Campaña estatal busca terminar con el odio

La campaña promueve dos propuestas de ley en California que abordan cómo prevenir el acoso y odio en lugares públicos

Nuevas legislaciones pretende poner freno a los incidentes y delitos de odio. (Getty Images)
Nuevas legislaciones pretende poner freno a los incidentes y delitos de odio. (Getty Images)
Foto: Andrew Theodorakis / Getty Images

Los crímenes de odio reportados en el 2021 en California han aumentado en un 89.6% en los últimos 10 años.

El reporte anual de “Hate Crimes in California” reveló que los eventos de delitos de odio denunciados aumentaron un 32.6%, de 1,330 en el 2020 a 1,763 en el 2021. Los delitos de eventos antihispanos o latinos aumentaron de 152 en 2020 a 197 en 2021, un aumento del 29.6%.

En un esfuerzo por disminuir estos ataques y eventos desagradables, grupos y legisladores se unen para detener los crímenes de odio en California.

El departamento de justicia de Estados Unidos describe un delito de odio como un delito motivado por prejuicios contra la raza, el color, la religión, el origen nacional, la orientación sexual, el género, la identidad de género o la discapacidad.

Los incidentes de prejuicio u odio son aquellos actos de prejuicio que no implican violencia, amenazas o daños a la propiedad.

En California existe la campaña “No Place for Hate in California” (No hay lugar para el odio en California), la cual promueve dos propuestas de ley que abordan el odio y el acoso en espacios públicos.

La campaña indica que el acoso callejero de cualquier tipo es inaceptable y es un problema generalizado que causa daño no solo al individuo sino a toda la sociedad. Para enfrentar este problema considerado de salud pública los partidarios de la campaña piden una solución de política pública.

Cynthia Choi, codirectora ejecutiva de Chinese for Affirmative Action, indicó que mediante sus datos recopilados a través de los años han notado que muchas personas están siendo culpados por situaciones o experiencias.

“Esto es consistente con las experiencias de muchas comunidades de color, incluida la comunidad latina y asiática donde históricamente somos chivos expiatorios y culpados ya sea por una crisis de salud pública, económica o de seguridad nacional”, dijo Choi.

Otro ejemplo es el constante acoso en contra de la comunidad china después que el expresidente Donald Trump identificó al covid-19 como el virus de China culpando a los chinos y asiáticos por la pandemia.

“Eso condujo a todo tipo de discriminación y acoso y, en algunos casos de ataques físicos contra nuestra comunidad”, indicó la directora. “Esto sucedió con personas de raza sij o musulmana después del 11 de septiembre y es un patrón en este país”.

Abogando por las propuestas de ley

Choi dijo que están trabajando con la legislatura para que apruebe medidas que se enfoquen en formas de prevenir incidentes y odio.

Indicó que cuando investigaron los datos revelaron que la mayoría de los incidentes son acoso verbal y discriminatorio hacia las personas cuando están en público. En su mayoría son mujeres y otras poblaciones vulnerables.

“Entonces, lo que queríamos hacer era realmente ver quién estaba siendo afectado, dónde estaba sucediendo esto y la naturaleza de esto”, dijo Choi. “Porque cuando las personas van en el transporte público o de compras, para recoger sus medicamentos, para alimentar a sus familias, no deberían ser acosados”.

Una de las medidas que se está debatiendo es la Public Rider Transportation Safety Bill o SB 1161 que requerirá que los 10 operadores de tránsito más grandes de California recopilen investigaciones sobre el acoso callejero de mujeres y otras comunidades vulnerables, y desarrollen iniciativas basadas en datos para ayudar a prevenir el acoso callejero en los sistemas de transporte público.

“Queremos que las agencias de transporte asuman un papel proactivo para garantizar que los pasajeros se sientan seguros, especialmente porque sabemos que las mujeres y otras poblaciones vulnerables están sujetas al acoso a un ritmo mucho mayor”, dijo Choi.  

En Los Ángeles la agencia de transporte Metro ya dio su apoyo a la medida.

La otra medida es la Expanding Civil Rights Protections at Business o AB2448 la cual requiere que el Departamento de Vivienda y Empleo Justos (DFEH) cree un modelo de capacitación para empleados sobre cómo detectar, informar y responder adecuadamente a incidentes de discriminación y acoso contra sus clientes, y un modelo de señalización que notifique a los clientes sobre sus derechos.

La medida pide que el DFEH informe sobre el acoso en las empresas. Adicionalmente pide que se desarrolle y evalúe un programa piloto que reconozca públicamente a las empresas por crear lugares seguros y acogedores a través de un certificado que se puede publicar en el sitio y en línea.

“Este proyecto de ley específicamente es para tratar de que las grandes empresas se involucren más en ayudarnos a comprender e informar y luego también asegurarnos de que las personas afectadas sepan a dónde acudir para obtener ayuda”, recalcó Choi.

Ambas medidas están siendo debatidas en la legislatura y hasta el momento no tienen oposición.

Para conocer más acerca de la campaña y las medidas visite: https://noplaceforhateca.org/.