Amnistia Internacional pide libertad inmediata para ocho ambientalistas hondureños sometidos a juicio
El Ministerio Público indicó en la audiencia que los acusados formaban parte de un grupo violento que incendió en septiembre de 2018 contenedores de la empresa Inversiones Pinares y una camioneta del encargado de seguridad de la compañía
El juicio contra los ambientalistas entró este viernes en la etapa final. Crédito: Agencia Reforma
Amnistía Internacional (AI) pidió este viernes la liberación inmediata de los ocho defensores del agua presos hace más de dos años por presunta asociación ilícita, robo e incendio agravado por oponerse a un proyecto minero conocido como Guapinol.
“No deben pasar ni un día más en prisión, ya que la evidencia disponible nos ha demostrado que están acusados de delitos que no cometieron. Son víctimas de una detención arbitraria y de una persecución penal infundada, derivada únicamente de sus actividades de defensa de los derechos humanos”, señaló la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
La activista pidió también que el Ministerio Público lleve a cabo una investigación independiente, imparcial y exhaustiva para identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables de violar sus derechos humanos. El juicio contra los ambientalistas entró este viernes en la etapa final.
Tras más de dos meses de audiencias, el Ministerio Público indicó en la audiencia que los acusados formaban parte de un grupo violento que incendió en septiembre de 2018 contenedores de la empresa Inversiones Pinares y una camioneta del encargado de seguridad de la compañía.
Los ocho ambientalistas están presos desde agosto de 2019 y la defensa manifestó que durante el juicio el Ministerio Público “no pudo demostrar que los defensores hayan cometido ningún delito”, por lo que espera que la resolución del tribunal sea una “sentencia absolutoria y dejar atrás los tres años de resoluciones ilegales en el caso Guapinol”.
Edy Tabora, uno de los abogados defensores, dijo que en la vista judicial quedó en evidencia “cómo el Ministerio Público monta casos contra los luchadores sociales en el país”. Agregó que la defensa pudo demostrar “con pruebas fidedignas, confiables, objetivas de lo que es capaz el Ministerio Público, con tal de criminalizar a las personas que luchan por los bienes comunes de la naturaleza”.
El juicio contra los defensores del agua es el “reflejo de una crisis estructural del sistema de justicia en Honduras”, indicó Tabora.
Según la Plataforma Agraria Regional del Valle de Aguán, Colón, el conflicto en Guapinol se originó “por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company)”.
Este proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24,223 a 24,006 hectáreas.
La empresa Inversiones Pinares señaló en diciembre pasado que es falso que las ocho personas estén presas por defender el ambiente y afirmó que lo que buscan es evitar la justicia por los delitos que les acusan: “Realizaron acciones violentas graves, registradas ampliamente en videos y fotos, en contra de trabajadores, dirigentes patronales, habitantes de comunidades de montaña y nuestra empresa”.
