Miles de inquilinos piden se extiendan protecciones permanentes para evitar el desalojo

Pese a que miles de inquilinos aún están a la espera de una respuesta a su solicitud de alivio para pagar sus rentas atrasadas, el 30 de junio terminarán las protecciones contra los desalojos de familias que han aplicado para el programa de asistencia de alquiler de emergencia de California (ERAP).

Es por eso que a dos días de que se venza la fecha límite de las protecciones que evitan los desalojos, hicieron un llamado urgente a los líderes electos del estado para que aprueben protecciones permanentes que frenen la creciente crisis de vivienda que impacta a las comunidades de color y a los trabajadores pobres.

“Hasta el 23 de junio, había casi 86,000 inquilinos que todavía esperaban que sus solicitudes fueran revisadas, 30,000 nuevas aplicaciones y 60,000 que después de recibir asistencia, requerían ayuda adicional”, dijo Sara Treuhaft, vicepresidenta de investigación del Instituto Policylink, enfocado en la equidad social y económica.

“Es poco probable que se alcancen a revisar todas las solicitudes para el 30 de junio cuando las protecciones terminan, lo que significa que la gente seguirá esperando en la línea, y serán desalojados o expuestos al desalojo”.

Dijo que algunos de los inquilinos han aplicado por la ayuda estatal para pagar la renta de abril, mayo y junio, pero el Departamento de Vivienda decidió no cubrir la renta después de marzo.

“La espera por la ayuda, típicamente de 4 meses, es muy estresante para las familias mientras tratan de manejar sus finanzas”.

Hizo ver que la segunda tendencia observada en el seguimiento que han dado a la asistencia para la renta de California, es la constante negativa a las solicitudes de ayuda. 

“A casi 160,000 inquilinos se les ha negado asistencia, cuando 93% cumplen con los requisitos de ingresos para el programa. Así que el rechazo es una preocupación, y eso es parte de una demanda que hemos entablado”, dijo Treuhaft.

A principios de junio, las organizaciones comunitarias, Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) Action, Strategic Actions for a Just Economy (SAJE) y PolicyLink, entablaron una demanda contra el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD) por administrar ERAP de una manera opaca, que niega a los solicitantes el debido proceso y daña desproporcionadamente a los inquilinos por motivos de raza, color y origen nacional.

Una demanda previa entablada en mayo contra HCD establece que el estado falló en proporcionar la cantidad completa de asistencia para la renta, establecida por la ley que creó el ERAP, lo que ha puesto a los inquilinos en riesgo de desalojo y desamparo.

Patricia Mendoza, una madre soltera de dos hijos, inquilina en Imperial Beach en el condado de San Diego, fue aprobada para recibir alivio para pagar la renta, pero le dijeron en el condado que el dinero se había acabado.

“La única opción que tengo es mudarme a México, pero tengo miedo porque nunca he vivido allá, y mis niños van aquí a la escuela”, dijo Patricia, quien debe renta desde diciembre del 2021 a mayo de 2022. 

Dijo que ha hecho todo lo posible para no terminar en la calle con sus hijos. “La primera vez que solicité ayuda, se tomó tres meses; la segunda vez, de tres a cuatro meses, pero esta vez ya va para cinco y seis meses. La única cosa que me dicen, es que he sido aprobada, pero que no hay dinero”.

Mientras llega el dinero, ya le llegó una notificación de retención ilícita del inmueble.

 “Mi niño de siete años está asustado. ¿Dónde están las protecciones? ¿Me voy a ir a vivir a la casa de visitas del gobernador? Le pido al gobernador Newsom y a todos los funcionarios electos que nos den protecciones fuertes para siempre”.

Dijo que la razón por la que a muchos inquilinos que les han negado la asistencia para pagar la renta, se debe a que la hicieron a través de alguien que los ayudó en una computadora. 

“Algunos de los inquilinos ni siquiera tenían una computadora o un correo electrónico. Así que creo que debemos mantener las aplicaciones en espera hasta que puedan conectarse con el ERAP nuevamente”.

Francisco Dueñas, director de la organización Housing Now, recordó que aún antes de la pandemia, más de un tercio de los inquilinos pagaban más de la mitad de sus ingresos en renta.

“Sabemos que la crisis de salud ha hecho la inseguridad financiera aún más inestable. Es por eso que definitivamente necesitamos no solo protecciones estatales sino locales. Y a este punto no hay una propuesta a nivel del estado para extender las protecciones o la asistencia para la renta”.

Afirmó que es inconcebible que en tanto los líderes estatales luchan por atender la crisis de personas sin hogar en California, permitan que  los programas y protecciones actuales de prevención de desalojos por covid expiren el 30 de junio, mientras que hay recursos disponibles para mantener a las personas alojadas.

“Los condados como Contra Costa y San Diego informan de aumentos significativos en el número de personas sin hogar. California debe detener los desalojos innecesarios manteniendo la gotera cerrada”.

Sulima Navarrete, inquilina en la ciudad de Richmond, al norte de California, dijo que desde octubre solicitó al estado asistencia para pagar la renta, pero aún no ha recibido respuesta. 

“Desde que comenzó la pandemia, mi esposo, quien es el proveedor en el hogar, perdió su trabajo y empezó a faltar el dinero en la casa y nos atrasamos en la renta”.

Dijo que supieron de la ayuda para pagar la renta, pero tienen desde octubre esperando, lo que ha generado que el propietario de su vivienda de alquiler, se ponga muy difícil.

“Nos ha acosado, se ha burlado de nosotros. Nos mandan papeles constantemente pidiéndonos que desalojemos, que está cansado, que no quiere estar esperando por la ayuda”.

Sulima comentó que es muy frustrante porque no es algo que ellos quisieran.

“La pandemia no le avisó nadie. Yo he tenido que ir de emergencia a la clínica porque me he puesto mal de los nervios. Del estado solo me dicen que espere por la ayuda para la renta”.

Agregó que pese a que su esposo quedó con secuelas del covid, todos los días sale a buscar trabajo.

“El arrendatario no lo entiende. Piensa que estamos de holgazanes y que queremos vivir de gratis. Hemos tratado de irle pagando en abonos, pero no quiere aceptar el dinero, quiere la renta en su totalidad. Y no nos negamos a pagar, pero no podemos juntar el total de la renta”.