Propuesta de ley sobre precios de medicamentos beneficiaría a farmacias fuera del estado, no a pacientes en California

Millones de californianos de bajos recursos y sin seguro médico y sus familias dependen en programas gubernamentales para tener acceso a atención médica. Desafortunadamente, durante las últimas décadas, el gobierno federal y los gobiernos estatales han aplicado políticas de salud que, aunque bien intencionadas, se han corrompido, no generan los resultados deseados, o son simplemente equivocadas. Una de estas es el programa federal 340B sobre precios de medicamentos, el cual no ha producido resultados para muchas comunidades vulnerables en California.

El congreso promulgó el programa de descuentos 340B en 1992 para hacer las prescripciones de medicamentos más económicas y accesibles para comunidades vulnerables y de bajos recursos. Bajo este programa, hospitales que dan tratamiento a un número predeterminado de pacientes vulnerables reciben descuentos significativos en el costo de los medicamentos por parte de los productores farmacéuticos. Por su parte, los hospitales deberían transferir estos ahorros a sus pacientes.

En los años desde que el Congreso creó el programa 340B, se ha observado una expansión descontrolada e insostenible del mismo. El programa 340B se ha convertido en el segundo programa más grande del país en cuanto a gastos en medicamentos, solamente superado por el Programa de Beneficios de Medicamentos de Medicare. Un factor importante que explica esta expansión incesante es la habilidad de instituciones de contratar farmacias para dispensar medicamentos. En California, los hospitales que califican para descuentos bajo el programa 340B actualmente tienen relaciones con más de 3,200 farmacias; más de 1,100 están fuera de California. Algunos hospitales locales envían ahorros del programa 340B a farmacias en Maine y Puerto Rico.

Además de esta transferencia interestatal, también existe el problema de la distribución inequitativa dentro de los estados. En un estudio publicado en el Journal of American Medical Association, un grupo de investigadores concluyeron que “el crecimiento en la contratación de farmacias se ha concentrado en vecindarios afluentes y con población predominantemente blanca, mientras que la proporción de farmacias bajo el programa 340B en áreas con desventajas socioeconómicas y principalmente pobladas por poblaciones negras e hispanas ha disminuido”. Este hallazgo ha sido corroborado por datos de la UCLA, que tiene 127 farmacias bajo contrato fuera del estado, pero ninguna sola farmacia en Watts District en los Ángeles o en la ciudad de Compton.

Quizá podríamos ignorar la expansión del programa 340B si su crecimiento significa que más pacientes pueden obtener beneficios directos de la industria biofarmacéutica. Desafortunadamente, mientras que los hospitales locales y las grandes cadenas de farmacias están gozando mayores ingresos debido al programa 340B, sabemos que más pacientes continúan pagando altos costos, con algunos incluso pagando más de tres veces lo que pagan los hospitales y otros pagando el precio completo por el producto.

Para enmendar este flagrante abuso del programa 340B por parte de ciertas instituciones, las autoridades federales y estatales deberían promover legislación que establezca mayor transparencia sobre el movimiento de ganancias y descuentos.

Es esencial que nos aseguremos de que los pacientes se beneficien directamente por estas concesiones. Es por ello que la legislatura de California actualmente está considerando la propuesta de ley 939 (SB 939), la cual reformaría el programa 340B. Desafortunadamente, en la forma en que se encuentra escrita, esta propuesta de ley no establece la transparencia adecuada para garantizar que pacientes – y no las farmacias – se beneficien de este programa. Además, esta iniciativa podría codificar ciertas prácticas comerciales que han permitido a los hospitales enviar ahorros fuera de California mediante las farmacias contratadas a costa de los pacientes.

Programas como el 340B sobre precios de medicamentos que mejoran la accesibilidad de la atención médica son fundamentales para los pacientes, particularmente aquellos pacientes vulnerables con bajos ingresos y sin seguro médico.  No obstante, sin políticas públicas que hagan frente a la falta de transparencia y rendición de cuentas, no tendremos los mecanismos para asegurar que estas políticas realmente ayuden a quienes fueron diseñadas para ayudar.

(*) Robert Popovian es director de políticas científicas de Global Healthy Living Foundation.