Congresistas avanzan con proyecto para independizar tribunales migratorios y terminar con rezago de 1.6 millones de expedientes

Tres representantes demócratas dieron el primer paso para lograr la independencia de los tribunales migratorios, a fin de que pueda terminarse con el histórico rezago de casos que actualmente suma 1.6 millones de expedientes.

La demócrata Zoe Lofgren (California), presidenta del Subcomité de Inmigración en la Cámara de Representantes lidera la propuesta, la cual es acompañada por sus colegas de partido, Jerrold Nadler (Nueva York), presidente del Comité Judicial, y Hank Johnson (Georgia), presidente del Subcomité de Tribunales, Propiedad Intelectual e Internet.

Con la H.R. 6577 o The Real Courts, Rule of Law Act of 2022 (Las Cortes Reales, Ley de Estado de Derecho de 2022) se busca transformar el sistema judicial de inmigración, para que las cortes ya no dependan del Departamento de Justicia (DOJ).

“El proyecto de ley garantizará que los tribunales de inmigración sean administrados por jueces calificados e imparciales”, afirman los patrocinadores del plan.

Además, las cortes independientes contaría con recursos judiciales y servicios de apoyo adecuados y ejercerían mayor transparencia.

“Nuestro sistema judicial de inmigración nunca será efectivo mientras esté bajo el control del Departamento de Justicia”, dijo Lofgren. “El Congreso debe actuar aprobando la Ley de Tribunales Reales… Esta revisión estructural fortalecerá el debido proceso y restaurará la fe en el sistema”.

Para el representante Nadler esta reforma es una prioridad, a fin de terminar con la “injerencia demócrata y republicana” en el sistema migratorio.

“Nuestro país necesita un sistema judicial de inmigración que pueda dictar decisiones justas de acuerdo con la ley, no uno que esté sujeto a caprichos políticos”, consideró.

El representante Johnson destacó que la modificación de los tribunales podría terminar con el rezado de 1.6 millones de expedientes, además de asegurar los procesos judiciales para no ciudadanos.

“Nuestro retraso migratorio actual se acerca a 1.6 millones de casos y carece de garantías procesales y estructurales para proteger a los seres humanos que forman parte de estos casos”, dijo. “Este proyecto de ley garantizará la imparcialidad y la transparencia cuando se trate de estas decisiones de vida o muerte”.

Un reciente reporte de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) en la Universidad de Syracuse, encontró por ejemplo que a diciembre de 2021 más de 72,000 casos relacionados con familias solicitantes de asilo habían sido asignados a la iniciativa “Expediente Dedicado” (DD) y la mayoría de esas personas no tienen representación legal.

“Los casos del Expediente Dedicado constituyeron casi uno de cada cinco (18%) de todos los nuevos Avisos de Comparecencia (NTA) presentados ante el Tribunal durante este período”, se indicó.

Celebran proyecto

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) celebró la presentación del proyecto de ley, el cual deberá ser aprobado en los respectivos comités, luego en el pleno y después enviado al Senado.

“Si se aprueba, los jueces de inmigración de la nación serían destituidos del Departamento de Justicia, a donde no pertenecen y pasarían a formar parte de un tribunal de inmigración independiente del Artículo I”, destacó la jueza Mimi Tsankov, presidenta de la NAIJ.

Agregó que esta propuesta es un paso “importante” para lograr el debido proceso para los inmigrantes, ya que se garantizaría mayor independencia judicial, además de eliminar “una estructura burocrática inflada”.

“Los tribunales de inmigración se están ahogando bajo el peso de prioridades cambiantes y motivadas políticamente”, reconoció. “Con esta nueva estructura, inspirada en otros tribunales federales, las audiencias de inmigración serán más justas y eficientes, libres de las presiones políticas”.

También la Barra Estadounidense de Abogados (ABA, en inglés) destacó la propuesta, al considerar que los jueces tomarían decisiones “sin presiones externas”, destacó Reginald Turner, presidenta del grupo.

Jeremy McKinney, presidente electo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), dijo que el proyecto de ley ayudará a que los inmigrantes tengan “un día justo” ante jueces.

“Independientemente de su administración o partido político, los fiscales generales pueden abusar del poder extraordinario que tienen sobre los tribunales de inmigración y sacrificar el debido proceso por conveniencia”, advirtió.

La Asociación Federal de Abogados (FBA) se sumó a la celebración del proyecto. La presidenta de esa organización, Ahn Le Kremer, consideró esto ayudará a garantizar “el debido proceso” para los inmigrantes.