su suelo y sus entornos naturales, pero en los últimos tiempos se han instalado en zonas protegidas como el Parque Natural de Somiedo

En busca de justicia

Desde que los Vázquez quieren recuperar su terreno, han contratado a tres abogados.  Al principio, cada uno de ellos tomó el caso con entusiasmo, recuerda Felipe, pero, con el paso del tiempo y después de cobrar alrededor dinero por adelantado, dejaron de responder el teléfono.

“Uno de ellos me dijo que no quería problemas en su vida”, comenta. “En los ministerios públicos tampoco nos han querido levantar la denuncia y por eso empezamos a sospechar que la empresa tiene comprada o intimidada a mucha gente en el municipio y en el estado porque hay mucho dinero de por medio”.

“Lo que argumenta Iberdrola es que compraron el terreno a otra persona”, destaca Bernardo Vázquez.

Hasta el cierre de esta edición periodística, Impremedia intentó, sin éxito, entrevistar a algún vocero de la empresa. Se envió mensajes y se hicieron llamadas telefónicas a la secretaria Karla Isabel Pérez; al representante legal, Julio Gámez, y al enlace de prensa mx.comunicacioncorporativa@iberdrola.com.

El caso de los Vázquez se suma a otros problemas presuntamente generados por Iberdrola. Ante la impotencia por la inacción del sistema de justicia, un grupo de pobladores de otro parque eólico (Pier II, en la frontera con Veracruz) retuvieron en marzo del año pasado a seis elementos de la Policía Auxiliar y dos administrativos españoles de la firma.

Vecinos de Macualtzingo, Acultzingo, arribaron al parque eólico ubicado en esta demarcación para exigir a la empresa un supuesto pago pendiente por la apertura de un camino vecinal que cruza por los ejidos, pero los ánimos se calentaron y casi llegan a los balazos, según documentó la prensa local.

En Cañada de Morelos, la situación no ha llegado a niveles de violencia, pero existen muchas inconformidades similares a la de los Vázquez porque el pago anual de la renta por metro cuadrado es de alrededor de tres pesos. “Eso también es miserable”, coinciden los Vázquez.

Para escalar la lucha por su terreno de dos hectáreas, (pequeño, pero es su único patrimonio), Felipe Vázquez llevó un escrito a la oficina de atención ciudadana de la Presidencia de la República, donde los han orientado sobre algunas acciones legales a seguir.

“Dijeron que en dos semanas deberíamos tener algún tipo de respuesta y si no, que regresáramos”, recordó Felipe. “El tiempo ya se cumplió y quisiera regresar porque en la familia creemos que, si el tema llega a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos posibilidades de justicia”.

El mandatario mexicano ha sido un duro crítico de la opacidad con que se entregaron los contratos de energía renovable después de la reforma de la industria eléctrica que impulsó en su momento su predecesor, Felipe Calderón (2006-2012), por la que han sido afectados muchos campesinos cuyos terrenos han sido ocupados para la generación de energía eólica.

Para revertirla, López Obrador empujó otra reforma eléctrica. “Las empresas extranjeras veían a México como tierra de conquista y saquearon a México. Iberdrola se llevó a trabajar a una ex secretaria de Energía del gobierno federal (Georgina Kessel) y se llevó de consejero de la empresa al expresidente Calderón. Una vergüenza”, dijo en una conferencia de prensa.

“Se apostó a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para que no generara energía y que toda la energía eléctrica la vendieran las plantas particulares, nacionales, y extranjeras sobre todo, y en especial españolas”.

En oposición a la reforma se han amparado alrededor de 30 parques eólicos. A la cabeza  xe éstos, Iberdrola y su socio poblano, Gilberto Marín Quintero, presidente del Grupo Alquimara y propietario de Impulsora Latinoamericana de Energía Renovable.

“Esperamos que esto llegue a un buen fin y si no, lo vamos a resolver los tribunales, la Suprema Corte y si no, el T-MEC y los acuerdos internacionales”, dijo Marín.

Los intereses de los Vázquez son más modestos: quieren que les devuelvan el terreno para poder seguir cosechando maíz y  frijol o, en el peor de los casos, quieren que al menos se le pague una renta mensual a su madre, Luisa Velázquez que vive de la crianza de pollos y de borregos o de la caridad de los hijos desde que se quedó viuda prematuramente por una bala perdida de las organizaciones criminales.

Vieja Polémica

Iberdrola argumentó en un comunicado oficial que, “como parte del compromiso de responsabilidad social” que tiene la compañía con las comunidades en las cuales tiene presencia, rehabilitó caminos, centros educativos e instalaciones deportivas y “rescató”  a más de 121,500 ejemplares de 40 especies de flora y más de 200 individuos de 21 especies de fauna en Pier IV.

Además, detalló, se reforestaron 143 hectáreas en el lugar. Felipe Vázquez no coincide con ese optimismo. Dijo que, incluso en su terreno tiraron muchos árboles y fue su familia la que tuvo que reforestar.

Los pobladores afectados por este proyecto eólico no entienden por qué se construyó el parque a pesar de que no hubo consulta a la población como marcan las leyes internacionales, una queja que también tuvieron otros proyectos en Oaxaca, donde sólo uno de los 28 parques eólicos instalados en el estado, se consultó a la población.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales había determinado que  la transnacional Iberdrola sí estaba causando daño por la instalación del “Parque Eólico Industrial de Energía Renovable PIER IV SA de CV” a la fauna y flora endémica en las comunidades de bosques de pino, encino y táscate, de producción maderable y zona agrícola.

La institución también evidenció que la construcción del proyecto generó una erosión antrópica, principalmente a la agricultura mientras que el cambio de uso de suelo a los casi  4,500 hectáreas “derivó” en una pérdida significativa de su riqueza forestal original, reduciendo los ecosistemas naturales a menos de 26%.

Un año después del inicio de la construcción del parque, en 2018, algunos campesinos anunciaron que interpondrán un amparo contra del “proyecto de muerte”, para obligar a las autoridades y a la trasnacional a efectuar una consulta a las comunidades afectadas por el parque eólico previa.

Según el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo (en su artículo 69) que suscribió México, las comunidades afectadas por cualquier proyecto deben aprobarlo a través de una consulta libre e informada. Pero ésta nunca ocurrió y ha habido muchos “daños” denunciados,

“Al ejido no se le ha pagado nada por los daños ecológicos, sólo por el uso común del cerro”, dijo  Gustavo Rosas, del Colectivo Hermanos Serdán, asociación civil que da acompañamiento a la comunidad en la defensa de sus derechos.

El bajo pago por el arrendamiento ha sido otra de las inconformidades de quienes lo reciben: tres pesos anuales por uso de metro cuadrado de tierra a los campesinos.

“Eso es lo mejor que ofrecen, cuando no se quedan con tu terreno por la fuerza”,  lamenta Bernardo Vazquez, desde Georgia. “Pero no nos vamos a dejar y creo que ahora sí tenemos a los abogados adecuados porque van a cobrar sólo un porcentaje de lo que nos dé la empresa si ganamos el caso, como se hace en EEUU”.

Por lo pronto, Iberdrola ya anunció la pronta conclusión del tercer parque poblano de energía fotovoltaica en el municipio de Cuyuaco, cuya inversión asciende a 235 millones de dólares.

El gobernador Miguel Barbosa y los empresarios se reunieron en octubre de 2019 para hablar del proyecto que desde el 2016 buscaba concretar Iberdrola en Puebla para generar 300 megawatts en 755 hectáreas de terrenos agrícolas en los municipios de Cuyoaco y Ocotepec para instalar las celdas solares.

El presidente ejecutivo de Iberdrola-México,  Enrique Alba informó el año pasado que se analiza la construcción en Puebla de dos parques fotovoltaicos más que se suman a otros proyectos fotovoltaicos en Hermosillo, de 105 megawatts (MW), en el estado de Sonora; y la de Santiago, de 170 megawatts (MW), en San Luís Potosí. Más los de Oaxaca, donde aún persisten inconformidades.

Y los Vázquez.

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