Sandra Castañeda: De la prisión al centro de detención de ICE

Después de haber pasado 17 años en un par de prisiones estatales de California, lo que Sandra Castañeda más deseaba tras cumplir su condena, era abrazar a su madre y a sus hermanas en Los Ángeles, la ciudad donde creció. 

Sin embargo, al cruzar la puerta de la prisión para mujeres de Chino, California, los agentes de migración la aguardaban sigilosamente para detenerla y llevarla bajo custodia con la intención de preparar su deportación a México.

“No pensé que estarían ahí afuera esperándome. Aunque sabía que tenía un hold de migración (una orden para ser retenida y entregada al Servicio de Migración y Aduanas), mi condena había sido revertida y eso me hizo pensar que a las autoridades de migración ya no les interesaba”, dijo en una entrevista telefónica con La Opinión.

Sandra dice que inmediatamente después de su detención, el ICE la mantuvo por casi un día bajo resguardo en unas celdas muy frías en Los Ángeles y luego la trasladaron a un centro de detención del ICE en Lumpkin, Georgia.

La detención ocurrió el 27 de julio y el 28 de julio la llevaron a Georgia, donde permanece recluida.

“Debido a que mi condena fue anulada, yo no iba a ir a ningún programa de reinserción a la sociedad después de salir de la prisión sino directo a la casa de mis hermanas y mi mamá. Así que toda mi familia me estaba esperando”.

Sandra nació en la ciudad fronteriza de Mexicali en el norte de México, pero a los 9 años de edad, su familia la trajo a vivir al sur centro de Los Ángeles. “Yo vine a este país como residente legal”.

Pero su vida no fue fácil. Su familia tenía problemas de estabilidad en la vivienda y le tocó andar de un lugar a otro, durmiendo en sillones sin el apoyo y orientación de adultos.

A los 12 años se involucró en las pandillas, donde se sentía que era parte de una comunidad.

Nunca tuvo problemas hasta que llegó a los 20 años y sin querer, se involucró en un lío que cambió su vida para siempre.  

“Una noche me pidieron unos amigos que los llevara en el carro por comida. Algunos eran parte de una pandilla y otros no. Yo manejaba y cuando los que eran pandilleros miraron desde el carro a los miembros de una pandilla rival, sacaron sus armas y abrieron fuego contra dos muchachos. A uno de ellos lo hirieron y al otro lo mataron”.

A pesar de no haber tocado un arma, fue condenada por asesinato en segundo grado e intento de asesinato, y sentenciada a 40 años y más de prisión.

En prisión, trató de dar un giro a su vida, estudió artes liberales y lenguaje de señas, y trabajó en la construcción.

Además se unió y dirigió grupos de autoayuda para entender el impacto del crimen en las víctimas, el manejo del coraje y la justicia restaurativa. También fue mentora de otras mujeres encarceladas a través del programa de la Hermana Mayor  (Big Sister) y fue educadora de sus compañeras en el tema de prevención de la violencia sexual en las prisiones.

Al ver su dedicación al trabajo, el secretario del Departamento de Prisiones, (CDCR), Ralph Díaz solicitó a un juez que la resentenciaran.

Al mismo tiempo, Sandra escribió al gobernador Jerry Brown para pedirle clemencia. “No escuché nada de ellos por dos años hasta que ya durante el gobierno de Gavin Newsom vinieron unas personas a entrevistarme en noviembre de 2020 y me concedieron el perdón”.

MIentras tanto, la jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Connie Quiñonez encontró que Sandra no había matado a nadie, pero aún así había sido condenada. La jueza Quiñónez la exoneró de las condenas de asesinato e intento de asesinato, y ordernó su liberación inmediata en julio de 2021.

La Junta de Libertad Condicional determinó además que no representaba un peligro para la sociedad y debía ser puesta en libertad.

“Así fue como me quitaron la sentencia de por vida, y consideraron que yo solo había sido un accesorio para cometer un crimen”.

A pesar de los llamados de su abogado, los líderes y la oficina del Fiscal del condado de Los Ángeles, el ICE rechazó reconocer como válida, la orden del juez de revocación de sus condenas y la mandó arrestar al salir de prisión y la envió al Centro de Detención de Lumpkin en Georgia.

“Me he sentido muy desesperada. El Centro de Detención de Lumpkin en Georgia es horrible y un infierno sobre todo para quienes no hablan inglés. Yo sirvo de intérprete a muchas de mis compañeras. Nada que ver con el trato que nos daban en las prisiones estatales de California”, dice.

La atención médica también es precaria, dice. Ella lleva más de una semana esperando por los medicamentos para controlar su diabetes.

“Quiero regresar a empezar mi vida otra vez. Quiero ayudar a las mujeres detenidas por migración y a que las niñas no caigan en la prisión”.

De hecho, comenta que la esperara un trabajo de tiempo completo en la organización Young Women’s Freedom Center de Los Ángeles.

“Mi vida está en Los Ángeles. Ahí está mi familia. Por eso estoy muy optimista y tengo mucha fe en regresar y que no me deporten”.

Anoop Prasad, abogado del Programa de Derechos de los Inmigrantes del Asian Law Caucus, afirma que la primera audiencia de Sandra es el 21 de septiembre. “Vamos a argumentar que ella no puede ser deportada porque su condena fue anulada”.

Agrega que también presentaron una demanda porque ilegalmente se le negó una fianza en Los Ángeles antes de ser llevada a Georgia.

En la legislatura de Sacramento está por definirse el proyecto de ley AB 937, el Acta VISIÓN, que evitaría que más inmigrantes en prisiones estatales sean detenidos por el ICE al cumplir su sentencia.

Más de 180 organizaciones comunitarias, religiosas y de derechos civiles apoyan la medida que pondría fin a las transferencias al ICE de prisiones y cárceles para que en lugar de eso, quienes cumplen sus condenas, se reúnan con sus seres queridos y reconstruyan sus vidas.

Este viernes hasta la medianoche era la última oportunidad que tenían los legisladores en Sacramento para aprobar una medida en este ciclo legislativo. La autora de la VISION Act, la asambleísta de Los Ángeles, Wendy Carrillo, batallaba en el Senado para obtener los votos.

La medida tiene la fiera oposición de la Asociación de Policías de California, la Asociación de Sheriffs de California y de la Asociación de Jefes de Policía del estado.

Incluso algunos legisladores como el senador demócrata de Orange, Josh Newman quien era coautor de la medida, le retiró su apoyo hace una semana, cuando estaba a punto de ir por un voto al Senado.

“La pregunta en este momento es si realmente el condado de Orange seguirá siendo un motor de progreso o si da un giro de 180 grados y sigue el liderazgo establecido por MAGA-world en Texas”, dijo Carlos Perea, residente del condado de Orange y coordinador de la Red Nacional de Organización de Jornaleros en dicho condado.

“Esta no es una decisión difícil de hacer. Nuestro mensaje para el senador Newman es el siguiente: quiere o no un sistema de justicia penal que trate a todas las personas por igual. Y si no lo hace, hay varios otros estados para elegir que comparten sus valores”.

Si por falta de votos, la medida no es aprobada en el Senado y enviada al gobernador Newsom para su firma, las organizaciones a favor planean empujarla para el siguiente ciclo legislativo que comienza en diciembre.