‘No privaticen los servicios comunitarios del 211’

Yolanda Villaseñor, quien ha trabajado como operadora del servicio 211 del condado de Los Ángeles durante 27 años, dice que disfruta su trabajo sobre todo porque ayuda a otras personas con información que la comunidad necesita.

La línea directa 211, que durante los últimos 40 años ha sido operada por la organización sin fines de lucro 211 LA, con sede en el condado de Los Ángeles, conecta a las personas y familias necesitadas con servicios de salud, vivienda, educación y más.

Todas las personas que necesiten servicios de comida, respuesta a desastres de emergencia o recursos debido a la pandemia por el covid-19 —por mencionar algunos ejemplos— asesores como Villaseñor están listos para dirigirlos a la oficina adecuada para asesoralos.

No obstante, hoy los empleados de éste servicio dicen estar luchando por su empleo ya que existe una posibilidad de que el condado privatice los servicios sociales y empiece a contratar empresas consultoras con fines de lucro en lugar de organizaciones comunitarias.

Esto se debe a que en octubre, el 211 LA recibió la notificación de que, en las propuestas del condado, habían dejado de figurar en el primer lugar para seguir liderando el servicio 211; lo que significa que la organización sin fines de lucro podría dejar de operar en marzo de 2022.

Actualmente 211 LA emplea a más de 140 miembros de la comunidad de Los Ángeles, con una mayoría de personal representada por SEIU Local 721. Se estima que alrededor del 58% de los empleados son latinos.

“Temo perder mi trabajo y mis beneficios. Actualmente soy paciente de cáncer y recientemente terminé mi licencia para estar en casa debido a una cirugía en el cerebro”, dijo Villaseñor. “Necesito mi seguro de salud”, agregó la mujer que teme por su futuro económico. Señaló además, que como sobreviviente de cáncer puede empatizar con las personas que atraviesan situaciones similares y llaman al 211 a pedir ayuda.

“Eso es nuestro trabajo, crear lazos especiales con el que nos llama para poder proveerles el apoyo y recursos para que avancen en la vida”, dijo Villaseñor.

Los trabajadores indican que de igual forma, si la propuesta se lleva a cabo, la comunidad vería desaparecer servicios críticos como la línea directa de la entrega segura para bebés, la línea de denuncia de abuso de ancianos y aquella para reportar incidentes de odio.

Gilda Valdez, portavoz del sindicato SEIU Local 721, dijo que aunque desconocen quién sería la compañía que los
reemplace, les preocupa que que los trabajadores que contraten no sean locales.

“Podrían contratarlos desde Florida por lo que sabemos o desde otro país”, expresó.

“La historia que estas corporaciones nos han mostrado es que tienen un historial horrible específicamente con los trabajadores del gobierno, que toman estas cosas para expandir supuestamente su alcance a la clientela, pero en resumen, no están aquí en nuestra comunidad.

Dio como ejemplo a una empresa que fue contratada por el estado de California por $55 millones para administrar un centro de llamadas del Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) durante los peores momentos de la pandemia del covid-19. Sin embargo, fue bien sabido que millones de trabajadores desempleados tuvieron que quedar en espera durante horas y a menudo sin respuesta.

“¿Se imaginan pidiendo servicios urgentes de la red de seguridad y que su llamada sea ignorada por completo?”, se cuestionó Valdez durante la conferencia de prensa de esta semana.

Recalcó que es inaceptable que el condado de Los Ángeles considere que una empresa externa se encargue de estos servicios.

Añadió que con los servicios otorgados a una corporación privada, no hay garantía de que los trabajos permanezcan en el condado de Los Ángeles o de que el personal que dirige la línea de ayuda entienda los problemas que enfrentan los residentes.

Más partidarios

Armando Olivas, director ejecutivo de Labor Community Services Los Angeles —el brazo sin fines de lucro de la Federación Laboral del condado de Los Ángeles que representa a más de 300 sindicatos y 850,000 miembros— indicó que el condado está aplastando el sueño americano al subcontratar el trabajo del 211 y deberían avergonzarse de hacerlo.

“Estamos con el 211 y SEIU Local 721, y le decimos al condado que no aplaste el Sueño Americano subcontratando trabajos a otra empresa”, dijo Olivas.

Indicó que ellos como representantes de miles de miembros sindicales han recibido mucha ayuda por parte del 211.

“Hay muchas familias que están trabajando y aún no pueden pagar un galón de gasolina, un galón de leche, medicamentos o cuidado infantil para sus hijos. Y dependemos del 211 para ayudarnos y guiarlos”, dijo el director.

“Dependemos de los servicios comunitarios laborales a diario para ayudar a las familias desempleadas y subempleadas a las que servimos”.

La Opinión intentó obtener una reacción de la supervisora Hilda Solís, presidenta de la junta directiva de supervisores del condado de Los Ángeles y representante del primer distrito, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.