Inquilinos piden se establezcan las medidas de ordenanza anti-acoso para que puedan contratar a un abogado que los defienda contra el desalojo

El miércoles un grupo de inquilinos del Sur Centro de Los Ángeles denunciaron públicamente el acoso verbal y físico que han sufrido por parte de su arrendador desde hace varios años. Los inquilinos dijeron en conferencia de prensa que estas incluyen amenazas de deportación y de muerte.

La casa localizada en el 609 E. Adams Blvd en Los Ángeles tiene dos pisos y esta divida en tres unidades—una de las cuales fue construida ilegalmente—más un pequeño estudio en la parte de atrás.

Adilene Marín vive en una de las unidades con sus padres, dos hermanos, una cuñada y sus dos sobrinas y pagaban $1,250 de renta.

Marín dijo que han vivido en ese lugar por 28 años y todo estaba bien hasta que llegó el supuesto nuevo dueño a darles una carta de notificación falsa para desalojarlos de su propiedad.

Añadió que el dueño, identificado como Juan Paulo González, constantemente llega a la casa a tocarles la puerta, a decirles groserías y en ocasiones hasta ha mandado pandilleros para que los amenacen.

La inquilina aseguró que han llamado a la policía varias veces para delatar el acoso que reciben del dueño.

“Mis papás están traumados porque les gritan cosas y se preocupan. Tanto que mi papá tuvo un parálisis facial”, dijo Marín.

Carmen Aragón es otra inquilina que ha vivido más de 25 años en la casa. Ella dijo que cuando la dueña anterior, identificada como Maria Saucedo y tía de González, estaba a cargo todo estaba bien. El esposo de Aragón fungía como el manager de la casa, colectaba la renta, limpiaba el patio y se encargaba del mantenimiento de la casa.

“Después llegó el nuevo dueño y le dijo a mi esposo que se tiene que salir o le va a echar a la policía”, dijo Aragón.

Desde entonces los problemas no han parado. Ella dijo que en una ocasión les cortaron la luz por varios días porque pese a que los inquilinos pagaban su renta—la cual incluía las facturas de la casa—el dueño no la había pagado y cuando llamaron la compañía les dijo que debían $5,000.

Justa Miranda, de 60 años, dijo que ha vivido en el estudio de atrás de la casa por más de 25 años. Indicó que que su esposo falleció en el 2017 y dejó una camioneta la cual ella no sabe manejar.

Dijo que Gonzalez la acosaba constantemente pidiéndole que la sacara de la propiedad. Después le dijeron que le iban a aumentar la renta por $200 si decidía quedarse en la propiedad. Ella actualmente paga $973.44 de renta.

“Él siempre dice, ‘no quiero a ninguno de ustedes aquí, quiero que se salgan todos’”, dijo Miranda.

Inquilinos contra los dueños

En respuesta a las acusaciones, González dijo que él no conoce a los inquilinos ya que cuando su tía le vendió la casa ellos ya estaban viviendo ahí. Aseveró que han sido los inquilinos quienes han hecho arreglos y añadiduras ilegales a la casa.

Incluso dijo que estas adiciones ilegales son para que ellos mismos renten la casa a más personas.

Aseveró que su tía solía vivir en una de las unidades y los inquilinos la echaron al punto que tuvo que vivir en el patio de la casa. Actualmente está viviendo con un familiar.

“Nadie ha amenazado a nadie, ni nadie les ha echado a inmigración”, dijo González asegurando que todos los inquilinos se han unido para ponerse en su contra. “Me han golpeado, me han escupido y me han afectado mental y psicológicamente”.

González dijo que la mejor solución es que todos los inquilinos de la propiedad 609 E. Adams se salgan para que él pueda hacer los arreglos necesarios que ellos han cambiado con los años.

“Hay muchos arreglos fuera de códigos que yo ni conozco, necesito arreglar todo eso”, indicó aseverando que él tiene pruebas de todo lo que dice y no teme que los inquilinos quieran acusarlo con las autoridades.

Buscan representación legal

Los inquilinos pidieron al ayuntamiento de Los Ángeles que refuercen las medidas de la ordenanza anti-acoso a los inquilinos aprobada en el 2021.

Ellos dijeron que pese a que la ley fue aprobada no han podido avanzar las acusaciones contra los propietarios, como Gonzalez, debido a que ellos no pueden costear los honorarios de un abogado para que luche por su caso.

La ordenanza aprobada no cuenta con los fondos para hacer cumplir la ley y cubrir los honorarios de los abogados de los inquilinos que prevalecen en los tribunales. Como resultado, el acoso a los inquilinos en Los Ángeles continúa sin control y los propietarios siguen saliendo impunes con el abuso, indicaron activistas pro-inquilinos de ACCE-Los Ángeles que apoyaron al grupo de inquilinos en cuestión.

Activistas de la organización pro inquilinos ACCE-Los Ángeles exigió que el ayuntamiento modifique y fortalezca la ley para que pueda proteger de manera efectiva a los inquilinos del abuso.