‘El programa de permisos para ambulantes es inclusivo’

Carmen García ha sido vendedora ambulante de frutas los últimos cuatro años y cuenta con los permisos necesarios para ofrecer sus productos en la ciudad de Santa Mónica.

Cada mes ella y su esposo deben asegurarse de tener $750 para pagar la renta de “la comisaría”, el lugar donde guardan sus cinco carritos de frutas. Además, procuran tener suficiente dinero para comprar insumos, pagar permisos, gas, el sueldo de dos empleados y sus gastos personales.

No obstante, a pesar del esfuerzo que realizan para sacar el sustento diario, García y su esposo dicen haber enfrentado hace poco varias situaciones caóticas con las autoridades de la ciudad.

“Me han multado por supuestamente vender en el lugar que no debía, por tener las ventanas polarizadas…A mi esposo lo multaron porque según su camioneta llevaba mucho peso”, dijo García. “Ellos [autoridades] acabaron con los vendedores que no tenían permisos y ahora vienen con nosotros”.

Hace dos semanas García fue arrestada y llevada a la cárcel por varias horas. Salió bajo fianza y ahora se enfrenta a tres cargos que le imputaron, que inclluyen resistirse al arresto y atacar a un agente de la policía.

Indica que esto sucedió luego de que se negara a que le inspeccionaran su carrito de fruta, que en ese momento estaba completamente cerrado. Un video muestra cómo los agentes lo abren y empiezan a tirar la fruta en bolsas negras.

“Me siento frustrada porque en cuestión de segundos uno reacciona y [estás en una situación de] dejarse pisotear o luchar”, dijo la vendedora.

A pesar de que los vendedores de frutas han estado en la ciudad por muchos años, desde hace poco se pueden ver más vendedores sin permisos que ofrecen desde aguas frescas y chicharrones hasta paletas y hot dogs.

Sergio Jiménez, organizador con Community Power Collective, dijo que en promedio se pueden ver hasta 40 vendedores en y alrededor del muelle de Santa Mónica.

Indica que comenzaron a llegar durante los peores días de la pandemia cuando los negocios estaban cerrados y se recomendaba que la gente que iba a salir lo hiciera a lugares al aire libre. “La necesidad y el ambiente logró que se convirtieran en algo más grande”, expresó.

Añadió que los dueños de negocios se han quejado de que los vendedores ambulantes impiden la entrada a sus establecimientos o que no respetan la distancia designada de ubicarse a al menos 25 pies.

El problema actual, según Jiménez, es que la ciudad de Santa Mónica continúa haciendo cumplir la ley sin proveer educación adecuada a los vendedores.

“Santa Mónica sí tiene permisos para vendedores pero solo para los que no venden comida”, indicó. “Si ven a alguien vendiendo hot dogs los animan a que obtengan un permiso que no pueden”.

El organizador dijo que los vendedores no se van a ir de Santa Mónica y que es mejor si la ciudad trabaja con ellos para llegar a un común acuerdo. “El hambre es más canija que el [cumplimiento de la ley] y ellos van a seguir organizándose”, dijo.

Apoyo a los vendedores

La ciudad de Santa Mónica se enorgullece en decir que por más de 30 años ha apoyado a los vendedores ambulantes incluyendo los que trabajan en el muelle, en camiones y en los mercados al aire libre (Farmers Maket).

“En 2019, fuimos una de las primeras ciudades de la región en crear un programa de permisos para vendedores ambulantes… Es inclusivo y accesible con tarifas muy bajas y decidimos no imponer estos requisitos de seguro para que los vendedores pudieran obtener los permisos”, explicó Anuj Gupta, supervisor de la ciudad de Santa Mónica.

Indicó que otorgaron más de 100 permisos a vendedores ambulantes para que trabajaran en la ciudad.
Sin embargo, putualiza, que desde el principio se dejó claro que no estaba permitido vender en o cerca del muelle por razones de seguridad pública.

“El muelle, como sabrán, está hecho de madera, tiene más de 100 años [de antigüedad] y no tiene un gran sistema de rociadores en la parte superior por lo que es inflamable y no podemos tener muchos de los tanques de propano no regulados y otros combustibles que utilizan los vendedores no autorizados”, dijo Gupta. “Y eso estaba sucediendo a un nivel realmente insostenible y francamente muy peligroso de crear un riesgo real de incendio”.

Agregó que otro problema ha sido el acceso e impactos de seguridad pública y de emergencia en el muelle.

“Por lo tanto, establecimos un grupo de trabajo en todos nuestros departamentos, incluida nuestra aplicación de códigos, nuestro departamento de bomberos y de policía”.

Todo esto con el fin de que los vendedores cumplan con las reglas en pie. Gupta aseguró que por años han asesorado constantemente a los vendedores que están violando las reglas cuando no tienen un permiso y se les dice dónde se les permite estar y qué deben hacer para obtenerlo.

Sin embargo, reconoció que actualmente es muy difícil que los vendedores obtengan un permiso de venta de alimentos otorgado por el Departamento de Salud Pública del Condado.

“Estaremos apoyando los cambios en la ley para reformar el código estatal de alimentos minoristas y hacer que sea más fácil y práctico para los vendedores obtener un permiso de alimentos y un permiso de salud pública para que puedan vender legalmente y de manera segura en Santa Mónica”, dijo Gupta.

Mientras eso sucede vendedores como García dicen vivir con temor pero no pueden dejar de trabajar porque esa es su única fuente de ingresos. “Cuando vienen las temporadas altas nos va bien, pero ahorita apenas si sacamos para el día”, explicó García.

Dijo que si tuviera a los miembros de la ciudad enfrente les diría que los dejen vender tranquilamente a los que tienen permisos y si les molesta que estén en cierto lugar que les asignen uno.

“Porque ahorita nos tenemos que estar moviendo todo el tiempo, si no lo hacemos nos llegan las multas a la casa”, dijo García.

Cynthia Anderson-Barker, asesora legal pro bono de los vendedores ambulantes, dijo que es injusto que les estén dando multas de hasta $1,000 solo por vender en la calle o por cortar fruta en los carritos.

“Queremos que encuentren soluciones para cumplir con el departamento de salud”.

Asesoría legal gratuita para vendedores ambulantes

La abogada Cynthia Anderson-Barker dijo que la clínica legal será este sábado 5 de febrero de 10:00 a.m., a 11:30 a.m., en la iglesia St Augustine By-The-Sea Church localizada en la cuadra 1227 4th StSanta Monica, CA 90401.