Corte Suprema acepta caso de deportación de inmigrante hispana

El Máximo Tribunal de Estados Unidos escuchará el caso de una inmigrante transgénero originaria de Guatemala cuya suspensión de deportación fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito

La Corte Suprema aceptó un nuevo caso sobre inmigración.

La Corte Suprema aceptó un nuevo caso sobre inmigración. Crédito: Anna Moneymaker | Getty Images

La Corte Suprema escuchará el caso de una inmigrante de origen guatemalteco que busca una suspensión a su orden de deportación, la cual fue rechazada en un caso sobre tortura.

Esto luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito rechazara el intento de Leon Santos-Zacaria, el nombre de pila de la mujer transgénero, de evitar su deportación bajo la Convención contra la Tortura.

“La decisión de aprobar o negar la moción de reabrir o reconsiderar a través de la discreción de la Junta [de Apelaciones de Inmigración]… La Junta tiene la discreción de negar una moción o reabrirla”, indica la petición de la defensa de Santos-Zacaria.

Un juez de inmigración había determinado que la inmigrante no podía establecer la persecución a pesar de que alegó que fue agredida sexualmente en su país a los 12 años por ser homosexual.

La BIA (Junta de Apelaciones de Inmigración) desestimó el reclamo de Santos-Zacaría, aunque reconoció que la agresión sexual estableció una persecución pasada.

El documento judicial indica que se trata de una petición “inusual”, debido a los cuestionamientos que abre, incluida la decisión del tribunal de apelaciones, así como la revisión de la Junta.

Uno de los aspectos que los jueces del máximo tribunal deberán decidir es si el caso agotó el procedimiento administrativo ante la Junta y si ésta podría aplicar una decisión discrecional.

Santos-Zacaria es una mujer transgénero de 34 años que habría sido violada en su país nata, acota el documento.

Debido a la discriminación constante que enfrentó, incluyendo amenazas de muerte, decidió migrar de Guatemala.

“Al llegar a los Estados Unidos buscó la suspensión a la deportación“, indica el documento.

La petición ante el Máximo Tribunal indica que a pesar de que se expuso el caso de violación, el juez migratorio decidió que la migrante no sufrió persecución.

A pesar de que la Junta de Apelaciones reconoció la violación, pero que era un caso “pasado” que ya no constituía un elemento de persecución para justificar la suspensión de la deportación.

“La BIA, en una decisión de un solo miembro, se embarcó en una nueva búsqueda de hechos por su cuenta, concluyendo que Santos-Zacaria no había demostrado que sería perseguida en el futuro”.

La defensa indica que la BIA actuó en forma inadecuada en el proceso administrativo, además de que el Tribunal de Apelaciones tomó una decisión combinada sobre procedimientos, considerando las decisiones de otros tribunales, la mayoría a favor de un caso similar (administrativamente hablando) de Santos-Zacaria, lo que generó un conflicto de interpretación y llevó el problema a la Corte Suprema.

El caso de la inmigrante guatemalteca también señala que el violador fue su vecino, quien amenazó con matarla, luego viajó a EE.UU. en dos ocasiones, de donde fue deportada. En una de esas ocasiones fue a México donde dice que también fue perseguida.

La mujer transgénero también alega que al visitar a su padre también tenía que ocultar su identidad genérica, cortándose el cabello y cambiando su comportamiento.

Decisiones polémicas

La Corte Suprema –dominada por el ala conservadora– ha tomado recientes decisiones polémicas y preocupantes sobre asuntos migratorios, incluso complicando la batalla legal de no ciudadanos ante tribunales menores.

“Las decisiones recientes de SCOTUS perturbaron el futuro de los derechos de los inmigrantes al limitar el poder de los tribunales federales”, advirtieron Rachel Sheridan y Richard Caldarone, abogados litigantes del Centro de Justicia Tahirih.

Los expertos se refieren a las decisiones en junio sobre los casos Garland v. Aleman Gonzalez y Garland v. Patel, con los cuales los jueces del Máximo Tribunal complicaron los procesos para otros inmigrantes en situaciones similares sobre procesos de deportación, peticiones de asilo, libertad bajo fianza o incluso trámites ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

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