Jueza de Carolina del Sur falla contra la pena de muerte en la silla eléctrica o por fusilamiento

La jueza Jocelyn Newman dijo que los intentos de Carolina del Sur de usar pelotones de fusilamiento y la silla eléctrica son contrarios a la evolución de los estándares de decencia

Solo tres personas han sido ejecutadas por electrocución en Carolina del Sur desde 1995.

Solo tres personas han sido ejecutadas por electrocución en Carolina del Sur desde 1995. Crédito: California Department of Corrections and Rehabilitation | Getty Images

Una jueza federal de Carolina del Sur dictaminó que los intentos del estado de ejecutar a los presos condenados a la pena de muerte mediante un pelotón de fusilamiento o la silla eléctrica son inconstitucionales.

En una opinión de 39 páginas, la jueza del Tribunal del Quinto Circuito Judicial Jocelyn Newman dijo que Carolina del Sur “retrocedió el reloj y se convirtió en el único estado del país en el que una persona puede ser obligada a sentarse en la silla eléctrica si se niega a elegir cómo morirá”.

“Al hacerlo, la Asamblea General ignoró los avances en la investigación científica y la evolución de los estándares de humanidad y decencia”, escribió Newman, argumentando que ejecutar a los condenados a muerte mediante un pelotón de fusilamiento o una silla eléctrica viola la constitución del estado, que protege contra castigos crueles, corporales e inusuales.

El fallo significa que el estado tiene prohibido ejecutar a los reclusos por esos métodos, pero el gobernador republicano Henry McMaster dijo que planea apelar el caso ante un tribunal superior, según The State.

Carolina del Sur busca ejecutar a varios condenados a muerte, incluido Richard Moore, quien fue condenado en 2001 por el asesinato de un empleado de una tienda de conveniencia.

Moore y otros tres reclusos presentaron un caso en mayo de 2021 para impugnar los métodos de ejecución por fusilamiento y silla eléctrica. Los abogados que representan a los condenados a muerte que demandaron por los métodos de ejecución dijeron el martes que están “muy satisfechos con el resultado” y están revisando la orden judicial.

Carolina del Sur no ha podido llevar a cabo una ejecución durante más de una década porque los funcionarios penitenciarios dicen que no pueden obtener los productos químicos necesarios para llevar a cabo una ejecución por inyección letal.

Para reiniciar las ejecuciones, la legislatura estatal aprobó en 2021 una ley que agregó la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento como métodos de ejecución en caso de que la inyección letal no estuviera disponible.

Varias organizaciones de derechos civiles se pronunciaron en contra de las ejecuciones planeadas, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Carolina del Sur y Carolina del Sur por Alternativas a la Pena de Muerte.

“La inyección letal es el menos severo de los tres castigos autorizados por ley, y el estatuto enmendado revoca efectivamente ese castigo menor”, escribió Newman. “Cuando los demandantes cometieron sus crímenes y recibieron sus sentencias de muerte, el método predeterminado de ejecución fue la inyección letal, que según la Corte Suprema de los Estados Unidos se cree que es el (método de ejecución) más humano disponible”.

El Tribunal del Quinto Circuito escuchó los argumentos en agosto, con expertos que testificaron que los pelotones de fusilamiento y la silla eléctrica no son métodos perfectos y pueden provocar un dolor insoportable para los reclusos cuando se cometen errores. Otros expertos llamados por el estado testificaron que los reclusos perderían el conocimiento relativamente rápido y así evitarían el sufrimiento.

La jueza Newman estuvo de acuerdo con los demandantes en su fallo de esta semana y escribió que en una ejecución en silla eléctrica, un método solo disponible en otros siete estados, los reclusos “continúan moviéndose, respirando e incluso gritando después de administrar la descarga”, mientras usan un pelotón de fusilamiento “constituye tortura” si la munición disparada no incapacita completamente el corazón.

“Debido a que ambos métodos son inconstitucionales, la creación del estatuto del derecho de un recluso a ‘elegir la forma de su ejecución’ se viola, por el hecho de que un recluso no puede elegir entre
dos métodos constitucionales de ejecución”, escribió la jueza.

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