California no debe imitar a texas
El Estado Dorado debe buscar mejores estrategias para luchar contra la tenencia de armas fantasma
Las armas fantasma se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades. / archivo. Crédito: Getty Images
La ley antiaborto Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization aprobada por la legislatura de Texas y rubricada por su gobernador prohíbe los abortos cuando los médicos puedan detectar actividad cardíaca fetal, alrededor de la sexta semana de embarazo.
La Corte Suprema se negó a suspender su entrada en vigor, que ocurrió el 1 de septiembre. Faltan quizás meses hasta que se dicte un veredicto final al respecto.
La ley es dracónica. Seis semanas de embarazo no significan que una mujer tenga seis semanas para tomar una decisión. Una prueba positiva no marca el primer día de un embarazo. Más bien, la edad gestacional se mide por el primer día del último periodo.
La ley no da tiempo para tomar la decisión, y pone fuera de servicio a los proveedores de servicios de aborto. Prohibirá al menos el 85% de los abortos operados en Texas, unos 47,000 por año.
Además, demanda al menos dos visitas a una clínica de abortos, esperando al menos 24 horas entre éstas. Ordena ecografías y que la mujer reciba material de asesoramiento antiaborto.
Pero lo más indignante es que la legislatura en Austin, para eludir la supervisión de las cortes federales, eximió a las autoridades del estado de la aplicación de la ley.
En cambio, promueve un ejército de delatores y soplones, que hagan la labor de caza de abortos por su extremismo ideológico, por codicia, por venganza o por las tres cosas juntas.
Cualquiera puede demandar a los proveedores de servicios de aborto que incumplan la ley. También a cualquiera que “ayude o instigue” a una mujer o a una niña a someterse al procedimiento.
La persona que interponga la demanda no tiene que tener relación con la persona que aborta y tiene derecho a recibir al menos $10,000 por daños y perjuicios si gana en los tribunales.
En Texas, las mujeres han sido despojadas de su derecho constitucional y el tribunal no las ha defendido.
Los demócratas pusieron con razón el grito en el cielo. Con razón, ven en esa legislación un burdo intento de circunvalar los balances que garantiza la Constitución.
Pero ahora, el gobernador de California Gavin Newsom se propone usar la ley antiaborto de Texas como modelo para una medida de control de armas que use el mismo sistema de delatores y soplones.
Su proyecto de ley, que está trabajando de común acuerdo con el Fiscal General Rob Bonta, habilitará a cualquier ciudadano privado demandar a los fabricantes y comerciantes de armas de asalto o las llamadas armas fantasma, a las cuales se les borran los números de serie que identifican su procedencia.
Al igual que en Texas, estos ciudadanos privados podrán reclamar daños y perjuicios de $10,000 por cada violación, más costos y honorarios de abogados.
La idea es buena. El propósito de Newsom es loable. Pero la idea no parece pensada en la práctica. Y si así fuera, California también crearía su propio ejército de delatores y soplones privados.
Si la ley de Texas es anticonstitucional, lo es también la propuesta de California.
La razón la formuló correctamente el presidente de la Corte Suprema John Roberts, al advertir que “si las legislaturas estatales pueden anular los fallos de los tribunales federales y destruir los derechos adquiridos en virtud de esas sentencias, la propia Constitución se convierte en una solemne burla”.
Y si bien debemos buscar cómo limitar al máximo la tenencia de armas de fuego automáticas en manos de cualquiera, la idea nos pone en un entredicho. La esperanza de poder influir en algún juez de la Suprema con una amenaza contra la tenencia de armas es irreal.
En la lucha contra la ley de Texas se debe enfatizar que niega un derecho constitucional de las mujeres, pone en ridículo a la Constitución y a los tribunales. Ya llegará el momento para avanzar en la legislación sobre armas de fuego. Paciencia.
